Ordenan la suspensión de obras de construcción y demolición en este céntrico sector de Bucaramanga.
Las reiteradas denuncias de historiadores, gestores culturales, defensores del patrimonio y ciudadanos preocupados por la preservación de la memoria histórica de Bucaramanga comienzan a dar resultados. La Secretaría del Interior y la Inspección de Policía de Bucaramanga ordenaron la suspensión inmediata de las obras de demolición y construcción que se adelantaban en los predios ubicados en las zonas que bordean la Casa Natal de Custodio García Rovira, en la carrera 9 con calle 35 esquina.
La decisión se produce en momentos en que crecía la preocupación por las intervenciones urbanísticas realizadas en un sector de alto valor histórico y cultural para la ciudad. Durante semanas, diferentes voces habían advertido sobre presuntas irregularidades en las obras y sobre los riesgos que estas representaban para el entorno de uno de los bienes patrimoniales más emblemáticos de Bucaramanga.
Entre quienes lideraron las alertas se encuentra el abogado especialista Arnulfo Basto Álvarez, reconocido por sus acciones jurídicas en defensa de la Casa Natal de Custodio García Rovira, declarada Bien de Interés Cultural de la Nación.
Desde hace años, el jurista ha insistido en que el progresivo deterioro de la histórica casona no puede atribuirse únicamente al paso del tiempo, sino también a la falta de acciones efectivas para garantizar su conservación.
La controversia tomó fuerza tras la presencia de maquinaria pesada y trabajos de intervención en el sector comprendido entre las carreras 8 y 9 con calle 35, mientras el inmueble histórico continuaba evidenciando un avanzado estado de deterioro.
Las denuncias fueron respaldadas por registros periodísticos y llamados de atención de distintos sectores académicos y culturales que reclamaban una actuación inmediata de las autoridades.
Según explicó Basto Álvarez, la orden de suspensión abre ahora la puerta a un proceso sancionatorio por presuntas infracciones urbanísticas relacionadas con la ausencia de licencia para demolición y construcción de obra nueva, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016.
De acuerdo con el procedimiento, los responsables tendrían entre 30 y 60 días para presentar la documentación requerida; de no hacerlo, podrían enfrentar sanciones por parte de la administración municipal. A ello se sumaría una eventual actuación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por posibles afectaciones a un bien de interés cultural de carácter nacional.
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La decisión representa un importante precedente para quienes han sostenido durante años que la protección del patrimonio exige vigilancia ciudadana permanente. También revive el debate sobre el futuro de la casa donde nació José Custodio Cayetano García Rovira, prócer de la Independencia y una de las figuras más relevantes de la historia regional y nacional.
La defensa de este inmueble no es nueva. Desde 2013 se han promovido acciones judiciales orientadas a garantizar su preservación. En 2015, el Ministerio de Cultura presentó el diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), en el que se planteó la necesidad de integrar la casona al centro histórico y desarrollar estrategias para su sostenibilidad. En 2016, gestores culturales realizaron manifestaciones para exigir su recuperación. Posteriormente, nuevas acciones judiciales fueron interpuestas en 2020 y, en 2021, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga decretó medidas cautelares para proteger la edificación.
En 2022, el Concejo de Bucaramanga autorizó al Municipio para avanzar en la adquisición del inmueble con el propósito de garantizar su conservación. Las autoridades incluso anunciaron proyectos para convertir el lugar en un espacio destinado a la cultura, la memoria histórica, la formación artística y el turismo patrimonial. Sin embargo, gran parte de esas iniciativas aún permanece en el papel.
La suspensión de las obras constituye hoy una señal de esperanza para quienes consideran que la defensa del patrimonio no puede seguir postergándose. Más allá de las eventuales sanciones, el caso demuestra que las denuncias ciudadanas, cuando están respaldadas por argumentos técnicos y jurídicos, pueden generar respuestas institucionales concretas.
La situación de la Casa Natal de Custodio García Rovira sigue siendo una deuda pendiente con la memoria colectiva de Bucaramanga. No obstante, la reciente actuación de las autoridades deja una lección clara: denunciar vale la pena cuando se trata de proteger la historia, la identidad y el patrimonio de una ciudad.
