De hogar a negocio: el riesgo legal de improvisar tiendas en apartamentos de Bucaramanga. Averiguamos sobre el tema.
En Bucaramanga, cada vez es más frecuente que propietarios o arrendatarios destinen sus apartamentos a actividades comerciales sin cumplir con los requisitos legales ni las normas de convivencia de sus conjuntos residenciales.
Y es que lo que empieza como una iniciativa para generar ingresos adicionales puede convertirse en un problema legal y comunitario.
El tema se disparó durante la temporada de pandemia, en donde muchas personas comenzaron a armar sus propios negocios, como una forma de rebusque.
Un caso reciente ocurrió en un edificio de Cabecera del Llano, donde un propietario convirtió su apartamento en una improvisada tienda. Los vecinos se quejaron por el ruido, la entrada constante de clientes e incluso el uso de zonas comunes como parqueadero de visitantes.
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La administración inició un proceso sancionatorio interno, amparado en el reglamento de propiedad horizontal, y notificó al residente para que corrigiera la conducta. Como no hubo respuesta, la asamblea de copropietarios decidió imponer una multa equivalente a una cuota de administración.
Lo que dice la ley
Este tipo de sanciones son solo la primera línea de control. De acuerdo con la normatividad vigente, destinar un inmueble a un uso distinto al permitido sin la debida licencia puede acarrear sanciones urbanísticas que, en casos graves, superan los 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), según lo dispuesto en la Ley 810 de 2003 y al Código Nacional de Convivencia (Ley 1801 de 2016), donde se podrán imponer comparendos y medidas correctivas cuando la actividad afecte la tranquilidad del vecindario o altere el orden público.
Las sanciones, entonces, pueden venir de tres frentes distintos: 1. Las internas del conjunto residencial; 2. Las urbanísticas impuestas por la Oficina de Planeación; y 3. Las correctivas existentes en el Código de Convivencia Ciudadana. Según expertos, cada una de ellas tiene procedimientos, topes y formas de impugnación diferentes, lo que convierte estos procesos en un asunto serio que puede llegar a los estrados judiciales.
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Para tener en cuenta
Legalizar un negocio en una vivienda sí es posible, pero con requisitos claros. ¿Cuáles? El propietario debe tramitar el cambio de uso de suelo ante la alcaldía o la curaduría con la autorización del 70 % de los coeficientes de copropiedad, protocolizarlo en escritura pública y registrarlo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Mientras ese trámite no se cumpla, la vivienda mantiene su carácter estrictamente residencial.
El llamado de las autoridades es a no improvisar. Lo que puede parecer una “buena idea” para aprovechar un espacio residencial puede terminar costando mucho más en multas, demandas y conflictos vecinales.
¿Algunos de sus vecinos armaron negocios dentro de su conjunto residencial de manera ilegal? Cuéntenos su caso a través de la sección del Defensor de la Comunidad y al correo electrónico: eardila@vanguardia.com
