La audiencia de imputación contra Juliana Guerrero fue aplazada luego de que no se presentara ante la justicia.
Publicado por: Colprensa
La audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, señalada de obtener de forma irregular los títulos profesionales con los que aspiraba a ocupar la Viceministerio de Juventudes en el gobierno de Gustavo Petro, no pudo realizarse este viernes.
Guerrero no se presentó a la diligencia, mientras que el secretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez, quien también estaba citado, asistió pero sin abogado defensor.
¿Cuándo se realizará la nueva audiencia contra Juliana Guerrero?
La nueva fecha quedó fijada para el 10 de marzo. La Fiscalía le imputará los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.
Según el expediente, los títulos cuestionados son los de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, y las pruebas recogidas indican que Guerrero nunca asistió a clases ni presentó las pruebas Saber Pro.
El caso fue destapado inicialmente por la congresista Jennifer Pedraza, quien ha sostenido que facturas oficiales de la DIAN demuestran que Guerrero pagó cerca de 8 millones de pesos por los dos títulos, y que dichos pagos se realizaron casi un mes después de la fecha en que supuestamente se habría graduado. Los recursos habrían ingresado a las cuentas oficiales de la universidad.
La Fiscalía continúa investigando otros casos relacionados que han sido denunciados en los últimos días. Lea también: Caso Juliana Guerrero: Contraloría de Santander detecta irregularidades en contratos con la UIS
Polémica de Juliana Guerrero en la UIS
La contratación en la UIS se suma a los múltiples cuestionamientos que enfrenta Juliana Guerrero, incluyendo la imputación de cargos por presunta falsedad en títulos académicos.
La Contraloría General de Santander publicó un informe tras identificar irregularidades en dos contratos suscritos entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y Juliana Guerrero durante 2023 y 2024.
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Los contratos en cuestión, identificados como el 306-2023 y el 113-2024, se enmarcaron dentro de un convenio interadministrativo entre la UIS y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, un programa orientado al fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la prevención de conflictos.
Tras una auditoría detallada, el ente de control fiscal encontró deficiencias en la planeación, ejecución, supervisión y documentación de estos acuerdos. Hasta el momento, ni la UIS ni Juliana Guerrero han emitido un pronunciamiento oficial respecto al contenido del informe.
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