Publicado por: Editorial
Una serie de fotografías publicadas por Vanguardia y una investigación periodística confirmaron al país la existencia de minería ilegal en el páramo de Santurbán, en Santander, a más de 3.000 metros de altura. Una de las imágenes registra una bocamina que opera sin control en esta zona rica en frailejones y que es considerada una ‘fábrica de agua’, lo que significa que, mientras las autoridades ambientales han adelantado nueve años de mesas de concertación, el ecosistema ha sido objeto de una explotación persistente, pues en una montaña cercana se han contabilizado más de 200 entradas a minas, como ha denunciado Vanguardia en investigaciones pasadas.
Esta actividad ilegal constituye una amenaza directa para el abastecimiento de agua potable de más de dos millones de habitantes de Santander y Norte de Santander, incluyendo el área metropolitana de Bucaramanga, dado que la extracción de oro y plata se efectúa sin ningún tipo de control. Además, se evidencia una actividad creciente, como lo estableció la Unidad de Información y Análisis Financiero, que asegura que la minería ilegal en esta zona es tan activa que deja utilidades mensuales de aproximadamente 26 mil millones de pesos.
Para complicar la situación, en la actualidad no existe presencia efectiva de las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente o la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en las áreas donde operan estos socavones, lo que ha permitido que la extracción ilegal de minerales sea continua, como lo confirma la carretera de acceso, que muestra signos de un tránsito constante de personas y vehículos vinculados a esta actividad, lo que solo es posible por la ausencia de controles por parte del Estado.
La Corte Constitucional ordenó una nueva delimitación del páramo de Santurbán con mayor participación comunitaria, lo que implica la concertación con los 40 municipios de Santander y Norte de Santander que tienen influencia en el ecosistema. Sin embargo, la lentitud de este proceso ha sido aprovechada por quienes siguen extrayendo minerales mientras se discuten los límites del páramo. Tampoco ha servido de mucho la Zona de Reserva Temporal que prohíbe la minería en 75 mil hectáreas, establecida por el Ministerio de Ambiente, lo que demuestra que, además de normas, se requieren acciones concretas de vigilancia y control. Esta Zona de Reserva Temporal se estableció con una firma desde Bogotá. No obstante, pasados 16 meses, la presencia del Estado y la inversión de recursos del gobierno de Gustavo Petro han sido nulas, como también lo ha sido la presencia de autoridades para controlar el tráfico de mercurio o explosivos. La zona tiene dueños; lamentablemente, hay que decirlo: son los ilegales que se apoderaron de la extracción del oro con completa impunidad.
Por todo esto, es fundamental que el nuevo gobierno nacional entienda que, además de las discusiones sobre delimitación, es necesario atender las necesidades de quienes forman parte de este sistema. Es necesaria la concertación entre la minería tradicional o ancestral y la garantía de la preservación del ecosistema. En este escenario no debe permitirse más la minería ilegal. Las autoridades nacionales deben establecer una presencia permanente en la zona que logre el cierre de los socavones y la incautación de la maquinaria utilizada, así como el seguimiento a las rutas de comercialización del oro y la plata extraídos ilegalmente.
La contaminación generada por la minería ilegal, con el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, pone en riesgo la salud de los ecosistemas y de las personas que dependen del agua que nace en estas montañas, por lo que el nuevo gobierno debe también priorizar la inversión en monitoreo ambiental y en la recuperación de las zonas afectadas, así como en la educación de las comunidades sobre la importancia de conservar este recurso vital.
La situación actual exige que el Estado asuma su responsabilidad con decisión y celeridad, no solo para cumplir con los mandatos judiciales, sino para responder al clamor de una región que ve cómo su principal fuente de vida es amenazada día a día. Las mesas de concertación deben seguir adelante, por supuesto, pero no pueden convertirse en un pretexto para la inacción y, sobre todo, es importante que el nuevo gobierno envíe una señal clara de que la protección del páramo de Santurbán y la atención a sus habitantes son parte de sus más altas prioridades.
El llamado fundamental a la sociedad es confrontar con determinación el grave daño que sufre el páramo de Santurbán desde una perspectiva técnica, científica y social. Para ello, es urgente desmarcar el debate de las presiones electorales que, como ha ocurrido históricamente, priorizan los intereses particulares por encima de la conservación real del ecosistema.
