La decisión fue adoptada luego de que la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer asociada a la Organización Mundial de la Salud, OMS, incluyera al glifosato en un listado de químicos probablemente cancerígenos para el ser humano. Desde 1994, año en el que se autorizó por primera vez el uso del herbicida para acabar de forma aérea con las plantaciones de coca en Colombia, un dictamen no había generado tanto revuelo como el de las últimas horas pues aunque si bien la utilización del químico había suscitado polémica por sus presuntos efectos en la salud y las plantaciones de pancoger, ninguna dependencia del Gobierno había dado abiertamente créditos a las denuncias de los campesinos de Nariño. Para el representante de las comunidades negras de Tumaco, Jairo Quiñónez, el pronunciamiento llegó en un momento clave para el municipio y el país, pues según él, no puede hablarse de paz en La Habana mientras se pone en tela de juicio la palabra de los campesinos. “Para nosotros, las víctimas del glifosato y de este conflicto, es una noticia muy importante porque una vez más queda demostrado que en las sugerencia de las comunidades siempre hemos tenido la razón con el tema del glifosato, que el Gobierno siempre negó y no estuvo dispuesto a que hiciéramos un estudio serio para conocer los efectos que podría generar en la salud de las personas y de los territorios”, manifestó. Las cifras Las cifras hablan por sí solas frente a la magnitud del problema en el puerto nariñense y el resto del departamento en general. Según uno de los más recientes informes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Unodoc, Tumaco es el municipio con más coca sembrada en el país ya que alberga 5.593 hectáreas del cultivo ilícito, lo que representa el 8,78 por ciento del total nacional. Daños incalculables Según el representante de las comunidades negras de Tumaco, Jairo Quiñónez, el narcótico, a diferencia de la creencia popular, ha traído más desdichas que beneficios para las poblaciones pobres, pues afirmó que el uso de glifosato incluso ha motivado el éxodo de cientos de familias campesinas a raíz del daño a sus cosechas de plátano, cacao y arroz y la violencia que genera el dinero fácil. Aseguró que no cree que se avecine una avalancha de demandas contra el Estado pero sí enfatizó que el Gobierno debe reconocer que se equivocó así como establecer un canal directo con los afectados por la utilización de este elemento químico. “El Gobierno tiene que hacer un espacio para hablar con las comunidades, reconocer públicamente todo este daño causado en los territorios. Sin necesidad de demandar, el Gobierno tiene que dialogar con la gente para llegar a acuerdos a ver cómo nos va a restituir el daño”, sostuvo. Para Franco Cesar Noguera Sánchez, director de la Umata en Tumaco, las razones que se esgrimieron en el tema de salud sería suficiente para parar las fumigaciones. “Acá en Tumaco ha sido afectado desde hace muchos años por lo cultivos de coca. Miles de hectáreas de plantaciones de coco, palma africana, yuca fueron afectadas por las fumigaciones. Esta es una buena noticia que en nuestra región la celebran miles de campesinos. Ojalá no sigan las aspersiones se busque por parte del Gobierno Nacional y departamental otras alternativas de erradicación”, dijo Noguera Sánchez. Denuncias por daños En las oficinas de la Umata en Tumaco, reposan más de 3.330 quejas por daños en los cultivos. “No ha habido una respuesta satisfactoria del Gobierno ni de la dirección antinarcóticos con respeto a este tema. Lastimosamente no solo son los cultivos los afectados sino los ríos, la fauna y la flora de la región. Es un área muy grande no solo de litoral sino de pie de monte el afectado, donde hay sembrada la coca. Algunos sitos son casi impenetrables”, agregó el director de la Umata. El funcionario agregó que los problemas fitosanitarios que afecta a la palma y al coco se pueden derivar del uso del glifosato. “Este tema del cultivo de coca ha agravado el conflicto, esto acarreó más violencia y la inseguridad sigue disparada en el puerto. Por eso, la incertidumbre es muy alta”, finalizó. Habría demandas Por su parte, el Representante Legal del Consejo Comunitario del río Mejicano, Apolinar Granja, indicó que el hecho de que haya demandas o no contra la Nación dependerá en gran medida de cómo el Ejecutivo llegue a acuerdos comunes con las personas que se han visto, según él, perjudicadas a raíz de la exposición al glifosato. “La Policía Antinarcóticos vino a jugar con la vida de nuestra gente porque no