Hace un mes miles de bumangueses marcharon para defender el agua y el Páramo de Santurbán de los efectos que la minería de multinacionales generaría en este ecosistema. Lo que muchos no conocen a detalle es que el desastre ambiental ya ocurre en Santander, pero por causa de la minería ilegal. Sus efectos se registran en toda una montaña que perdió sus bosques, en California, Soto Norte.
Publicado por: Unidad Investigativa
Ubicar cada una de las entradas a las minas no es una tarea sencilla. Se trata de una inmensa montaña cuya piedra es desfigurada a toda hora por explosiones y golpes de porras. Esta mañana, por ejemplo, se han escuchado 12 detonaciones. El terreno es dominado por un color marrón arenisco, propio de los suelos desérticos. Unas pocas áreas de tierra verde permanecen intactas. Décadas atrás, esta zona lucía diferente. Bosques de robles y cedro nogal dominaban todo este campo. Tales arboledas aún someten otros suelos de la provincia de Soto Norte, en territorio de Santander. A esas áreas aún no llega la minería ilegal, pero existe el riesgo que pueda suceder.
Este cerro seco, de aproximadamente unas 300 hectáreas, esconde entre peñasco más de 200 entradas a minas, muchas de ellas con una profundidad menor a los 50 metros. Inicialmente mineros ilegales de la zona los abrieron, pero con la llamada “fiebre del oro”, llegaron ‘galafardos’ de otras regiones de Santander, Norte de Santander, Antioquia y especialmente migrantes. Hace unos meses el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, alertó la presencia de hombres que serían del Clan de Golfo en el área de las minas. Afirmación que confirman con temor residentes de California al señalar que “ellos pasan en carros último modelo, andan armados, contratan mineros y sacan material que se llevan de aquí…”.
De estas minas ilegales, en los últimos siete años, han salido de forma ilegal toneladas de oro y plata, que abastecen el mercado ilícito de estos metales en el oriente colombiano. Todo bajo la más completa impunidad de las autoridades ambientales y el gobierno nacional, que conocen a detalle el fenómeno de la minería ilegal en esta parte de Santander.
A esta situación se le suma la pasividad de una sociedad en Bucaramanga que si bien defiende el Páramo de Santurbán y protesta contra un posible licenciamiento a una multinacional para extraer metal, no se pronuncia de igual forma en contra de las mafias que operan en esta área de la provincia de Soto Norte, devastan esta montaña y generan contaminación ambiental. Por citar un ejemplo, a la fecha no hay registros de una sola marcha en contra de la contaminación con mercurio y cianuro en la quebrada La Baja y los ríos Vetas y Suratá, que están conectadas a la cuenca hídrica que nace en el Páramo de Santurbán y que abastece el Acueducto de Bucaramanga.
Por ser una actividad ilegal no hay registros oficiales de extracción de oro y plata, pero en el recorrido que la Unidad Investigativa de Vanguardia hizo en las últimas semanas pudo constatar que en más de una ocasión se han extraído hasta 10 kilos de oro en una semana de solo uno de los socavones de esta montaña desierta. Para entender la dimensión de lo lucrativo que puede ser esta actividad ilegal en esta zona del municipio California, usted debe saber que en la actualidad un gramo de oro (una diminuta pepa de un milímetro espesor) se paga en el mercado en $394.158, es decir, que las utilidades de los mineros ilegales estarían por el orden de $3.941 millones por un trabajo que puede tardar entre ocho y 15 días.
¿Soto Norte es un territorio sin autoridad frente a la minería ilegal?
Entre 1990 y 2008, la minera canadiense Greystar adquirió 13 títulos que abarcan más de 30 mil hectáreas en esta zona. El proyecto se denominó Angosturas. En este periodo ocurrieron además de graves afectaciones a la seguridad de la región, por la presencia de grupos armados ilegales, decisiones de los gobiernos de turno y movimientos sociales contra la idea inicial de explotación a cielo abierto.
