A finales del año pasado, se denunció la existencia de una red de acoso y trata en el Congreso. Y aunque por el momento no se conocen nombres o hechos concretos al respecto, algunos expertos consultados por Vanguardia hablan sobre un posible Estado de Emergencia de Género.
Publicado por: Nelly Vecino Pico
Luego de las revelaciones hechas por el excongresista Gustavo Bolívar sobre un presunto patrón en un gran número de casos de acoso y abuso a mujeres en el legislativo colombiano, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó adelantar una investigación sobre estos hechos.
Pero el asunto ha ido más allá de las paredes del capitolio, pues en las últimas semanas, denuncias de este tipo han salpicado a excongresistas, hoy altos funcionarios del Estado, como al actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, señalado por posiblemente haber acosado a una mujer cuando él ejercía funciones de senador de la República, durante un proceso de selección para trabajar en su equipo. Lizcano calificó de “falsa” la acusación en su contra.
Otro hecho de este tipo salpicó a Víctor de Currea-Lugo, cuya designación como embajador ante los Emiratos Árabes Unidos suscito una inmediata y agria polémica por los supuestos casos de acoso en que este habría incurrido, lo que lo llevó a su declinación del cargo diplomático al que había sido designado por el presidente Petro.
Ante este panorama, expertos consultados por Vanguardia hablaron sobre la posibilidad de que en Colombia esté consolidándose una especie de versión local del movimiento ‘Me too’, así como de la petición que se presentó en noviembre de 2022 en el Congreso para que el presidente haga la declaratoria de un Estado de Emergencia de Género, como estrategia para tratar de contener tantos casos de abuso en los diferentes ámbitos.
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Sobre este último aspecto, Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, explica que en este momento en Colombia existen unos estados de emergencia que, de acuerdo a la Constitución, son perturbaciones en lo económico, social o ecológico y, en este caso, lo que se está pidiendo es que a partir de las violaciones a los derechos humanos, violaciones de mujeres, adolescentes y niñas, se declare esta situación de emergencia, que le permita al Estado tomar decisiones de manera efectiva para proteger a las mujeres.
Sobre este mismo particular, Jorge Alberto Celis Correa, magíster en Derecho y director general del Grupo Jurídico Celis Correa SAS, explica que “declarar un Estado de Emergencia de Género no cabría en el sentido constitucional, porque la Constitución en sí no consagra ese tipo de estados y lo que podría darse es un Estado de Emergencia Social a partir de estos hechos tan desastrosos que viven las mujeres día a día respecto a los abusos sexuales y frente a la persecución, la discriminación y la violencia contra la mujer”.
Desde el punto de vista jurídico o normativo, explica Celis Correa, ya existen normas que previenen este tipo de conductas, entonces lo que hay que mirar y analizar es hasta qué punto el Estado, desde las diferentes ramas de poder, ha sido eficaz en el uso de estas normas, y si existen normas que efectivamente ayudan a prevenir la violencia hacia la mujer en sus diferentes matices.
Vale la pena recordar que el proyecto fue presentado el año pasado por la representante María Fernanda Carrascal, para que el mandatario colombiano y la vicepresidenta Francia Márquez, declararan un Estado de Emergencia de Género, tema que hoy se ha agitado de nuevo frente al asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, las denuncias de abuso sexual de niñas en el Guaviare y el asesinato de una niña de 10 años en el Huila.
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