Publicado por: Editorial
La jornada electoral que consagró a Abelardo De La Espriella como el nuevo presidente de la República dejó un balance positivo en cuanto a la participación ciudadana, pues 26 millones 92 mil 115 colombianos acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto en absoluta normalidad y civismo, sin que se registraran alteraciones de consideración que empañaran el proceso.
Este comportamiento ejemplar de la ciudadanía y la transparencia del acto electoral envían un mensaje positivo al mundo sobre la madurez alcanzada por nuestra democracia y la solidez de nuestras instituciones, que operan con plena autonomía.
Ahora bien, de acuerdo con la ley electoral, lo que procede es la realización del escrutinio, que, a diferencia del preconteo —que es el dato que hasta ahora conoce el país—, ya no es de tipo solamente informativo, sino que tiene carácter vinculante y fuerza de ley. Ese procedimiento se cumplirá en los próximos días y producirá un documento definitivo en el que, como es de esperarse, se confirme la votación que el país conoció el día de ayer.
En una jornada electoral histórica marcada por una participación masiva de más de 26 millones de ciudadanos, Colombia eligió un nuevo rumbo político. Los resultados del preconteo consagraron a Abelardo De La Espriella como el nuevo presidente de la República tras obtener una ventaja de 249.958 votos sobre Iván Cepeda. Este veredicto en las urnas no solo representa un castigo práctico a la gestión de la administración saliente de Gustavo Petro, sino que impone al mandatario electo el reto de unir a un país dividido y afrontar grandes desafíos en seguridad, corrupción, economía, generación de empleo e infraestructura.
Sin embargo, la diferencia de 249 mil 958 (escrutado el 99,98 % de las mesas de votación) que separa a los dos candidatos hace imprescindible que quienes intervienen en este procedimiento legal actúen de manera pronta, transparente y justa, dando todas las garantías a los dos candidatos para que, de todas las maneras posibles, se le dé al país la seguridad de que el resultado que deberán certificar es el que corresponde a la voluntad popular y su dictamen deberá ser acatado con respeto y sereno acatamiento, tanto por la ciudadanía como, sobre todo, por los candidatos.
En cuanto al veredicto de las urnas que arrojó el preconteo, este indica claramente que la obra de gobierno del presidente Gustavo Petro no logró convencer a los colombianos, quienes han optado por retornar al sendero de las ideas, los partidos y los líderes que rigieron los destinos del país en el presente siglo. La cercanía casi literal entre el programa de Iván Cepeda y la administración saliente evidencia que, aunque la izquierda ha conservado su caudal electoral, este ha resultado insuficiente para retener el poder ejecutivo.
La ciudadanía ha emitido un juicio práctico y contundente, prefiriendo la experiencia y los resultados conocidos por encima de la experimentación ideológica que caracterizó a la administración que está a punto de concluir. No hubo espacio para el desconcierto ni para la abstención; al contrario, los números reflejan una participación que respaldó el cambio de rumbo, lo que hace que Abelardo De La Espriella tenga hoy sobre sus hombros una responsabilidad mayúscula, no solo por dirigir los destinos de Colombia, sino por la inmensa expectativa que despertó en sus seguidores, quienes aguardan el cumplimiento cabal de cada una de sus promesas de campaña.
Millones de miradas se posan sobre él con la esperanza de ver cumplidos sus anuncios en campos tan complejos como la paz, la lucha frontal contra el narcotráfico, la reactivación de la economía nacional o el restablecimiento pleno de las garantías ciudadanas. La tarea que se avecina es titánica, pues gobernar implica tomar decisiones complejas que afectarán el devenir de generaciones y deberá hacerlo con la destreza de un estadista. El nuevo mandatario es plenamente consciente de que no hay margen para el error ni para la improvisación y que cada paso deberá darse con la firmeza que la hora exige.
En lo que respecta a Santander, las expectativas sobre el nuevo gobierno son particularmente elevadas. La recuperación de la seguridad, que, lamentablemente, se ha deteriorado significativamente en nuestra región durante los últimos años, deberá ser una prioridad.
Por otra parte, la economía regional, que muestra signos alentadores de crecimiento, especialmente en lo que va de este año, necesita del apoyo decidido del gobierno central para mantener su dinamismo y crear las condiciones óptimas que permitan su expansión. Los grandes proyectos de infraestructura, especialmente las vías departamentales que han sido objeto de la mayor burla por parte de la administración presente, exigen una atención prioritaria. La inversión en carreteras es fundamental para conectar los polos de desarrollo y garantizar la competitividad de la región.
Los colombianos albergan también la firme esperanza de que el nuevo gobierno se caracterice por la designación de las personas más capacitadas y, sobre todo, las más honestas para ocupar los altos cargos del Estado y erradicar al máximo la corrupción. La transparencia y la competencia deben ser los pilares sobre los que se edifique esta nueva administración, dejando atrás cualquier atisbo de clientelismo o de improvisación que tanto daño han causado a la credibilidad institucional.
El presidente electo tiene la oportunidad histórica de rodearse de un equipo técnico y confiable que le brinde el soporte necesario para llevar a cabo su ambicioso programa de gobierno. No se trata simplemente de llenar cuotas burocráticas, sino de construir un gabinete que esté a la altura de los desafíos que nos plantea el momento que vive el país y su estrecha relación con los personajes, poderes y acontecimientos que mueven hoy las relaciones internacionales.