La multinacional canadiense Eco Oro asumió este proyecto y cambió el plan de extracción de cielo abierto a subterráneo, con el cual esperaba una producción anual de 222 mil a 303 mil onzas de oro durante 10 años con una tasa anual de 269 mil onzas. No obstante, el 29 de marzo de 2019 la empresa canadiense renunció a su contrato de concesión N° 3452 con el que buscaba extraer cerca de 10 millones de onzas de oro en el área de influencia del Páramo de Santurbán. La multinacional argumentó que las medidas adoptadas por el Estado para delimitar la zona del Páramo de Santurbán, entre otras razones, hicieron inviable su proyecto, por tal motivo decidió renunciar. Por citar un ejemplo, la resolución 2090 de diciembre de 2014 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitó el ecosistema, dejó ‘maniatada’ a Eco Oro para ejecutar su proyecto Angostura, que se encontraba dentro de esta área.
La renuncia de Eco Oro fue declarada viable por la Agencia Nacional Minera el 13 de mayo de 2019, mediante resolución N° 0365 y el 10 de diciembre de 2019 fue registrada oficialmente la terminación del título minero. Así finalizó la intervención de la multinacional, que estuvo durante más de 20 años en fase exploratoria en el área de influencia del Páramo de Santurbán e invirtió cerca de 250 millones de dólares, sin extraer un gramo de oro. Con esta decisión, le correspondía al gobierno nacional asumir el control de toda esta área, es decir, la actual montaña desértica.
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La Unidad Investigativa de Vanguardia pudo verificar que cuando Eco Oro abandonó la zona, se registraban construido tres túneles exploratorios, ‘Veta de Barro’, ‘La Perezosa II’ y ‘Fuego Verde’, y se adelantaron trabajos de exploración en 24 túneles más artesanales ya existentes. Además, Eco Oro reportó a los ministerios de Minas y Ambiente la existencia en ese entonces de 39 bocaminas ilegales, para un total de 66 minas en toda la montaña. Cinco años después, la cifra de socavones se triplicó, mientras el número de mineros ilegales, entre locales y foráneos, se quintuplicó y sigue cada vez en aumento.
Un minero de California le dijo a Vanguardia que de niño visitaba esta montaña. “Toda el área estaba cubierta de bosques. Era una zona toda verde. Hoy usted camina, como ahora, y es un peñasco de desierto. Toda esta zona es un desorden es total. Usted fácilmente cuenta a 600 personas trabajando de día y de noche en las minas. Mal contados hay más de 200 bocaminas. En cada socavón trabajan cinco personas en promedio. Muchas de las minas ilegales están por encima de la línea del Páramo de Santurbán, es decir, aquí desde hace años se saca oro del Páramo de Santurbán y nadie dice nada. Todo el mundo los sabe y no pasa nada. Uno se ríe de las marchas que hacen para proteger el Páramo de Santurbán en Bucaramanga, ellos parece que no saben la tragedia ambiental que ya se vive en esta zona… No conocen como se está secando esta montaña…”.
Otro habitante más de California, también dedicado a la minería, asegura que “esta montaña es de todos y de nadie. Estas son tierras del gobierno, pero el gobierno no viene por acá. Nadie controla. Cualquiera que llegue se puede meter, abrir su socavón, sacar las ‘maletas’ (piedra en sacos que será triturada y mezclada con mercurio para obtener el oro) Mire no más las minas de Eco Oro, en el papel están cerradas, pero en la práctica hay gente sacando material las 24 horas del día, todas las semanas…”.
A pesar de que desde 2019 Eco Oro se fue de la zona, el cierre administrativo y el retiro de los equipos de la zona aún no se materializa. Menos aún, la definición de los pasivos ambientales a pagar por el impacto de esta exploración. Es decir, en la zona, desde que se fue la multinacional, todo sigue igual. Siguen la misma infraestructura.
El proceso para el plan de cierre de la mina estuvo a cargo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb. No obstante, nunca se avanzó con celeridad. Vanguardia, al revisar los archivos, encontró que Eco Oro radicó el 5 de julio de 2019 ante la Cdmb, según oficio N°10144, un “plan de cierre, desmantelamiento y abandono del contrato de concesión N° 3452″, pero solo hasta el 1 de marzo de 2022, la Cdmb, mediante radicado N° 1805 dio respuesta, es decir, dos años y cinco meses después del documento de Eco Oro. Esta y otros elementos hicieron que el 28 de noviembre de 2023 la Autoridad de Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, asumiera este proceso de cierre, quitándole la competencia a la Cdmb.
