Nos enfrentamos a una verdad incómoda: el crimen ha vuelto y busca definir los límites de la opinión y la política. Y frente a eso, como sociedad, no podemos callar. Es necesario rechazar cualquier forma de violencia como mecanismo de control o censura.
Hace una semana, los medios de comunicación nacionales e internacionales registraron un hecho profundamente doloroso: un episodio que creíamos parte del pasado, pero que reaparece como un eco inquietante de la violencia que marcó los capítulos más oscuros de nuestra historia en Colombia.
El atentado contra Miguel Uribe, senador de la República y precandidato presidencial, no es un incidente aislado ni menor: es un golpe directo a la vida, a la familia y a los principios más esenciales de la democracia. Es una advertencia de que aún no hemos cerrado las heridas de una época en la que se intentaba silenciar las ideas con balas y no con argumentos.
Este ataque se inscribe dentro de una preocupante escalada de violencia que vive el país. No se puede analizar sin tener en cuenta los recientes atentados en Cali, el incremento de las amenazas contra líderes sociales y los asesinatos selectivos que siguen ocurriendo en distintas regiones. No se trata solo de estadísticas ni de hechos desconectados: es una tendencia alarmante que evidencia el debilitamiento de las garantías para ejercer la política y la ciudadanía en libertad.
Hace más de tres décadas, Colombia pagó un altísimo precio por permitir que el crimen se infiltrara en la vida pública. Las muertes de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y otros líderes políticos nos dejaron una lección que no debería repetirse: cuando la violencia sustituye el debate y se impone como instrumento de poder, lo que se pierde no es solo una vida, sino la esperanza de todo un país.
En este contexto, el caso de Miguel es un recordatorio de eso. Su madre, Diana Turbay, periodista y directora de la revista Hoy por Hoy, fue asesinada en 1991 en un intento de rescate tras su secuestro por el narcotráfico. Treinta y cuatro años después, la violencia vuelve a tocar a la misma familia.
Este patrón de intimidación y agresión no puede normalizarse ni tolerarse bajo ninguna circunstancia. Cuando se atenta contra un líder, sin importar su ideología, se afecta la integridad del sistema democrático, se debilita la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y se acaba la posibilidad de construir un país en paz. Por eso, pensar diferente no puede ser una amenaza.
Nos enfrentamos a una verdad incómoda: el crimen ha vuelto y busca definir los límites de la opinión y la política. Y frente a eso, como sociedad, no podemos callar. Es necesario rechazar cualquier forma de violencia como mecanismo de control o censura.
Esta fecha no puede pasar inadvertida, ni puede ser una más en el calendario. Debe convertirse en una señal de alarma y de conciencia colectiva. Necesitamos líderes valientes, pero también una ciudadanía que entienda que el futuro no se improvisa: se planifica con visión, con decisiones éticas, con un compromiso firme por la legalidad, la justicia y la vida.
Es momento de reaccionar, de elegir el camino de la palabra, el respeto y el debate. Volver a los tiempos de oscuridad no es una opción. Hay que tomar mejores decisiones.
