martes 14 de noviembre de 2023 - 12:30 PM

Procuraduría advierte uso de tutelas de “mala fe” y recusaciones para dilatar intencionalmente procesos de elección en corporaciones ambientales

Procuraduría advirtió que con tutelas de mala fe y recusaciones, buscan dilatar intencionalmente las elecciones de directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR en todo el país.
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La Procuraduría General de la Nación advirtió que las elecciones de los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible CAR, se han visto afectadas por la recurrente interposición de recusaciones y acciones de tutela, en muchos casos previamente resueltas o que no cuentan con la carga argumentativa y probatoria suficiente, maniobras de “mala fe” con el objetivo de dilatar dichos procesos.

Además: La nueva batalla política en la elección de director de la CAS, tras comicios regionales

“Ante este panorama, el Ministerio Público exhortó a los Consejos Directivos de las CAR, a imponer las sanciones en los casos probados en los que se advierta la presentación de recusaciones con el objetivo de dilatar las elecciones, reportándolos al ente de control, a fin de iniciar las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de los servidores públicos que hayan emprendido, favorecido o facilitado las respectivas gestiones”, indicó la Procuraduría.

Finalmente, el ente de control disciplinario le pidió al Gobierno Nacional y Ministerio de Ambiente para que a través de sus delegados ante los consejos Directivos de las CAR, den cumplimiento estricto a sus funciones legales y constitucionales, aplicando los principios de buena fe, moralidad, responsabilidad y transparencia, previstos en la ley.

Elección en la CAS continúa suspendida

Precisamente, desde el pasado 25 de octubre la elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, se encuentra suspendido indefinidamente por una medida preventiva ordenada por un juez de la República en atención a una acción de tutela, así como una recusación presentada por el delegado del Ministerio Público en contra de ocho de los consejeros de la Corporación ambiental.

El viernes 20 septiembre, un par de días antes de la sesión ordinaria del Consejo Directivo para la elección de director, fue radicada una supuesta recusación en contra de ocho de los 12 consejeros, situación que obligaba que la diligencia no se pudiera realizar ya que tendría que ser la Procuraduría la que definir si los consejeros recusados estaban o no inhabilitados para participar en la reunión.

Ante esta situación, Rocío Ayala Moreno, directora ad hoc de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, y cercana al actual director de la entidad, Alexcevith Acosta, suspendió indefinidamente el proceso de elección del próximo director luego de una recusación presentada contra nueve integrantes del Consejo Directivo, tras denuncias de presuntos intereses particulares de algunos de los consejeros.

Sin embargo, al día siguiente el gobernador Mauricio Aguilar irrumpió en la sede de la CAS y a pesar de la suspensión indefinida de la directora ad hoc, instaló la sesión ordinaria de elección, ¿la razón?, la recusación era espuria ya que ni la cédula ni el nombre del supuesto autor del documento eran reales.

Aunque el mandatario logró reunir a los trece consejeros, incluido el delegado del Ministerio de Ambiente, que a pesar de estar en Bogotá participó virtualmente en la reunión, finalmente la elección del nuevo director de la CAS no se pudo llevar a cabo como insistía el mandatario departamental.

Esto debido a que una vez se surtió dicho trámite y el Consejo Directivo se preparaba para dar continuidad a la instalación de la sesión ordinaria, Jesús Antonio Castro, delegado del Ministerio de Ambiente en la reunión, solicitó la palabra y anunció que instauraba una nueva recusación contra el gobernador Aguilar, los ocho consejeros y la Secretaria General de la CAS, por los mismos motivos por los que habían sido recusados previamente.

Con esta nueva recusación, Aguilar no tuvo otra opción que levantar la sesión y aceptar la suspensión indefinida del proceso hasta que la Procuraduría decida de fondo sobre las recusaciones, trámite que podría tardar varios días, incluso semanas.

Le también: La fallida estrategia del gobernador Aguilar para poner director de la CAS antes de las elecciones regionales

Contratista accionante

Pero a lo anterior se siguieron sumando líos jurídicos. El mismo 25 de octubre, Jaime Alberto Santamaría Guaquetá, radicó una acción de tutela en contra del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntamente haber violado su derecho fundamental a la representación política, ya que a la fecha el mandatario departamental no había nombrado alcalde designado de Suaita, a pesar que el exalcalde de ese municipio, Javier Chacón, había fallecido dos meses atrás. Cabe recordar, que el municipio de Suaita es uno de los integrantes del Consejo Directivo de la CAS, por lo tanto tiene derecho al voto para escoger al próximo director.

El 26 de octubre, un día después de la fallida elección de director en la corporación, el Juzgado Primero Promiscuo de Suaita admitió la acción de tutela y concedió la suspensión provisional del proceso de elección hasta no decidir de fondo la querella.

Curiosamente Jaime Alberto Santamaría Guaquetá, accionante de la tutela en contra del proceso de elección de director de la CAS, es contratista de la corporación ambiental.

Según el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, el pasado mes de mazo Santamaría Guaquetá firmó un contrato por $24 millones con la CAS para prestar los servicios profesionales como ingeniero agrónomo para el apoyo de las actividades y procesos de la subdirección de planeación y ordenamiento ambiental, contrato que sería ejecutado en 9 meses.

En los registros oficiales, Rocío Ayala Moreno, directora ad hoc de la CAS, la misma que había ordenado la suspensión indefinida del proceso por la recusación irregular, es la supervisora del contrato de Jaime Santamaría, contratista y accionante de la tutela en contra de la elección de director.

Tanto la recusación como la tutela aún están siendo analizadas por las entidades correspondientes, situación que tiene frenado el proceso.

Precisamente, es la Procuraduría la que tiene la última palabra en la recusación en contra de los ocho consejeros de la CAS.

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