Según la resolución N° 1293 del Ministerio de Ambiente, dentro de los impactos ambientales negativos identificados por el ANLA se encontró que “la infraestructura minera no se ha desmantelado y no se han hecho actividades de reconformación y revegetación necesarias… al igual se han identificado proceso de remoción de masas (derrumbes). Además, los túneles al no haber sido cerrados técnicamente y ambientalmente generan vertimientos y disposición inadecuada de material en la zona afectando el ecosistema…”.
Pero el diagnóstico de la ANLA va más allá al “identificar la proliferación de trabajos de minería irregular en los túneles (de la antigua Eco Oro) que dan cuenta de los inminentes riesgos asociados a la explotación de manera irregular. Ninguna mina cumple con los requisitos mínimos para operar y que su operación de manera irregular repercute entre otros en accidentes fatales, como el ocurrido en julio de 2023 donde un hombre perdió la vida (en esta montaña) presuntamente por la manipulación de explosivos”, señala un documento del Ministerio de Ambienta.
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Al respecto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad González, le dijo a Vanguardia que la ANLA avanza en el cierre de este proceso de cierre de Eco Oro, pero no definió una fecha para materializar esta decisión. Tampoco explicó la logística necesaria para cerrar 200 túneles. No obstante, la funcionaria agregó que “se interpondrán denuncias penales por irregularidades encontradas en el proceso que adelantó la Cdmb. Preferiría referirme en detalle una vez se saquen los actos administrativos respectivos”.
Mafias dan órdenes en esta montaña de California, Santander
La zona minera se ubicada a unos 12 kilómetros del parque principal de California. Allí se llega a la falda de la montaña. De este punto se sube por un camino angosto hasta terrenos del Páramo de Santurbán. La carretera está en regulares condiciones, y en algunos tramos se torna riesgosa por la lluvia que cae con regularidad en esta zona ubicada a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. En algunos puntos han instalado placas huellas para mejorar la tracción de las volquetas que salen con la roca que extraen de las minas ilegales. Todos los días, a toda hora, se observan a personas subir y bajar por la montaña en motocicletas. Los hombres se movilizan protegidos por ruanas o gruesos sacos. Algunos llevan pasamontañas para soportar el frío del Páramo de Santurbán, donde fueron abiertos varios socavones. El movimiento no para, aún en la noche y madrugada.
A los largo de la carretera se observan grupos entre cinco y 15 motocicletas estacionadas en varios tramos junto a la entrada de las minas. Cada vez son más frecuentes, según los californianos, no solo foráneos, sino menores de edad, que deciden aventurarse a sacar oro de una mina.
Una residente de California aseguró que existe cada vez una mayor preocupación por la deserción escolar en la zona. “Son varios los muchachos que salen del colegio, o que se gradúan y no quieren seguir estudiantes por ser mineros ilegales. Muchos afirman que no vale la pena estudiar seis años, cuando se puede ir a una mina y ganar un par de millones de pesos. Los muchachos se acostumbran a tener dinero y comprarse una moto. Es triste verlos subir todos los días a las minas cuando deberían estar estudiando. Eso sin contar que cada vez es más frecuente en el consumo de drogas, algo que hace años no veíamos…”.
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Y son lo más jóvenes e inexpertos los que mueren en este oficio lucrativo, pero riesgoso. El pasado 15 de mayo murieron tres personas, incluido un menor de edad, y 10 hombres más resultaron afectados por inhalación de monóxido de carbono en una mina ilegal ubicada en el sector conocido como La Alta de la vereda Angosturas, ubicada a una media hora del pueblo. Esta zona pertenecía al proyecto de la multinacional canadiense Eco Oro. En este lugar murieron Luis Fernando Pérez García, de 25 años de edad; Carlos Estiben Gil Zapata, de 29 años, y César Yon Luis Castillo Ramos, venezolano y 17 años de edad, pero quien llevaba más de una década residiendo en la región. En cuanto a los heridos, las autoridades aseguraron que siete eran colombianos y oriundos de Venezuela. Estas personas tienen edades que oscilan entre los 18 y 36 años de edad.
