Transparencia por Colombia insiste en ley para proteger a denunciantes de hechos de corrupción

Tras el asesinato en Cúcuta del veedor ciudadano Jaime Vásquez, Transparencia por Colombia advirtió que desde hace una década se intenta que el Congreso legisle a favor de la protección de los denunciantes de corrupción en Colombia.

Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera

En medio de la consternación por el asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez a manos de un sicario en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, organizaciones como Transparencia por Colombia y el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, reiteraron la necesidad de establecer un marco legal que proteja a los denunciantes de la corrupción, asegurando su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

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Desde hace una década las veedurías ciudadanas han intentado que en el Congreso de la República se legisle sobre la protección especial a los denunciantes de hechos de corrupción, obteniendo más de 8.500 firmas de respaldo ciudadano, sin embargo, las iniciativas legislativas encaminadas sobre tal fin siempre sucumben en el Capitolio Nacional.

La iniciativa más reciente hace trámite en la Cámara de Representantes donde el pasado 15 de marzo fue radicada la ponencia que dará inicio al debate del proyecto de ley 291 de 2023 ante la Comisión Primera, con el objetivo de promover y garantizar la protección de los denunciantes de actos de corrupción.

El proyecto actual, presentado en el Congreso por el Gobierno Nacional y respaldado por una variedad de sectores políticos, representa una oportunidad crucial para avanzar hacia un marco legal específico que asegure una protección integral a quienes denuncian la corrupción en el país. Desde hace 10 años, ha habido intentos para lograr una legislación sobre protección de denunciantes, pero todos han sido descartados en el Congreso. El proyecto en curso podría romper esa tendencia y finalmente brindar el respaldo necesario a los denunciantes de corrupción.

Según los promotores de la iniciativa legislativa, la importancia de este respaldo radica en que quienes denuncian la corrupción en Colombia (servidores públicos, líderes sociales, periodistas, veedores ciudadanos, mujeres, entre otros), se exponen a riesgos psicológicos y económicos, acoso laboral, persecuciones legales e incluso ataques físicos que amenazan sus derechos fundamentales y los de sus seres queridos, así como los intereses de la comunidad en general.

Tanto las denuncias presentadas ante las autoridades, como las alertas públicas, son fundamentales para identificar, investigar y, en última instancia, sancionar los actos de corrupción. Sin embargo, la falta de garantías de protección puede desincentivar la denuncia y dar lugar a que más actos de corrupción queden impunes, mientras que los recursos públicos se desvían de su fin esencial que es el bienestar común.

“Sin denuncia, no hay investigación de la corrupción, pero sin protección no hay condición para la denuncia. Nos encontramos en un momento crucial para avanzar en la creación de un marco normativo e institucional que proteja a los denunciantes. Instamos a nuestros líderes políticos y a las autoridades competentes a que avancen con determinación en la discusión y aprobación de esta ley”, afirma Claire Launay, directora programática de Iniciativas con Sociedad CiviI.

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Transparencia por Colombia y diversas organizaciones sociales han realizado recomendaciones al proyecto de ley, basadas en experiencias a nivel nacional y estándares internacionales. La ponencia radicada incluye algunas de esas recomendaciones.

Entre estas se destaca (i) la inclusión de un concepto amplio de “denunciante” que permita extender la protección tanto a alertadores como denunciantes del sector público y privado; (ii) la consideración de medidas integrales de protección que atiendan cada uno de los riesgos; (iii) el reconocimiento de la importancia de las denuncias anónimas y confidenciales, procurando garantizar la protección de la información personal de quien denuncia; (iv) la importancia de implementar un enfoque diferencial que asegure un acceso equitativo a la protección para quienes denunciantes, considerando las particularidades de cada caso y los riesgos específicos, por ejemplo, cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad.

También, resulta de especial relevancia que la ley contemple a los periodistas como sujetos de especial protección, pues reconoce su papel esencial en la divulgación de información sobre actos de corrupción y los riesgos que esto conlleva.

Aún quedan aspectos pendientes que deberán ser abordados en la discusión del proyecto de ley, como la necesidad de establecer tiempos razonables para la provisión de protección, asignar una financiación específica y establecer un régimen sancionatorio más severo contra los actos de retaliación.

Transparencia por Colombia rechazó el asesinato de Jaime Vásquez, veedor ciudadano de Cúcuta, presuntamente perpetrado como represalia por su labor de investigación y denuncia de actos de corrupción, y reiteró que es hora de tomar acción y tener por fin un marco legal que proteja a aquellos que denuncian la corrupción.