El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, anunció que el gremio de los comerciantes demandará el decreto 234 de 2026 que busca la negociación colectiva por sectores económicos.
Los reparos al decreto que avala los ‘megasindicatos’ en Colombia no se hicieron esperar.
Este miércoles, 25 de marzo, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, confirmó que demandó el decreto 234 emitido por el Ministerio de Trabajo en el que se da ‘luz verde’ a las negociaciones colectivas por sectores económicos.
#Economía Fenalco demandó el decreto 234 del Gobierno Nacional que abriría la puerta a la creación de 'megasindicatos' para una negociación colectiva por sectores económicos. Así lo confirmó el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal. pic.twitter.com/tJArLhmMp1
— Vanguardia (@vanguardiacom) March 25, 2026
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que este decreto ya había sido hundido en la discusión de la reforma laboral, motivo por el cual no habría sustento para que el Gobierno tomara esta determinación. Puede interesarle: Petro revive por decreto los ‘megasindicatos’ que hundió el Congreso: ¿afectará a empresas en Santander?
El gremio de los comerciantes señaló que esta normativa introduce “limitaciones materiales al derecho fundamental de negociación colectiva, especialmente en perjuicio de los sindicatos mas pequeños”.
“El Gobierno está legislando por decreto en un tema tan sensible como la negociación colectiva, desconociendo abiertamente al Congreso y alterando las reglas del juego para empresas y trabajadores”, dijo Cabal en un comunicado.
¿Es posible tumbar el decreto de ‘megasindicatos’ en el país?
Uno de los puntos más altos en el debate sobre este decreto tiene que ver con la legalidad de esta medida.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha defendido la determinación y ha reiterado que el decreto tiene sustento. No obstante, algunos abogados ponen en tela de juicio dicha determinación.
Por ejemplo, el abogado Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, es una de las voces que advierte este escenario.
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“El decreto es abiertamente ilegal porque todo el tema regulatorio relacionado con el ejercicio del derecho de huelga se tiene que hacer por ley. Inclusive, se discute si esa ley debe tener carácter estatutario porque el derecho de huelga es un derecho humano fundamental”, dijo el abogado.
El experto recordó que este mismo punto se intentó tramitar en el Congreso de la República en la discusión de la reforma laboral. “El mismo Gobierno reconoció, desde un primer momento, que esto tenía reserva legal y que lo tenía que tramitar el Congreso”, agregó Cuervo.
Adicionalmente, el abogado explicó que este decreto termina perjudicando a las pequeñas organizaciones sindicales. En el papel, los grandes beneficiados son los sindicatos más robustos.
Frente a las acciones legales que se pueden emprender contra este decreto, Fabrizio Gasca, abogado líder en Derecho Laboral, Seguridad Social y Colectivo de Scola Abogados, explicó cuál sería el camino para una eventual demanda.
“El decreto puede ser demandado por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado, que ejerce control de legalidad. El camino es precisamente interponer una demanda, y se presume legal hasta que exista un pronunciamiento por parte de la entidad”, indicó Gasca.
¿Quiénes defienden la medida?
Además del Gobierno Nacional, los sindicatos más numerosos del país salieron a respaldar la decisión.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores, CUT, respondió, en su momento, a Vanguardia que esta determinación era esperada por el sector sindical.
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“El decreto 234 fue un decreto que nosotros solicitamos desde el inicio del gobierno del presidente Petro, de manera que ahora con su expedición está solamente atendiendo un viejo reclamo del sindicalismo. En eso estuvimos de acuerdo las tres centrales obreras. Este decreto tiene el criterio central de ampliar la negociación colectiva en Colombia”, dijo Arias a este medio.
En su defensa de la decisión, Arias señaló que lo que se pretende con esta determinación es lograr mejorar las condiciones de los trabajadores de los diferentes sectores económicos del país.
“Lo que queremos con esta situación es que unos empresarios no se aprovechen de otros trabajadores pagándoles incluso mucho menos de lo que podrían estar pagándole en otra empresas. Es decir, la competitividad empresarial no puede ser bajo la sombra de la sobreexplotación a los trabajadores”, señaló Arias.