Sobre esta emergencia en el socavón, Fabio Maldonado, director del Gran Pacto Social Por California y líder de los mineros tradicionales de la región, lamentó lo ocurrido. No obstante, aclaró que estas personas “no eran mineros con tradición. Si usted mira, todos son muy jóvenes y carecían de la experiencia para realizar estos trabajos. Esta no es una labor sencilla. Se necesita experiencia. A ellos se les ocurrió meterse a la mina en busca del oro y ocurrió la tragedia…”.
A su turno, Ludwig Guerrero, de 43 años, presidente de la asociación de mineros Asomichitareros, aseguró que este era un socavón que se estaba explorando desde hace unos cinco o siete meses atrás, es decir, es relativamente nuevo. Además, admitió que buena parte de las personas involucradas en la emergencia, por su juventud, no hacen parte de los llamados mineros ancestrales de California.
“Ellos encendieron una motobomba para sacar el agua. Se confiaron (porque el equipo estaba al interior del socavón y no es apto para esta minería subterránea). El gas tiende a meterse al fondo de la mina. A ellos los encontraron a unos 30 metros de profundidad. Murieron sin conocer el oro, porque esa mina no había dado nada de oro”.
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A lo largo del camino, que sale de California y llega hasta la falda de la montaña, se ubican algunas viviendas. En su gran mayoría todas tienen dos características. La primera, es que una parte de la estructura de la casa está cubierta por una polisombra, que esconde el molino eléctrico donde se tritura la piedra que sale de la mina en sacos llamados “maletas”. Aquí es donde para separar el oro se utiliza el mercurio.
Usar mercurio en la minería para la extracción de oro es ilegal en el país. Desde el lunes 16 de julio de 2018 Colombia prohibió el uso de este metal, de acuerdo a la ley N°1658. La norma se expidió debido a los impactos ambientales en el aire, el agua y el suelo que ponen en riesgo los ecosistemas y la salud de las personas expuestas a esta sustancia, tanto de manera directa por parte de los mineros, como indirecta, en relación a sus entornos familiares, zonas comunitarias y ecosistemas aledaños.
La principal fuente de agua que abastece a Bucaramanga registra graves episodios de contaminación por metales tóxicos altamente letales para la salud humana. No es una exageración. Al menos, en los últimos 50 años, enormes cantidades de mercurio fueron liberadas de forma irresponsable en el río Suratá, producto de la minería ilegal ubicada en los municipios de Vetas y California, en el área de influencia del Páramo de Santurbán, en Santander.
Buena parte de ese material tóxico sigue en la actualidad en la montaña, represado en relaves, como se le denomina al conjunto de desechos de procesos mineros con concentración de minerales, sin el debido aislamiento técnico y con alta vulnerabilidad a que las lluvias los arrastren a quebradas, ríos y acuíferos. Se estima que en el proceso de extracción ilegal de oro se utiliza en esta zona de Santander, en promedio, cinco gramos de mercurio por cada gramo de oro que se obtiene. La mayoría de estas casas tiene ubicado en su frente a varias “maletas” que contienen relaves.
La segunda característica de estas casas, es que todas guaran los relaves, en lugar de abandonarlos en las riberas de las fuentes hídricas. Uno de estos residentes le dijo a la Unidad Investigativa de Vanguardia que estos relaves se acumulan y una vez al mes vienen personas a comprarlos. “Ellos toman una muestra y la analizan. En estos desechos aún queda oro y plata que se puede sacar. Los llevan fuera de Santander y por una volqueta pueden pagar entre $3 millones hasta $70 millones, dependiendo de la concentración de oro que tengan. Ese también es un buen negocio…”.
El oro mueve la economía ilegal de la zona. Se estima que 15 personas, muchos de ellos con propiedades en zonas exclusivas de Bucaramanga, manejan “la mafia” que controla la explotación de oro en esta montaña.
Estas personas, a quienes se les conoce por apodos, son quienes financian la extracción a mediana escala para obtener millonarias ganancias. Así lo relató un minero de California.
