‘Carrusel’ de fundaciones ahora estaría en el Imebú

Cuando en 2012 se destapó uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha enfrentado la Alcaldía de Bucaramanga, por cuenta de la destinación presuntamente irregular de miles de millones de pesos a través de fundaciones durante el periodo de Héctor Moreno Galvis, el actual mandatario de la ciudad, Luis Francisco Bohórquez aseguró que eso no ocurriría en su administración.

“Desde un comienzo siempre he dicho que esas ONG, empresas o fundaciones de papel no iban a tener cabida en mi Alcaldía”, aseveró en su momento.

Pero hoy, dos años después de pronunciadas esas palabras, al parecer la promesa no se cumplió y fundaciones sin sede, con amplios objetos sociales y en algunos casos sin reconocida idoneidad, estarían ejecutando millonarios recursos públicos.

Durante 2012, el Imebú comprometió más de $1.600 millones divididos en 45 contratos con fundaciones que en algunos casos pueden desde brindar talleres hasta realizar interventorías en poliductos, gaseoductos y mineras.

En 2013 la historia no fue diferente. Solo en ese año se destinaron más de $2.500 millones en 67 contratos suscritos con organizaciones de las mismas características.

La Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal rastreó la ejecución de tres de los 112 proyectos que han sido patrocinados con millonarios recursos públicos, y encontró que se estaría sobrepagando a personas que no cumplen el perfil por el que cobran, prometiendo horas de enseñanza que no se ejecutarían en su totalidad y hasta facturando materiales que no siempre se habrían entregada a los beneficiarios. Solo en estos tres contratos que analizó la Unidad Investigativa se comprometieron más de $80 millones.

Productos de belleza

El 14 de junio de 2013, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, Imebú, suscribió con la Fundación Unimos un contrato con el fin de apoyar “a 60 mujeres cabeza de familia de Bucaramanga capacitándolas en la elaboración de productos de belleza, habilidades para el emprendimiento e implementación de un plan de negocios”.

Ese proceso tenía como plazo de ejecución seis semanas y un costo total de $40 millones. La inversión del dinero se dividió en cinco fases que fueron desde la convocatoria hasta la clausura del taller y cada una de ellas recibió una inversión que osciló entre los $2,7 millones y $13,7 millones.

En el papel, las mujeres debían recibir capacitación para elaborar removedor de callos, removedor de cutícula, talco antibacterial, gel para el cabello, gel reductor para masajes en frío y en caliente, removedor de esmalte y champú, durante cuatro semanas, cada una de las cuales tendría tres días de taller durante dos horas.

Las dos semanas restantes se irían en la convocatoria y en capacitaciones de emprendimiento y elaboración de un plan de negocios.

La Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal rastreó este contrato y encontró que ni las actividades, ni el presupuesto habrían correspondido con la ejecución real de lo que pagó el Imebú. Adicionalmente encontró, tras una corta búsqueda en internet, que los talleres dictados están en la web, al alcance de cualquier persona y sin costo alguno.

La capacitación:

Por enseñar a elaborar productos de belleza, columna vertebral del contrato, el Imebú pagó a Bernarda Suárez León, $8,6 millones, pese a que en su hoja de vida solo tiene experiencia como vendedora.

Según el contrato suscrito con Suárez León, se le pagaron 72 horas de enseñanza, es decir, 8 horas por cada uno de los nueve productos realizados durante los talleres.

Sin embargo, el taller realmente duró, según los soportes que reposan en el Imebú, 36 horas, equivalentes a dos horas (en cada barrio) por cada producto.

Pese a la abultada suma que se pagó, en ella no estaban contemplados los insumos, que fueron cobrados por la Fundación Unimos por $3,7 millones adicionales; no obstante, cuando esta redacción contactó a las asistentes, todas coincidieron en asegurar que jamás manipularon materiales y que en su lugar recibieron una muestra de cada producto.

Vanguardia Liberal se contactó con Suárez, quien aseguró que efectivamente cobró esta suma de dinero debido a que ella tiene una experiencia de más de 8 años enseñando este tipo de talleres y así mismo, que cuenta con una empresa que fabrica productos de aseo. Además, aseguró que el costo fue alto, porque fueron muchas horas (36 en total) y porque los barrios en donde dictó los cursos tenían una alta inseguridad y tenía que estar la Policía cuidando el lugar en donde estaban.

