La Gobernación de Santander asumió un papel clave en las mesas de diálogo para acelerar los ajustes catastrales que reclamaban comunidades afectadas por el aumento de los avalúos.
Una crisis que llevó semanas de bloqueos viales, protestas campesinas y hasta el cierre de corredores estratégicos en Santander durante el mes de abril, encontró en las últimas semanas una salida que pocos esperaban fuera tan rápida.
Detrás de esa salida hay un nombre que se repite en las mesas técnicas del departamento, el del secretario de Planeación, Diego Tamayo Salcedo, quien habló sobre el proceso que permitió destrabar uno de los conflictos sociales más agudos que ha vivido la región en los últimos años.
El origen del malestar se remonta a comienzos de este año, cuando la actualización del Catastro Multipropósito disparó los avalúos catastrales en decenas de municipios santandereanos y en todo el país, con incrementos que en varios casos superaron el 200 por ciento frente al año anterior.
Propietarios rurales y urbanos vieron cómo sus predios se valorizaban en el papel muy por encima de su valor real, lo que se tradujo en un impuesto predial impagable para muchas familias campesinas y en el temor de perder subsidios y programas sociales por un supuesto aumento patrimonial que nunca existió en la práctica. Lea también: “Se levanta el paro en protesta por el catastro rural”: Gobernador de Santander anuncia acuerdo
Bloqueos que pusieron en jaque la movilidad del departamento
La inconformidad escaló hasta convertirse en un paro con bloqueos simultáneos en puntos como el peaje de Lebrija, la vía al aeropuerto Palonegro, el corredor San Gil-Pinchote y la Transversal del Carare, entre otros.
La crisis llegó a afectar incluso la operación aérea y dejó episodios extremos, como el de una mujer que tuvo que ser atendida en plena vía bloqueada mientras era trasladada a un centro de salud. Ante ese panorama, la Gobernación de Santander decidió asumir un papel protagónico, pese a que la actualización catastral no es, en estricto sentido, una competencia departamental.
Según explicó Tamayo Salcedo, la decisión de intervenir nació de la imposibilidad de mirar hacia otro lado frente a las dificultades de los municipios.
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El funcionario relató que fue el propio gobernador de Santander el general retirado Juvenal Díaz Mateus quien llevó la propuesta a Bogotá para que los ajustes pudieran tramitarse desde las territoriales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no solo desde el nivel central, una modificación que fue aceptada en la mesa de diálogo nacional y que aceleró de manera significativa los tiempos de respuesta. Además: ¿Cómo avanza la revisión del Catastro Multipropósito tras protestas por aumento de avalúos?
Un balance que roza el 90 por ciento de los municipios atendidos
El secretario de Planeación aseguró que el resultado ha sido contundente. De los 66 municipios que hacían parte del bloque inicial de actualización masiva, 37 ya cuentan con sus nuevos valores catastrales ajustados y uno más se encuentra en revisión final, mientras que buena parte de los restantes manifestó que no requería modificaciones adicionales.
“Podemos decir con mucha tranquilidad que cumplimos a los santandereanos y que en un escenario tan complejo, tan de tanta confrontación, de tanta preocupación por parte de la gente”, señaló el funcionario, quien insistió en que el problema iba más allá del recibo del predial, pues los sobrecostos en los avalúos también sacaban a familias vulnerables de programas como el Sisbén o las exponían a sanciones tributarias que no correspondían a su realidad económica. Además: Bloqueos viales en Santander y carta a Petro: ciudadanos reclaman cambios urgentes al catastro
Tamayo Salcedo adelantó además que la gestión no se detiene allí. La Gobernación ya prepara una jornada de acompañamiento el próximo 24 de septiembre en Málaga, dirigida a los diez municipios que fueron actualizados bajo un enfoque multipropósito distinto y que presentan dificultades propias, entre ellos Chipatá, Vélez, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Cimitarra.
Según el funcionario, la meta es cerrar antes de que termine el año el bloque completo de los 66 municipios iniciales y avanzar durante el próximo año en los 15 restantes, entre actualizaciones multipropósito y municipios piloto, hasta completar los 81 que tienen al IGAC como gestor catastral en el departamento.
