domingo 16 de octubre de 2022 - 12:00 AM

Unidad Investigativa: Un contrato que deja mala impresión en la Gobernación de Santander

Sin tener en cuenta denuncias de adulteración de documentos por parte de oferentes, la administración de Mauricio Aguilar adjudicó un contrato para impresos y diseños de la Gobernación de Santander por $1.900 millones con la Unión Temporal Impresos & Diseños.

Comprometidos con la verdad

Sabemos que te apasiona estar bien informado y que quieres seguir conectado con el periodismo independiente, de calidad y las buenas historias. Por eso, te invitamos a considerar adquirir una suscripción digital.

¡Mira esta propuesta exclusiva para ti!

Beneficios
  • Acceso ilimitado a www.vanguardia.com y contenido EXCLUSIVO para suscriptores.
  • Versión digital del periódico impreso, acceso a las últimas 30 ediciones.
  • Boletín electrónico con recomendaciones de nuestros editores.
  • Sopa de letras y sudokus interactivos.
  • Videos, fotogalerías e infografías.
  • Mejor experiencia de lectura con menos publicidad.
  • Descuentos en productos y experiencias a través del Club Vital.
Suscríbete por 12 meses y te damos 15
OFERTA ESPECIAL
Precio regular: $179.500 Paga: $118.800
Suscríbete
*No incluye periódico impreso
OFERTA ESPECIAL
Paga 12 meses y te damos 15 Precio regular: $179.500 Por $118.800
Suscríbete
*No incluye periódico impreso

Si tienes acceso a la suscripción digital pero no parece cargar correctamente el contenido, refresca tu acceso aquí.

Nuestra mejor noticia

En Vanguardia queremos que te mantengas bien informado. Te invitamos a considerar ser suscriptor digital y seguir conectado con el periodismo independiente y de calidad, investigaciones, buenas historias y todos nuestros contenidos.

¡Mira esta propuesta exclusiva para ti!

Beneficios
  • Acceso ilimitado a www.vanguardia.com y contenido EXCLUSIVO para suscriptores.
  • Versión digital del periódico impreso, acceso a las últimas 30 ediciones.
  • Boletín electrónico con recomendaciones de nuestros editores.
  • Sopa de letras y sudokus interactivos.
  • Videos, fotogalerías e infografías.
  • Mejor experiencia de lectura con menos publicidad.
  • Descuentos en productos y experiencias a través del Club Vital.
Suscríbete por 12 meses y te damos 15
OFERTA ESPECIAL
Precio regular: $179.500 Paga: $118.800
Suscríbete
*No incluye periódico impreso
OFERTA ESPECIAL
Paga 12 meses y te damos 15 Precio regular: $179.500 Por $118.800
Suscríbete
*No incluye periódico impreso

Ya tengo mi suscripción:

o ingresa

Ingresar

Olvidé mi contraseña

Límite de dispositivos diarios alcanzado

Has alcanzado el límite de dispositivos diarios desde los cuales acceder a nuestro contenido.

En las últimas tres administraciones departamentales, las de Richard Aguilar, Didier Tavera y lo corrido del gobierno de Mauricio Aguilar, los millonarios contratos de impresión y diseño para la Gobernación de Santander han estado marcados por denuncias de irregularidades y supuestos direccionamientos a favor de empresas relacionadas con el exsenador Luis Alberto ‘El tuerto’ Gil, condenado por parapolítica, tráfico de influencias, cohecho y concierto para delinquir.

Además: ¡Qué mala impresión!

Desde el último año del gobierno de Richard Aguilar, en 2015, hasta el año pasado, la firma Grafikar Agencia de Publicidad Limitada, empresa propiedad de Liliana Mateus Ortiz, esposa de Adriana Amaya, exmilitante del desaparecido Partido de Integración Nacional, PIN, y amiga cercana al exsenador Luis Alberto Gil, milagrosamente se ha adjudicado la mayoría de licitaciones públicas para el suministro de impresiones en la Gobernación. En los siete años, Grafikar logró seis contratos por cerca de $10 mil millones para impresos y diseños en las tres administraciones departamentales.

Tan solo en 2018, Grafikar “perdió” el proceso licitatorio de impresos de la Gobernación, ya que en esa ocasión el adjudicatario fue la Unión Temporal Impresos 2018, integrada por Futura Soluciones Integrales SAS, con el 30%, y Distrimacro SAS, con el 70%.

