Polémica por decreto del alcalde de Barbosa, Víctor Manuel Camacho, en el que se auto faculta par ejecutar el presupuesto 2023.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, prendió las alarmas por el presunto ‘mico’ que habría en un decreto con el que se adopta el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Barbosa para la vigencia 2023.
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Según advirtió el alto asesor del presidente Petro para la Transparencia, al expedir el Decreto 258 del 2022, mediante el cual se adoptó el presupuesto del municipio de Barbosa, Santander, que entró en vigor el pasado domingo 1 de enero, el alcalde Víctor Manuel Camacho se habría auto facultado para ejecutar dicho presupuesto sin restricción alguna. Todo esto sin autorización del Concejo Municipal.
Por tal motivo, pidió la intervención de los entes de control.
“El Alcalde de Barbosa, Santander, se auto otorgó facultades para realizar “todas las operaciones” de presupuesto “sin ninguna limitación”. Solicitaré a los entes de control evaluar la legalidad de este decreto y actuar, si así lo consideran. ¿Qué piensa el Concejo municipal?”, advirtió Idárraga.
El ‘mico’ de la discordia
El pasado 2 de diciembre, y tras haberse hundido en el Concejo municipal, el alcalde de Barbosa, Víctor Manuel Camacho, expidió el Decreto 258 del 2022, por medio del cual adoptó vía decreto el presupuesto general de rentas y gastos del municipio para la vigencia 2023.
Concretamente, el Secretario de Transparencia de la Presidencia cuestionó la legalidad del artículo 25 del acto administrativo, que entró a regir el pasado domingo, en el que el alcalde Víctor Manuel Camacho, como ordenador del gasto del municipio, se “facultó por el término comprendido desde el primero de enero del 2023 hasta el 30 de junio del 2023, sin ninguna limitación, adelantar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas, gestionar empréstitos, suscribir acuerdos de pago, pignorar y titular rentas municipales, adicionales y contra acreditar en el presupuesto general de rentas y gastos para la vigencia 2023”.
Según la normatividad legal del país, varias de las acciones auto facultadas deben contar con la aprobación previa del Concejo Municipal.
Aunque el Decreto 258 del 2022 estará en vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, el controvertido ‘mico’ del artículo 25 solo estará vigente por seis meses, justo antes de que comience a regir la Ley de Garantías por las elecciones locales del 29 de octubre.
El presupuesto municipal de Barbosa para la vigencia 2022 fue de $76.755 millones, por lo que el alcalde Camacho tendría a su disposición cerca de $80 mil millones para ejecutarlos sin “ninguna limitación” en 2023.
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“Conforme a la ley”
Al ser consultado por las fuertes críticas desde la Presidencia de la República, el alcalde Víctor Manuel Camacho evitó referirse a profundidad sobre el tema y aunque señaló que el Decreto 258 “se hizo conforme la ley y obrando con la norma”, remitió la entrevista a Laura Guiza, secretaria de Gobierno, para que ella explicara con más detalles el tema. Sin embargo, esta redacción intentó comunicarse con la funcionaria, pero no hubo respuesta.
Ante este panorama, algunos veedores del municipio de la provincia de Vélez anunciaron que en los próximos días interpondrán las respectivas denuncias en contra del alcalde Víctor Manuel Camacho y los funcionarios que terminaron influyendo en la creación del Decreto 258 del 2022 y particularmente en el artículo 25.
“Es una situación difícil para el municipio, supremamente preocupante y desde ya estamos formulando las respectivas denuncias sobre el tema”, explicó Hernando Cortés, exconcejal de Barbosa.