“Estas personas contratan a la gente que va para las minas. Ellos hacen una inversión promedio de unos $200 millones para hacer un avance de unos 150 metros. Puede que encuentren la veta de oro o puede que no se saque nada y se pierde la inversión. Esa plata inicial va destinada para compra de insumos, comida, equipos y todo lo que representa mover el mineral. Le pongo un ejemplo, en toda mina se necesitan explosivos y mercurio. Aquí se consiguen. Por los explosivos se paga $14 millones en el mercado ilegal, cuando usted, en regla y con papeles, en Bucaramanga le valen $3 millones 500 mil. Igual pasa con el mercurio. Este es el único camino por donde sube todo de Bucaramanga, por acá pasan explosivos y mercurio sin que nadie, aparentemente, se da cuenta. Eso no lo cree nadie. Si usted se fija, cuando capturan a alguien con mercurio o explosivos, son mineros informales. A los grandes traficantes, nunca los tocan y uno se pregunta por qué será...”, aseguró el minero.
Incertidumbre sobre el futuro de la minería en Soto Norte
Mientras usted lee este artículo, en esta montaña del municipio de California se sigue extrayendo piedra para molerla y obtener oro y plata, en una región que al año mueve millones de dólares, según el Observatorio Colombiano de Minería. En medio de este caos, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, estuvo el 12 de junio pasado en el municipio de California. En una gran reunión con los mineros de la región aseguró que “los túneles de Eco Oro se deben cerrar, ya que representan un riesgo para las personas. Parte del título de Eco Oro estaba en el área del Páramo de Santurbán y allí no se puede hacer minería. Sin embargo, de estos túneles salen grandes cantidades de oro. Esos túneles deber cerrarse de forma inmediata…”. Sin embargo, cinco meses después todo sigue igual en la zona.
En la misma reunión, la Ministra de Ambiente buscaba socializar el efecto tendrá en la región el Decreto N° 044, que entró en vigencia en enero pasado, que crea las zonas de reservas naturales temporales. Este decreto señala que una vez una zona es declarada como reserva, se prohibirá la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en dicha área. En uno de sus apartes se señala que las áreas delimitadas pueden “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”. La vigencia de estas áreas de reserva será de cinco años, con una prórroga de otro periodo igual.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, en entrevista con Vanguardia, explicó que de las 24.300 hectáreas de Soto Norte que tienen títulos mineros vigentes o solicitudes de títulos mineros, 18.500 hectáreas están en zonas con determinantes ambientales, es decir, áreas protegidas porque se tratarían de ecosistemas de importancia ambiental o cuentan con valores de conservación de recursos hídricos que surten acueductos. Es decir, 76,1 % del territorio minero de Soto Norte se congelaría para actividad minera. Hace un mes, en dialogo, con Vanguardia, Lilia Tatiana Roa Avendaño, viceministra de Ambiente, aseguró que antes que finalice este año, se declararían en la provincia de Soto Norte estas áreas de reserva.
Al respecto, el director del Gran Pacto Social Por California y líder de los mineros tradicionales de la región, Fabio Maldonado, aseguró que este decreto condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que por años han intentado formalizarse en Santander. “No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la Ministra de Ambiente cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga. Ellos no nos representan. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio y nos está condenando a la ilegalidad…”, indicó Maldonado, al referirse a una población de 1.300 mineros, que en la actualidad subsisten de la minería informal en el territorio. “Nos quedaríamos sin trabajo”, denuncian.
A su turno el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que organizó el pasado 18 de octubre una marcha por las calles de Bucaramanga, reclama que se decreten de forma inmediata las áreas de reserva en Soto Norte, pero no habla de la suerte que tendrían estos mineros en la zona, al tiempo que aseguran que esperan que el Ministerio de Ambiente cierre las antiguas minas de Eco Oro y toda aquellas que amenacen contaminar el agua del Páramo de Santurbán. Una de las zonas más ricas biodiversidad del país, que en lo profundo de sus túneles ilegales, suenan sin parar explosiones, cuyo sonido rasga este bonito cielo sin consuelo.