Al revisar sus registros en Cámara de Comercio, Futura Soluciones Integrales SAS reporta ser representada legalmente por los hermanos Gustavo Adolfo Peña Guaracao y Jaime Augusto Peña Guaracao. Sobre la firma, Distrimacro SAS el Rues no arrojó ningún resultado. Sin embargo, según reveló en su momento el portal La Silla Vacía, Distrimacro SAS es propiedad de Liliana Mateus, esposa de Adriana Amaya. Es decir, el contrato de impresiones del 2018 por valor de $1.200 millones también se lo ganaron las socias de Gil.

Incluso, la Unión Temporal Impresos 2018 era representada legalmente por Luis Alberto Monsalve Díaz, quien en 2016 había sido presentado por Grafikar como coordinador de acabados y de trabajo en alturas de su compañía.

‘Amarres’ de impresión

Para la presente anualidad, la administración de Mauricio Aguilar volvió a recurrir a una convocatoria abreviada a través de subasta inversa, bajo el serial AD-SA-22-03, para contratar el suministro de impresos y diseños para el ente territorial, esta vez, por $1.900 millones, como valor inicial. Proceso licitatorio sería liderado por el secretario Administrativo, Camilo Arenas, hijo del exgobernador Miguel de Jesús Arenas.

Al igual que en los procesos anteriores, la subasta AD-SA-22-03 fue blanco de cuestionamientos por parte de varios de los posibles oferentes quienes advertían de presuntas irregularidades en el pliego de condiciones, que exigía requisitos habilitantes tan específicos que limitaba la participación de interesados, principalmente en los requisitos técnicos, por lo que varias empresas prefirieron no concursar por falta de garantías.

“Pedían una máquina pliego de 70 x 100, y uno mira y lo único que pusieron fue unas carpetas de unas tintas y con esa carpeta legalizaron la máquina pliego. Ni siquiera se podía presentar el alquiler, sino que se tenía que ser la maquinaria exigida. Normalmente los que tienen esas máquinas de pliego son modelos viejos, modelos de los años 70 que las tienen cartoniando, para cajas de zapatos. Ni siquiera sirven para sacar algo bueno y las empresas que tienen esas máquinas pliegos no tienen RUP entonces no se pueden presentar en licitaciones públicas ya que es casi imposible que una entidad contrate ese servicio”, explicó a Vanguardia un representante de una de las firmas litográficas de la ciudad, quien pidió reserva de su razón social.

Para expertos en contratación pública, la exigencia de maquinarias específicas, propiedad del oferente interesado en ejecutar un contrato de suministro de impresos, podría ser una maniobra para direccionar el proceso por parte de una entidad.

“Lo que llama la atención es, ¿por qué en un proceso de impresos a la entidad contratante le interesa la máquina que se usa para hacer impresiones?, si el objeto contractual son los impresos a la entidad no le interesa en qué máquinas se imprime siempre y cuando el producto sea de la calidad y las características que se necesiten. Lo que parece acá es que usaron la exigencia de esas maquinarias específicas para amarrar el proceso”, señaló un de los especialistas consultados.

Lea también: Advierten sobrecostos por más de $2 mil millones en contrato de suministros de bioseguridad en la Gobernación de Santander

¿Documentación falsa?

Ante este panorama, al cierre del proceso licitatorio solo se presentaron dos oferentes. Dos uniones temporales que mostraron su interés en ejecutar el millonario contrato.

Por un lado, se presentó la Unión Temporal Piezas, conformado por Periódicos y Publicaciones SAS, 10%; junto con Mojica & Asociados Impresores SAS, con el 90%; y por el otro, la Unión Temporal Impresos & Diseños, integrada por Distribuciones Quintero Cristancho SAS, 30% y Comred SAS, con el 70%. Esta última fue la que se quedó con la licitación.

Tan solo ocho días después de conocerse en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, la presentación de las ofertas de las dos uniones temporales, ante la ventanilla única de la Gobernación fue radicado un oficio en el que se solicitaba a la Secretaría Administrativa declarar desierto el proceso AD-SAS-22-03 del 2022, denunciando una falsificación en documento público y la falta de idoneidad por parte de uno de los oferentes.

La Unidad Investigativa de Vanguardia revisó la documentación presentada por la Unión Temporal Impresos & Diseños, oferente ganador de la controvertida subasta inversa, y pudo constatar que efectivamente existen varias inconsistencias en la documentación presentada por los integrantes de la alianza empresarial.

