Publicado por: Editorial
Cuando la furia colectiva estuvo a punto de arrebatarle la vida a un delincuente sorprendido en flagrancia hace pocos días en el barrio Asturias, al sur de Bucaramanga, volvió a quedar al descubierto un comportamiento social totalmente reprobable no solo en la ciudad, sino también en el área metropolitana. El asalto con arma blanca a una mujer, un acto cobarde que merece el más enérgico repudio, encendió la chispa de una reacción igualmente peligrosa y criminal, la cual, por fortuna, no culminó en una tragedia.
No es la primera vez que en nuestra ciudad se habla con bastante complacencia sobre la idea de la ‘paloterapia’, como si el dolor infligido por una masa enfurecida pudiera ser un antídoto válido contra el mal de la inseguridad. La llamada ‘justicia por mano propia’, en realidad, no es justicia, sino una forma primitiva de venganza que corrompe los principios más elementales de nuestra convivencia y viola el Código Penal, es decir, que convierte en criminal al que pretende encarnar la ley de la sociedad, cuando, en realidad, la única ley que representa es la ley de la selva.
Lo que se debe entender es que la violenta escena en Asturias no fue un acto de defensa comunitaria, sino el preludio de un asesinato que, afortunadamente, no se consumó. El Código Penal colombiano castiga estos actos con la severidad que merecen, bajo las figuras de homicidio o lesiones personales. Si la turba hubiera logrado su cometido, sus integrantes se enfrentarían a penas que pueden llegar hasta los 50 años de prisión por homicidio agravado, especialmente si se demuestra que actuaron con crueldad o aprovechando la indefensión de la víctima.
Pero, además, quienes auspiciaron el ataque arengando a la multitud son considerados determinadores y, ante la norma, tan culpables como el que asestó el golpe final. No existe excusa que justifique la brutalidad colectiva, pues la misma Constitución que nos otorga el derecho a detener a un delincuente en flagrancia nos obliga a entregarlo inmediatamente a las autoridades, pero golpear, torturar o atentar contra la vida de una persona retenida constituye un delito grave, en tanto la ley no ampara a quien, movido por la ira, se convierte en juez y verdugo de su prójimo.
El clamor popular que exige justicia es comprensible y legítimo, pero no puede confundirse con el salvajismo de una ejecución extrajudicial. Las autoridades administrativas y de policía, por su parte, tienen la responsabilidad ineludible de controlar todas las formas de delito que ocurren en Bucaramanga, y el linchamiento es una de ellas. En síntesis, la lucha contra la inseguridad no puede librarse con las mismas armas que la generan, pues el fin nunca justifica los medios, sobre todo cuando esos medios implican la violación de los derechos humanos.
Como comunidad debemos rechazar con firmeza esas ideas de ‘paloterapia’ que, con alarmante frecuencia, encuentran eco en el sentir popular. Es necesario recordar que, en las sociedades evolucionadas, cada persona, incluso aquella que ha cometido un delito, posee una dignidad intrínseca que debe ser respetada y que el castigo debe ser proporcional al daño causado, una proporción que se quiebra al pretender cobrar un hurto con una vida.
El intento de linchamiento en el barrio Asturias debe servirnos como una advertencia sobre el camino resbaladizo que estamos dispuestos a transitar si permitimos que el miedo y la ira nublen nuestro juicio. La paz y la seguridad se construyen sobre el respeto a la ley y a la vida, no sobre la impunidad de una turba o la contundencia de un garrote. Atentar contra la vida de un ser humano, sea cual sea su crimen, es un acto que degrada a los agresores y nos aleja del ideal de una ciudad segura y en paz.