“Pues la verdad yo les cobré eso, porque primero el peligro fue tenaz… y que fueron por varios cursos en varios barrios del norte (dos barrios)”, contó Suárez.

No obstante, la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal consultó con un químico y un ingeniero químico cuánto cobraría un profesional en esta materia por dictar los talleres y encontró que por lo básica que es su elaboración el precio podría ser de $25 mil por hora (es decir $900.000 por todo el curso frente a los $8,6 millones que pagó el Imebú).

Emprendimiento:

La Fundación Unimos como valor agregado al taller que brindó, especificó que a las madres cabeza de familia que se beneficiaran con él, además de capacitarlas en la preparación de productos de belleza, se les enseñarían técnicas de emprendimiento. Por esta fase cobró otros $8,6 millones.

Precisamente, la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal estuvo presente en uno de los talleres que se brindaron en el marco de este proyecto, tuvo acceso al material entregado por la Fundación a las beneficiarias y encontró que este consistió en cuatro hojas tamaño oficio impresas por ambos lados y su contenido solo abarcaba cuatro de los nueve ítems que supuestamente se estudiarían. Además, el material entregado fue extraído de internet.

Por la capacitación en estos temas, que fue dictada por Gustavo Reyes Miranda, quien ejecuta en las tres fundaciones talleres de este tipo, el municipio pagó $4,6 millones por 20 horas de trabajo, cuando realmente debían ser 48 horas laboradas, según el contrato.

Por su parte, la representante legal de la fundación, Sonia Milena reyes, cobró $4 millones por dictar 12 horas, es decir $333 mil por hora, cuando en el presupuesto se señala que debía enseñar 24 horas, cada una a $120 mil, para un total de $2,8 millones. Es decir, no hay justificados $1,2 millones.

El taller de principios de contabilidad y

el plan de negocios:

Por la ejecución de estas dos fases, el Imebú pagó a la Fundación Unimos $6,2 millones, sin que existiera claridad de la inversión, del porqué se cotizó ese número de horas a un profesional y del porqué de ese valor.

Por una parte, el taller de contabilidad, que al igual que en las demás fundaciones fue dictado por Juan Diego García, esposo de la representante legal de la Fundación Unimos y contratista de la Cdmb, costó $3,8 millones.

Esas clases en el papel duraban ocho horas que se impartirían en cuatro días; no obstante, los talleristas aseguran que ninguna de las lecciones recibidas tuvo esa intensidad.

La Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, además, cruzó los cobros realizados por la Fundación con los estipulados en el cronograma de ejecución y encontró que esta fase solo fue impartida en una semana y que además en ese mismo periodo también se dictó otra denominada ‘plan de negocios’, que en el papel tendría una duración de 20 horas y cuya cotización no tiene soporte alguno.

Es decir, que si el contrato se hubiera ejecutado tal y como se pagó, en una sola semana las talleristas de las dos jornadas habrían recibido durante cuatro días 9 horas diarias de clase.

IMEBÚ RESPONDE

Al ser consultado por la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, el director del Instituto Municipal de Empleo y Fomento de Bucaramanga, Imebú, Cristián Rueda Rodríguez, aseguró que desconoce cualquier irregularidad en la ejecución de los recursos que la entidad que dirige ha destinado a proyectos ejecutados con fundaciones que serían de papel.

De hecho, Rueda defendió las fundaciones con las que contrata el Imebú y le dijo a esta redacción que está “completamente seguro” de que los proyectos se cumplieron a cabalidad.

“Todo esto lo manejamos por intermedio de la oficina jurídica y revisamos todo lo relacionado con la idoneidad y la experiencia para que pueda ejecutarse el proyecto”, indicó.

Y agregó: “Todos los proyectos y programas que se han ejecutado en el Imebú han sido ejecutados satisfactoriamente… estoy completamente seguro”.

Respecto a las presuntas irregularidades que esta casa periodística encontró en la ejecución de los tres contratos, Rueda afirmó que no se pronunciará hasta que conozca un requerimiento de un ente de control y descartó que dentro de la supervisión de las actividades se hubiera presentado algún tipo de error.