La primera inconsistencia tiene que ver con la factura que presentó Distribuciones Quintero Cristancho SAS para sustentar su propiedad de la máquina de 102 X 72 centímetros exigida en el pliego de condiciones de la subasta inversa, y por la cual muchos de los oferentes desistieron de competir en el proceso. Según el archivo de la Gobernación, Distribuciones Quintero Cristancho licitó para quedarse con los contratos de impresos de la administración departamental de las vigencias 2020 y 2022. En ambos procesos, la firma presentó una factura para validar la propiedad de la máquina de 102 X 72, si bien se trataba de la misma factura, el valor de la misma cambió drásticamente, es decir, habría sido adulterada.

$1.900

millones fue el costo del contrato de impresos de la Gobernación de Santander para la vigencia 2022.

Mientras en el recibo presentado en 2020 Distribuciones Quintero Cristancho afirma que compró la máquina de 102 X 72 offset marca Heidelberg modelo 10227, por valor de USD$154,500; para el proceso del 2022 presentó la misma factura, solo que valor que aparece es de USD $59,000.

Esta no sería la primera ocasión que Distribuciones Quintero Cristancho habría acudido a este tipo de maniobras para quedarse con los contratos públicos. Ya en años anteriores se había denunciado la misma adulteración de facturas, tal y como queda en evidencia en los archivos de las licitaciones para el suministro de impresos y diseños de la Alcaldía de Floridablanca, en el 2019, y la Gobernación de Santander en el 2020.

Mientras con la factura de venta 0735, la firma La Bastilla Soluciones integrales SAS, Distribuciones Quintero Cristancho acreditó ser dueño de una máquina intercaladora por valor de $68 millones, con esa misma factura pero para el proceso de la Gobernación 2020, Distribuciones Quintero Cristancho acreditó ser propietario de un plotter de impresión, también por $68 millones.

Situación similar ocurrió con la factura 1081 de La Bastilla, con la cual Distribuciones Quintero Cristancho acreditó la propiedad de una laminadora por $38 millones en Floridablanca, pero en el proceso de la Gobernación la factura 1081 de La Bastilla Distribuciones Quintero Cristancho informó ser propietaria de una pegadora industrial automática, por $38 millones.

Según el Rues, Fabio Cristancho Valderrama es socio y propietario de La Bastilla Soluciones integrales SAS y de Distribuciones Quintero Cristancho, en otras palabras, se autofacturaba según la necesidad de cada proceso.

Además, la denuncia radicada en la Gobernación en plena etapa de evaluación de propuestas del proceso AD-SA-22-03 de 2022, señala que la firma Distribuciones Quintero Cristancho falsificó la planilla de N° 9459554993 con la cual acreditó estar al día en sus aportes parafiscales. Según Aportes en línea, dicha planilla no era real, por lo cual, Distribuciones Quintero Cristancho, según las denuncias, también habría adulterado documento público.

Vanguardia intentó comunicarse con Néstor Arias Quintero, representante legal de Distribuciones Quintero Cristancho, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Contratista paralelo

Si bien sobre el papel ninguna de las cuatro empresas que integran las dos uniones temporales que se presentaron a la subasta inversa parecen tener una relación directa o comercial con las empresas de las esposas de Liliana Mateus Ortiz y Adriana Amaya, esto no habría impedido que las socias de Luis Alberto Gil, al parecer, se hubieran quedado una vez más con el contrato de impresos en la Gobernación.

“Debido al escándalo de que ellos (Grafikar) siempre se ganan el contrato de los impresos, ellos nos llamaron a nosotros para que nos presentáramos en el proceso de los impresos de la Gobernación. La idea era que nosotros nos ganáramos el contrato pero ellos eran los que lo facturaban y cobraban. Nosotros no aceptamos. Pero tengo entendido que le dijeron a varias empresas del medio”, confirmó a esta Redacción un vocero otra firma litográfica que pidió reserva de fuente.

Dicha versión fue corroborada por tres empresas más del sector.

Según consultas hechas en el gremio de litografías del área metropolitana, la única empresa que se prestó para tal fin fue Comred, una firma que no tiene ninguna experiencia en el sector pero que es la mayor accionaria de la Unión Temporal que se ganó el contrato de impresiones 2022 de la Gobernación.

El Registro Único Empresarial, consta que Comred SAS tiene como actividad principal el suministro de utensilios domésticos, comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática, farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, además de organización de convenciones y eventos comerciales. Nada relacionado con la impresión y diseños de piezas gráficas, que era el objeto contractual de la subasta AD-SA-22-03 del 2022.

