Les hablaron de un nuevo amanecer laboral, con salarios dignos y derechos blindados. Pero omitieron que si el costo de emplear sube sin una mejora en la productividad o en la rentabilidad de los negocios, muchos empleadores —especialmente pequeños— podrían optar por no contratar más o por la informalidad.
Después de meses de ruido, amenazas veladas y anuncios altisonantes, el Senado aprobó la Reforma Laboral. Pero lo que parecía una discusión sobre el futuro del trabajo en Colombia terminó siendo, en realidad, una incómoda radiografía del estado actual de nuestra democracia: la pugna de poderes en la que el debate técnico fue desplazado por la estrategia política, y donde los verdaderos protagonistas —trabajadores y empresarios— fueron relegados al papel de espectadores.
La posibilidad de una consulta popular, anunciada con estridencia por el presidente y amplificada por su jefe de gabinete Armando Benedetti, se convirtió en una especie de espada de Damocles sobre el Congreso. El mensaje fue claro: si el Legislativo no aprobaba la Reforma, se impondría por la vía del decreto y la presión popular. El Senado, presionado por una consulta hecha a la medida del oficialismo, decidió abrir el debate. Sin embargo, la amenaza nunca salió del escenario. Se mantuvo como un recurso de fondo para forzar la aprobación, con un claro subtexto electoral para 2026.
En medio de todo este revuelo no hubo una discusión seria sobre el contenido. Poco se habló de los impactos en la generación de empleo, de los costos para las pequeñas y medianas empresas, de las barreras que podría imponer a la contratación formal. Poco se discutió sobre cómo armonizar la protección del trabajador con la necesidad de hacer más competitivo el aparato productivo del país. Todo giró en torno a quién ganaba el pulso: si el Gobierno o la oposición.
El Congreso, fragmentado y atrapado en la lógica del cálculo político, se convirtió en una cancha de fútbol donde lo importante no era el balón (la Reforma), sino bloquear al rival. Para el oficialismo, la aprobación se convirtió en una prueba de fuerza; para la oposición, el objetivo era hundir el proyecto para leerlo como una derrota del petrismo.
Y mientras tanto, los trabajadores escuchaban edulcorantes promesas, pero sin claridad sobre su impacto real. Les hablaron de un nuevo amanecer laboral, con salarios dignos y derechos blindados. Pero omitieron que si el costo de emplear sube sin una mejora en la productividad o en la rentabilidad de los negocios, muchos empleadores —especialmente pequeños— podrían optar por no contratar más o por la informalidad. Del otro lado, los empresarios, a quienes nadie parece escuchar, ven preocupados cómo se cierne sobre ellos una tormenta de costos que frenarían la inversión y el crecimiento.
No es justo para ninguno de los dos lados. No es justo que una reforma tan trascendental para el país se haya utilizado como pieza de ajedrez electoral. Es hora de que dejemos de confundir los pulsos de poder con el ejercicio del poder bien entendido.
