Contratos con la UIS, uso de aeronaves oficiales y presunta falsificación de títulos configuran el mayor escándalo que enfrenta la exfuncionaria.
Publicado por: Giselle Yuliana Jejen Herrera
La Fiscalía General de la Nación fijó para el 27 de febrero la audiencia de imputación por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable expedidos por la Fundación Universitaria San José.
Según la investigación, los documentos cargados al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) no cumplirían requisitos legales, pues existen indicios de que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber Pro y TyT. La fiscal delegada solicitó, además, medida de aseguramiento domiciliaria.
Contratos con la UIS y alertas de la Contraloría
Paralelo al proceso penal, la Universidad Industrial de Santander (UIS) quedó en el centro de la controversia por dos contratos firmados con Guerrero en 2023 y 2024 por un total de 12 millones de pesos. Te interesa: Lista la fecha de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, tras escándalo por supuestos títulos falsos
Las actividades contratadas incluían gestión territorial, acompañamiento a protestas sociales y elaboración de informes sobre conflictividad. Sin embargo, las evidencias presentadas se limitaron a listas de asistencia algunas con apenas cinco personas, entre ellas su hermana y archivos en Excel, sin soportes técnicos verificables.
La Contraloría General de la República advirtió vacíos en la trazabilidad documental y alertó que podría configurarse un presunto daño fiscal si no se aportan pruebas suficientes del cumplimiento contractual. La denuncia fue impulsada públicamente por la congresista Jennifer Pedraza.
Vuelos en aeronaves oficiales y hallazgo fiscal contra Juliana Guerrero
Otro de los episodios más controversiales fue el uso de un avión y un helicóptero de la Policía en junio de 2025 para desplazamientos a Valledupar y Aguachica. La Contraloría determinó un hallazgo fiscal por más de 213 millones de pesos por el uso indebido de aeronaves oficiales bajo el Convenio 400-2025.
Los vuelos, según el ente de control, no tenían sustento misional y fueron utilizados para asistir a sesiones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde Guerrero actuaba como delegada presidencial. El organismo calificó la gestión como ineficaz y antieconómica y remitió el caso a la Procuraduría. Lea: Caso Juliana Guerrero: Contraloría de Santander detecta irregularidades en contratos con la UIS
Pruebas documentales y correos clave en contra de Juliana Guerrero
Dentro del expediente penal, reposan correos electrónicos enviados desde el programa “Hazte Profesional” con reportes de notas que no coincidiría con el sistema académico oficial Q10. Un mensaje fechado el 30 de agosto de 2025 adjuntaba el reporte académico de Guerrero, pese a inconsistencias detectadas posteriormente.
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El caso también involucra al exsecretario general de la Fundación, quien dejó constancia de asumir responsabilidad por la expedición de los títulos sin el lleno de requisitos. Se recomienda: Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero por presuntas irregularidades en títulos universitarios
Con investigaciones activas en la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, el proceso contra Guerrero se convierte en uno de los expedientes más sensibles del actual escenario político. La audiencia del próximo 27 de febrero marcará un punto clave en un caso que sigue escalando y que mantiene bajo escrutinio la transparencia en la contratación pública y los controles académicos en el país.
