Los audios revelados por la unidad investigativa de Noticias Caracol, a mediados de la semana, sobre las concesiones otorgadas al inicio del gobierno de Gustavo Petro al Clan del Golfo, por parte del entonces comisionado de paz Danilo Rueda, comprometiendo al Estado a hacer una purga de oficiales superiores, suspender operativos militares y frenar la extradición de sus comandantes, nos devolvieron de ‘golpe’ a nuestra realidad luego de la resaca que dejó la elección del nuevo presidente de Colombia, el abogado penalista y empresario Abelardo De La Espriella.
De inmediato volvimos a las ya acostumbradas declaraciones de funcionarios y exfuncionarios del gobierno saliente negando responsabilidades, justo en el plazo establecido por este mismo para concentrar en Tierralta (Córdoba), en una zona de ubicación temporal, a integrantes de la mayor organización criminal del país, para iniciar un plan de sometimiento en el marco de la política de paz total. Al mismo tiempo, el nuevo inquilino que ocupará la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto cerró la puerta a cualquier tipo de negociación con esta clase de actores armados, a quienes otorgó treinta días de plazo para someterse a la justicia.
Un estudio de la Universidad de Los Andes, conocido al mismo tiempo que el informe del noticiero de televisión, concluyó que, con base en esas ‘facilidades’, la respuesta de los grupos al margen de la ley fue aumentar exponencialmente delitos como la extorsión, en un 337 %; amenazas a las comunidades, en un 70 %, y el reclutamiento de menores, en un 168 %, formas menos detectables que los homicidios y las masacres, estos últimos condicionantes difíciles de ‘tragar’ por la opinión pública.
La ‘paz total’ fue, durante estos cuatro años, una ‘revolchina’ que, a diferencia del proceso de negociación con la guerrilla de las Farc, se caracterizó por estar más del lado oscuro, sin norte, a un costo que fue validado en las urnas el pasado domingo: la mayoría escogió una fórmula que prometió, por ejemplo, poner tras las rejas a diez cabecillas de estas bandas al término de los primeros noventa días de haberse instalado como gobierno.
Volviendo al informe de Noticias Caracol, una vez puesto al aire, el fuego de las barras bravas se dirigió a cuestionar qué llevó al noticiero a publicar la investigación luego del balotaje en segunda vuelta para elegir presidente y no antes. En ello no hay que confundir una decisión editorial con una intención política; ese puede ser un señalamiento de intencionalidad que no hace ningún favor a estas alturas cuando, lo hemos comprobado una y otra vez, la ‘paz total’ de Petro estuvo gobernada por los propios criminales mientras los funcionarios se dedicaban a la ‘lleva congelada’ y, cuando no, al ‘escondite americano’.
