miércoles 27 de marzo de 2019 - 12:00 AM

¿Por qué los jueces ordenan que el Alcalde de Bucaramanga sea arrestado 15 días?

El Mandatario Local, en poco más de tres años de gestión, no ha garantizado la cobertura del servicio de agua potable en el sector de Los Santos Bajos, situado sobre la vía a Matanza. Allí, 197 hogares se abastecen de una incipiente cisterna.
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Un humilde vecino del sector de Los Santos encontró en una acción de tutela la herramienta precisa para exigirle al Alcalde de Bucaramanga que cumpla la promesa de trabajar por la gente, esa que tanto anunció en campaña.

A través de dicha estrategia legal tuteló el derecho al agua potable de 197 familias residentes del sector, situado en la vía a Matanza.

Y de manera precisa, por desacatar este fallo y no garantizarles el preciado líquido al vecindario, este dirigente está a punto de lograr lo que los detractores del Mandatario no han conseguido en poco más de tres años de gobierno: sancionar al Mandatario.

¡En efecto! Tras del desacato de una tutela, interpuesta por el líder Omar Gómez Díaz, quien en representación de su comunidad le pidió al Mandatario conectar la red pública, los Magistrados Juan Pablo Silva Prada y Carmelo Tadeo Mendoza dicen que Hernández Suárez deberá pagar un arresto de 15 días y cancelar una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes de su propio pecunio.

Los jueces consideraron que el Jefe de Gobierno no atendió la tutela proferida por la Sala Constitucional que, desde el 31 de octubre de 2017, le ordenaba la prestación del agua potable a esa humilde comunidad.

La sanción se le imparte al Mandatario, además del desacato, por no haber gestionado una forma alternativa que garantice la cobertura del servicio público.

Según Ana Gregoria Medina, residente en este sector, “aquí nos abastecemos de un aljibe que queda como a 15 minutos de nuestras casas”.

Tras el consumo de esa agua, allí se padecen enfermedades tales como diarrea y erupciones en la piel. Irónicamente el sector queda justo al lado de una planta de tratamiento de agua del Acueducto.

En la decisión se ordenó trasladar copias a la Fiscalía con el fin de que se investigue si el desacato también constituye infracción penal y se dice que “el arresto deberá cumplirse en el sitio que sea designado por el Inpec”.

La Alcaldía respondió que “la decisión ya fue apelada bajo el argumento de que el mandatario no ha incurrido en incumplimiento y negligencia frente a las peticiones del accionante”.

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