les importaba echarle el químico a la población civil, a las zonas para el consumo de agua, para ellos era un juego tirar esos insumos. Yo veo que nos tocará liderar un proceso para que el Estado se comprometa a que se haga un estudio y que podamos de una manera estar tranquilos. En un caso dado habría demandas con el Estado pues se expuso a la población a un envenenamiento lento y paulatino”, manifestó. Granja recalcó que Tumaco es el municipio en Colombia donde se evidencian más efectos derivados por la aspersión con glifosato, dijo que varios casos sobre daños en la salud de las personas han sido reportados a las autoridades locales. “La costa pacífica nariñense y sobre todo Tumaco es la población más fumigada, para nosotros es un temor al futuro muy grande. Los efectos han sido muy altos, hay un número elevado de personas que nacen con malformaciones. Hay afectaciones a la piel, entre otras cosas más”, puntualizó. El dirigente denunció que incluso las avionetas han pasado por zonas declaradas como libres de coca. “No entendíamos cómo si estábamos en planes de sustitución voluntaria se fumigan áreas sin coca. En esos casos las familias afectadas reportaban ante la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata”, finalizó. “Hay que redireccionar política” Tras conocer el pronunciamiento del Ministerio de Salud en el que recomienda suspender de forma inmediata el uso del glifosato, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, señaló que desde un inicio se mostró en desacuerdo con la utilización del herbicida para acabar la coca. “No tengo estudios ni pruebas científicas, pero hacía una reflexión de que si el Ecuador logró del Gobierno Nacional una compensación por la fumigación en áreas fronterizas le debió haber asistido a ese país razones técnicas para que Colombia hubiera reconocido esa indemnización”, puntualizó el Gobernador. Economía en las familias El Gobernador dijo que las comunidades ya habían hecho eco de los efectos del químico. “La fumigación no solo acaba temporalmente de coca sino también los de pancoger, de los cuales se alimentan las familias y esas si no tienen apoyo para volver a la economía legal vuelven a sembrar coca, emigran a la minería ilegal, se involucran en grupos armados, se agudiza el conflicto”. El mandatario seccional sostuvo en que esta coyuntura debe constituirse en una oportunidad de oro para replantear las luchas antidrogas y fortalecer los programas de concertación con los labriegos para acabar con este flagelo que ha atizado el conflicto en el departamento. “Ojalá esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud acogida por el Ministerio de Salud sirva para redireccionar la política frente a los cultivos ilícitos”, anotó. Defensoría respaldó suspensión en El Putumayo Entre tanto, la Defensoría del Pueblo respaldó la recomendación de suspender las fumigaciones con glifosato no sólo tras el anuncio del Ministerio de Salud sino también con base en una visita adelantada en la zona del bajo Putumayo, donde varias comunidades indígenas manifestaron sentirse perjudicadas por el uso del herbicida. En el recorrido, efectuado en resguardos de Puerto Caicedo, Orito y Villagarzón, en cumplimiento de una tutela interpuesta por los nativos ante la Corte Constitucional, los delegados del Ministerio Público recogieron testimonios de primera mano de los pobladores que anotaron efectos adversos por las aspersiones áreas. “Funcionarios estuvieron en la zona entre los meses de febrero y marzo de este año, cuando visitaron 10 comunidades en las que se encontraron 378 familias conformadas por 1.378 personas, de las cuales 486 son niñas y niños. Los testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo y remitidos a la Corte Constitucional indican que las fumigaciones fueron permanentes e intensas entre los años 2000 y 2007, que fueron suspendidas en 2008, pero se reanudaron en 2011 y se mantuvieron cada tres meses hasta septiembre del año pasado”, recalca informe. Según las versiones entregadas por los indígenas a la Defensoría del Pueblo, como consecuencia de las fumigaciones con glifosato 15 fuentes hídricas resultaron contaminadas, entre ellas 11 quebradas, dos ríos y dos nacimientos de agua en los caños El Cofre y Santa Rosa de Villagarzón. En materia de afecciones a la salud, las comunidades entrevistadas por la Defensoría refieren enfermedades dermatológicas, digestivas y respiratorias, siendo frecuentes según ellos, los dolores de cabeza, los casos de intoxicación y síntomas como la diarrea y la fiebre entre los niños.