“El interventor de lo que se encarga es de la parte de ejecución del proyecto, del programa que está escrito en la propuesta, entonces no da lugar a que haya existido un engaño respecto al tema de la propuesta, si la ejecución del programa no se lleva, ahí sí se incurriría en un daño, de lo contrario no, y estoy seguro de que no fue así”, concluyó.

Por su parte, la Unidad investigativa de Vanguardia Liberal se comunicó con Sonia Reyes, representante legal de la Fundación Unimos, pero aseguró que no se iba a pronunciar.

“Investiguen lo que quieran, todo está soportado”, aseveró.

LA CAPACITACIÓN A VENDEDORES AMBULANTES

En noviembre de 2012, la Fundación Fusander, que se creó al igual que Crecer, en febrero de 2009, y que también se ubica en la misma sede que comparten Unimos y Crecer, en medio de la coyuntura por el que sería el despeje de vendedores ambulantes y la recuperación del espacio público, logró que el Imebú le financiara un taller de capacitación en emprendimiento.

En esta ocasión quien suscribió el contrato fue Martha Lucía Ruiz Tello, quien funge como representante legal de Fusander y es hermana de Claudia Ruiz Tello, socia de Unimos.

La suma que se comprometió en ese entonces fue de $25 millones, que fueron pagados en una amplia proporción a Juan Diego García y Sonia Reyes, esposos y socios de la Fundación Unimos; Martha Ramírez Reyes; Claudia Ruiz Tello y a Adriana Tarazona Peralta, representante legal de Fusander.

La Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal indagó sobre la ejecución del contrato y contactó a varios de quienes aparecen firmando las actas de asistencia; sin embargo, en su mayoría aseguraron que aunque eran vendedores ambulantes no recuerdan haber recibido una capacitación de este tipo.

Esta redacción también intentó conocer si el taller, tal y como aparece en los soportes, se había realizado en el Centro Comercial Mutis Plaza, pero el administrador del lugar, Jaime Alberto Salazar, negó que eso hubiera sucedido.

“A mí me contactaron de Fusander para un taller de capacitación, pero no para vendedores ambulantes sino para los vendedores del Mutis Plaza, ellos me explicaron todo, pero nunca volvieron…”

Y agregó: “Las únicas actividades que hice el año pasado fueron el 31 de octubre para el día de los niños, en noviembre no hice nada, solo fue una capacitación del Sena en cooperativismo, porque ellos querían crear una cooperativa”.

Tras conocer las declaraciones, la representante legal de la fundación las calificó de “mentirosas” y aseguró que su entidad sí ejecutó el contrató a cabalidad.

LOS ARTÍCULOS DE ASEO

La Fundación Crecer se creó en febrero de 2009 con un amplio objeto social, que incluye desde la posibilidad de realizar talleres de capacitación hasta interventorías especializadas en obras.

Esa entidad sin ánimo de lucro guarda varias relaciones con la Fundación Unimos; no solo comparten sede y número de teléfono, sino que también sus socios tienen parentesco familiar .

Adicionalmente, los contratos que suscriben con el Imebú guardan parecidos en su objeto. Precisamente en abril del año pasado, tres meses antes de que Unimos recibiera los $45 millones para la capacitación en artículos de belleza, Crecer suscribió recursos por $15 millones para capacitar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad en la elaboración de artículos de aseo (limpiavidrios, ambientador, límpido y límpido ropa color).

Vanguardia Liberal comparó las dos propuestas y encontró que desde la presentación hasta los detalles de la ejecución y los talleres de emprendimiento se ejecutaron con similares características y que de hecho, según consta en el presupuesto y en el cronograma del proyecto, al menos dos de las mismas personas que dictaron talleres en la Fundación Unimos lo hicieron en la Fundación Crecer.

La representante legal de Crecer es Adriana Tarazona Peralta, quien además de haber sido candidata a edil en las elecciones de 2011 sin éxito, ha ejecutado contratos con la Fundación Asistencia Social. Esta última entidad fue vinculada al escándalo del carrusel de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga y su representante legal tiene medida de aseguramiento por su presunta participación en el escándalo de corrupción.