El último asesinato de un líder social en 2019 en Colombia ocurrió la víspera de la pasada Navidad cuando un sicario asesinó a la gestora cultura Lucy Villarreal en Tumaco.
Publicado por: Agencia Efe
Un guardia indígena fue asesinado en una zona cercana a la turística Nuquí, Chocó, que vive días de zozobra por la denuncia de presencia de grupos armados ilegales que amenazan de muerte a líderes sociales, informó ayer la Defensoría del Pueblo.
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Según la entidad, Anuar Rojas Isaramá fue asesinado en Agua Blanca, que pertenece a Nuquí, un población frecuentada por turistas nacionales y extranjeros por la belleza de sus playas, variada gastronomía y posibilidades de ecoturismo, entre otros atractivos.
“Rechazamos asesinato del guardia indígena Anuar Rojas Isaramá en Agua Blanca (...) Solicitamos su esclarecimiento”, escribió la Defensoría en Twitter.
Añadió: “Tras el hecho, 80 personas pertenecientes a la comunidad están en proceso de desplazamiento forzado. Pedimos activar las rutas institucionales de atención”.
Autoridades investigan
Las autoridades investigan el asesinato de la líder comunitaria, Mireya Hernández, tiroteada por sicarios en un barrio de Algeciras, Huila.
Hernández, que fue Tesorera de la Junta de Acción Comunal y tenía gran reconocimiento dentro de su comunidad, se dirigía a su vivienda en compañía de su esposo, Julio Rojas, cuando los sicarios la atacaron a bala, en hechos ocurridos el pasado miércoles.
La mujer recibió varios tiros y fue trasladada al hospital de Algeciras pero según el reporte medico llegó sin signos vitales.
Este crimen se suma al de la activista Gloria Ocampo, de 37 años, asesinada el martes pasado junto con otra persona en una zona rural del departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador, y que fue el primer homicidio de un líder social este año en Colombia.
El asesinato de Hernández ocurrió horas después de que el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para el proceso de paz en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijera que el principal reto para el Estado es mejorar la seguridad de los desmovilizados de las Farc, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
