El 21 de agosto de 2010, un menor asesinó a dos personas en Cali. Ocho días después, en Bello, Antioquia, una adolescente de 16 años asesinó con arma blanca a una amiga suya. El 3 de septiembre, un muchacho de 14 mató a su hermana de 7 en Bogotá. El año pasado, en Bucaramanga un menor de edad participó en el homicidio de un hombre que además fue descuartizado.
Publicado por: ANA MARÍA VALENCIA S. / mvalencia@vanguardia.com
Casi todos los días sorprenden noticias como estas porque cada vez son más los menores de edad involucrados en actos delictivos, no sólo como homicidios, sino en atracos, extorsiones, violaciones y peligrosas riñas y para quienes las penas resultan irrisorias por su condición de inimputables.
Por eso la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, radicó ayer en la comisión primera del Senado un proyecto de ley que endurece las penas para los jóvenes que entre los 14 y 18 incurran en este tipo de conductas y que tendrían que pagar entre 6 y 15 años en una cárcel especializada.
El proyecto cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos, lo que garantizaría su trámite en el Congreso. "Todos los partidos firmaron para apoyar y eso me da tranquilidad porque este es un proyecto que es producto del consenso de toda la sociedad", afirmó a Vanguardia Liberal la senadora Jiménez quien impulsa la iniciativa.
El Polo Democrático fue la única bancada que no firmó el respaldo a la iniciativa porque considera que va en contra de los derechos de los menores de edad.
Vanguardia Liberal habló con la Congresista sobre esta iniciativa que modifica la Ley de Infancia y Adolescencia y que en pocos días comenzará su trámite:
Lo que propone el proyecto
1 Cuando un adolescente entre los 14 y los 18 años cometa homicidio doloso, secuestro, delitos sexuales agravados, extorsión, hurto calificado o lesiones personales agravadas, podrá pagar entre 6 y 15 años en una cárcel especializada, dependiendo del delito.
2 Cuando el crimen sea cometido contra un niño, se constituye en un agravante que puede elevar la condena.
3 Una vez cumplida la mitad de la pena, habrá una revisión por parte de una junta especializada que estará integrada por un siquiatra y sicólogo forenses, trabajador social del ICBF, un funcionario del INPEC y de la Procuraduría, para que establezcan si es factible la libertad provisional, determinación que deberá ser tomada por el Juez de la República, previo concepto de estos expertos.
preguntas y respuestas
¿Cuál fue el origen de este proyecto?
"De los 5 millones de adolescentes que tiene el país el 95 por ciento de ellos son personas de bien, una mínima parte, alrededores de 7 millones, cometen delitos. En los últimos dos años estamos viendo que se han incrementado los delitos en menores, ya no se roban un pollito sino que es un homicidio, violencia sexual, hurtos, extorsiones y secuestros, son cinco delitos de alto impacto y quien los cometa debe pagarles a la sociedad. Así como hay defensa de los derechos de los niños, tiene que haber una causa sin cuartel por el cumplimiento de sus deberes".
¿En la cárcel sí se puede rehabilitar un menor de edad infractor?
"Si hacemos el proceso como se debe hacer sí. Cuando se comete un delito lo que una sociedad espera es que sea castigado y no quede en la impunidad, es un principio de civilidad...los adolescentes son personas que la posibilidad de trabajar, se posibilidad de casarse y trabajar de casarse y deben saber que si cometen delitos contra la sociedad deben pagar por ellos en cárceles especial y con proceso de resocialización efectivos. El proceso efectivo debe tener un componente de reeducación y la construcción de un proyecto de vida, eso es mucho más que una charla".
En Colombia existen centros y proceso de resocialización, ¿definitivamente están fallando?
"Lo que sucede es que las penas no están pensadas en la gravedad del delito sino en quien lo cometió. En esos centros de resocialización se revuelven menores contraventores, con menores delincuentes de alta peligrosidad".
¿El Estado sí tiene capacidad carcelaria para acoger a los menores?
"No sólo no hay capacidad carcelaria sino que no hay claridad política sobre lo que hay que hacer, pero eso no lo excluye de la responsabilidad. Esta misma ley le da un año al Estado para que construya o adecúe cárceles especiales para adolescentes priorizando en las grandes ciudades donde se evidencia más el problema como Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena".