En los 88 contratos que actualmente registra en el Secop con diferentes entidades públicas de la región y del país, en ninguno de ellos Comred tiene como objeto la impresión y diseño de piezas gráficas, incluso en la experiencia que presentó Comred a este proceso y que es acreditada a través del Registro Único de Proponentes, en ninguno de los contratos que ejecutó tenían como objeto la impresión, requisito habilitante de la subasta inversa de este contrato.

Comred es representada legalmente por Claudia García Blanco y Édgar Jerez Lizarazo.

La Unidad Investigativa de Vanguardia, pudo comprobar que la sede de Comred es una casa ubicada un barrio residencial de Bucaramanga.

Le puede interesar: Unidad Investigativa: El supercontratista de viviendas rurales en Santander

¿Adulteración renuente?

Las denuncias de presunta falsificación de documentos por parte de los oferentes para poder quedarse con millonarios contratos de impresión en la Gobernación de Santander al parecer es una actividad renuente.

Según el portal la Silla Vacía, cada año en que Grafikar se presentó para el contrato de impresiones de la Gobernación, lo hizo acreditando la propiedad de unas impresoras, a través de una serie de facturas de compra de dichos equipos.

Según la investigación periodística, cinco facturas que Grafikar presentó en la subasta de 2015 (la primera que se ganaron), figuran con una fecha anterior a la resolución de facturación de la DIAN que supuestamente las autoriza.

Pero lo más llamativo es que en 2018, cuando fue Distrimacro la empresa ganadora, presentó una factura de una impresora con número de venta 00004668. Ese mismo número de factura, por la compra del mismo tipo de impresora al mismo proveedor, lo presentó Grafikar en el contrato de este año que ganó la empresa con el gobierno Aguilar pero con otra fecha.

Es decir, Distrimacro y Grafikar (ambas firmas de las esposas Liliana Mateus Ortiz y Adriana Amaya, socias de Gil), dos empresas que se supone son diferentes, compraron la misma impresora al mismo proveedor, y aunque tienen fecha y el valor son distintos, el número de la factura de compra resultó siendo el mismo.

Sin respuesta

A pesar de las observaciones de los oferentes, el 28 de marzo, quince días después de radicadas en la ventanilla única las denuncias contra el proceso, la Secretaría Administrativa departamental legalizó el contrato con la Unión Temporal Impresos & Diseños por valor de $1.900 millones para ser ejecutado en seis meses.

Vanguardia intentó comunicarse en varias ocasiones con Camilo Arenas, secretario Administrativo de la Gobernación y quien estuvo al frente de este proceso licitatorio, pero evitó referirse al mismo, a las denuncias de las presuntas irregularidades o a detalles de la adjudicación.

Súper contratistas EN Floridablanca

Al igual que Grafikar en la Gobernación de Santander, Vanguardia pudo constatar que Distribuciones Quintero Chaparro es un súper contratista de suministro de impresos y diseños en el municipio de Floridablanca.

Según el registro del Secop desde el 2016, iniciando el gobierno de Héctor Mantilla, e incluso en la actualidad, cerca de tres años del gobierno de Miguel Ángel Moreno, Distribuciones Quintero Chaparro ha suscrito por cuenta propia y en consorcio contratos por cerca de $10 mil millones para impresos y diseños en ambas administraciones.

Pero el poder contractual de Distribuciones Quintero Chaparro no se remite únicamente a la administración local de Floridablanca sino que además se expande a otras entidades descentralizadas de esa población del área metropolitana, como la Dirección de Tránsito, la Clínica Guane y la Empresa Municipal de Aseo, Emaf, entre otras.

Curiosamente, desde el 2020 tanto en la Alcaldía de Floridablanca como en la Gobernación de Santander, los hermanos Óscar Arenas y Camilo Arenas, son los que lideran las licitaciones de los contratos de impresos y diseños en el Municipio y el Departamento, respectivamente.

En medio de denuncias de falsificaciones y direccionamientos Gobernación de Santander entregó millonario contrato de imrpesos.

Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí y únase a nuestro canal de Whastapp acá.
Image

Unidad encargada del periodismo Investigativo y de datos de Vanguardia.

La Unidad Investigativa, fundada por Silvia Galvis Ramírez, ha sido merecedora en diversas ocasiones del máximo galardón de periodismo en Colombia, el Premio Simón Bolívar, así como de otros reconocimientos a nivel nacional y local.

Miembro de la Red Nacional de Chequeadores con NoSeaPingo.

Conozca otros trabajos publicados por la Unidad Investigativa.

@vanguardiacom

unidadinvestigativa@vanguardia.com

Lea también
Publicidad
Publicidad
Noticias del día
Publicidad
Tendencias
Publicidad
Publicidad