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Reforma a la salud, el otro proyecto de Ley del gobierno Duque que tiembla en el Congreso
- Archivo / VANGUARDIA
Aún lidiando con las consecuencias de haber tenido que retirar el proyecto de reforma tributaria, (el más ambicioso de la administración Duque), ahora el Gobierno Nacional comienza a sentir el rechazo en contra de otra de sus grandes apuestas legislativas para el 2021, la reforma al sistema de salud, la cual no logra avanzar en las comisiones Séptima de Senado y Cámara.
Además: La reforma a la salud está perdiendo su apoyo político en el Congreso
Y es que con la caída de la reforma tributaria, los manifestantes, los partidos de oposición y más 100 organizaciones gremiales, sociales y sindicales del sector salud, han venido insistiendo en la necesidad de archivar el controvertido proyecto 010 del 2020 en el Congreso.
Uno de los puntos centrales que más ha generado controversia con este proyecto es el referente a convertir a las EPS en aseguradoras de salud, con lo cual tendrían mayor control en su funcionamiento, se establece un tope máximo a sus gastos administrativos y se crea el saneamiento financiero del sistema.
“Me opongo a la Reforma a la salud, la cual beneficia a las EPS y empeora el servicio de salud de todos los colombianos. Esta reforma pone en riesgo los hospitales públicos, crea incentivos a las EPS, profundiza la tercerización laboral, crea monopolios de la salud, legaliza el saqueo de los recursos y es inconstitucional”, señaló el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Fabián Díaz, miembro de la Comisión Séptima de la Cámara.
Para la Asociación Colombiana de Salud Pública, el proyecto de Ley 010 del 2020 contiene planteamientos regresivos, que transforman nuevamente el plan de beneficios a las inclusiones y no las exclusiones, planteadas por la Ley Estatutaria, 1751 del 2015.
“El proyecto desconoce elementos del derecho fundamental a la salud, como la disponibilidad, por la cual el Estado debe garantizar la existencia de servicios, tecnologías e instituciones de salud, así como la accesibilidad física o la asequibilidad económica. Este tipo de barreras de acceso para la población conllevarán peores desenlaces en salud y un aumento en la carga de enfermedad de diferentes patologías”, dicta el concepto de la Asociación.
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Aunque la iniciativa legislativa, fue radicada por el Gobierno Nacional, desde el semestre pasado, luego de haber obtenido una concertación de varios sectores, entre ellos el partido Cambio Radical, (el ministro de Salud, Fernando Ruiz, es cuota de esa colectividad), la reforma a la salud se estancó en las comisiones Séptimas del Senado y Cámara, a pesar de contar con mensaje de urgencia por parte del presidente Duque, para el trámite exprés de la misma.
Cuando había luz verde para el avance del proyecto en las comisiones, el propio gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, expresó su discrepancia con el articulado, esto por el alto costo que representaría para el Estado asumir esos cambios. Así lo expresó el viceministro Juan Pablo Zárate, en una carta enviada a los congresistas de ambas comisiones.
Al respecto, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras rechazó esa posición del viceministro Zárate, e incluso invitó al ministro de Salud, Fernando Ruiz, a que renuncie al cargo ante la falta de apoyo del gobierno a esa reforma.
Ante este panorama, desde la oposición le han venido insistiendo al Gobierno Nacional que retiren la iniciativa o, por el contrario, exhortan a sus compañeros en el Congreso a hundir la iniciativa y concertar una nueva reforma que supla las necesidades de fondo que afronta actualmente el sistema de salud del país.
“La reforma a la salud que realmente necesita nuestro país es una reforma que acabe de una vez por todas con el negocio macabro de las EPS, garantice la atención oportuna y salud de calidad”, agregó Fabián Díaz.
Otros dirigentes políticos, como los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, igualmente han expresado que el mejor camino es retirar el proyecto de ley, porque el mismo termina afectando a los colombianos en su esquema de salud, como también afectará a los trabajadores de este sector.
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Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reportero de la página Política y miembro de la Unidad Investigativa desde el 2015.
Desde estos espacios ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación periodística sobre las estructuras del poder político en la región y desnudar las diferentes formas de corrupción que se presentan en el sector público de Santander.
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