Mientras el Gobierno de Gustavo Petro se la jugará por el mínimo vital y la universalización de los servicios públicos domiciliarios. El gremio (Andesco) espera que la reforma se haga de manera técnica y no política. Aseguran que se debe mantener lo bueno que tiene la actual reglamentación.
Publicado por: Miguel Orlando Alguero
“Todos queremos actualizar la ley de los servicios públicos y es necesario hacerlo”. Con esta sentencia Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio de los servicios públicos de Colombia, reconoció la necesidad de reformar la Ley 142, que desde 1994 no ha tenido una actualización de fondo, que abarca los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural.
Este anuncio lo hizo en el arranque del XXV Congreso Andesco, que empezó ayer y va hasta mañana, en Cartagena.
“El servicio más caro es el que no se tiene,el servicio más peligroso el que se pierde”, dijo para insistir en la importancia de ese sector para el país.
Mientras que se selecciona el indexador adecuado para los servicios, sea el Índice de Precios al Consumidor o el Índice de Precios al Productos, Sánchez el pidió al Gobierno que los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) no sean internos, sino de fondo, independientes, porque hoy son empleados del Ministerio de Minas y Energía, y esto hace que no tomen decisiones de verdad, debe primer lo técnico sobre lo político.
Hay que recordar que el presidente Petro anunció en las calles la semana pasada una nueva reforma, la de los servicios públicos; y la Superintendencia de Servicios Públicos añadió que se trata de democratizarlos para que las comunidades puedan generar energía ellas mismas o sean las encargadas de su propia recolección de basura, por ejemplo, para evitar que las ganancias se queden en las empresas y más bien se repartan entre los clientes.
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Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos, señaló que la propuesta del Gobierno Petro tiene dos enfoques: la universalización de los servicios y asegurar el mínimo vital. Sobre el primero, detalló que buscan una tarifa solidaria y redistributiva, ampliar la cobertura en zonas rurales, que haya esquemas alternativos de prestación de servicios, consolidar a las comunidades energéticas y ejecutar acueductos comunitarios.
A cerca del segundo enfoque, Quiroga Collazos mencionó que este es de responsabilidad del Estado, que no implica gratuidad del servicio, más bien lo que se pretende es el acceso en condiciones de eficiencia y eficacia a la cantidad mínima del suministro para satisfacer las necesidades básicas en agua, energía, saneamiento básico e Internet.
Respuesta del gremio a declaraciones de Petro
Sobre esta propuesta, Sánchez recordó que ‘del dicho al hecho hay mucho trecho’ para hablar de una propuesta del presidente Petro, cuando fue candidato, la del tren eléctrico del Pacífico al Caribe, cosa que no sucedió. “La realidad es diferente y nos dijo que no se podía hacer. Hoy decimos que se debe realizar un proceso técnico para determinar si las comunidades lo pueden ejecutar, nosotros no estamos en contra de eso, pero eso necesita técnica y recursos”.
El dirigente gremial preguntó cuáles de esas comunidades tienen los recursos suficientes para invertir en proyectos de energía o cuáles empresas diferentes a las existentes están dispuestas a invertir. “Hablamos de paneles solares, esas comunidades saben cuánto cuesta cada panel, cuánto cuesta cada batería para guardar esa energía, cuánto cuesta la instalación. Eso cuesta y se necesita plata”.
de los colombianos tiene acceso a luz. El servicio con la cobertura más baja es gas, con el 68 %.
Insistió en que quiere saber cuál comunidad hoy en Colombia tiene los recursos y la técnica para hacerlo, “esto es paso a paso, que le digamos a la gente de algún municipio de Santander que nos generarán energía, manejarán el acueducto o traerán las TIC, eso suena maravilloso, pero eso sería contrario al bienestar general. Lo ideal es que las empresas mismas trabajen con las comunidades como primer paso”.
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Por eso, invitó al Gobierno a trabajar de la mano de las empresas del sector de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, “tenemos que sentarnos porque nosotros no somos enemigos”.
¿Qué debe permanecer de la ley? Sánchez dijo que todo lo técnico. Agregó que a la ley se le debe añadir tecnología y otros proyectos que no se incluyeron en 29 años. “Necesitamos medidores inteligentes, bidireccionales, herramientas tecnológicas para reducir pérdidas, es decir, cómo las TIC son el pivote para todos los servicios públicos”.
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¿Cuáles deberían ser las líneas rojas que no debe cruzar el Gobierno en su intente de reformar los servicios públicos? El presidente de Andesco aseguró que la primera es la institucionalidad, por eso reiteró en que el Gobierno tiene la tarea de poner en propiedad a los funcionarios de la Creg y de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que no se nombren solo por tres meses, ya que eso no permite que sean independientes y técnicos”.
Finalmente, el presidente de Andesco invitó a todos los actores del sector a trabajar juntos y actuar unidos para lograr cerrar las brechas del país. También resaltó el trabajo del gremio para tener la mejor Ley 142 “sin dar un salto al vacío, buscando recursos para tener el mejor servicio para los afiliados, cambiando los mitos urbanos que dice que los empresarios quieren que los precios de los servicios públicos sigan aumentando”.
“Análisis del Gobierno está errado”
Como se dijo párrafos arriba, el pasado miércoles 7 de junio, con ocasión de las movilizaciones convocadas por el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro anunció que en las próximas semanas presentará a consideración del Congreso un proyecto de Ley para reformar la regulación actual de los servicios públicos en Colombia, para “que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas”.
Ayer en el congreso Mónica Contreras, presidente de TGI y de la junta directiva de Andesco, reiteró que las empresas de servicios públicos no están en contra de una revisión para introducir mejoras a la legislación actual.
“Pero sí nos preocupa que se desconozcan las inversiones, el trabajo y los resultados que se han logrado en los últimos 30 años, argumentando que nuestro único interés ha sido llenar el bolsillo de nuestros accionistas. Francamente, ese análisis no es cierto, está errado y no es justo con el sector”.
Contreras agregó que Colombia es un país que puede ser referente en la región en términos del esquema institucional de servicios públicos domiciliarios. La base constitucional y el modelo definido por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, sin desconocer que requiere actualización y modernización, es una garantía para la prestación del servicio.
“Los avances a la fecha han sido producto de un esquema que se basa en la adecuada combinación de empresas públicas, mixtas y privadas, tanto del orden nacional, departamental y local. Si miramos la fotografía de la situación actual, versus la que teníamos antes de la entrada en vigencia de esta normatividad, salta a todas luces que el balance es más favorable de lo que se piensa”, recordó la empresaria.
¿Cómo está la cobertura de servicios públicos en el país?
Por ejemplo, después de casi 30 años con el régimen actual de servicios públicos, 16 millones de hogares tienen acceso a la energía eléctrica, lo que equivale a una cobertura del 98 %. En gas natural hoy se tienen conectados al 68 % de los hogares colombianos. Una tarea que se logró en cinco años pasando de 790 mil a 11 millones de usuarios.
En cuanto al sector de las TIC y televisión, Contreras contó que hoy hay 60,5 % de conectividad y que el 73% de los colombianos usa Internet. En lo rural se ha avanzado al tener el 50,5 % de conectividad. En términos de accesos fijos, la conectividad asciende a 8,52 millones de hogares y, en cuanto a accesos móviles llegamos a 39,2 millones, siendo la gran mayoría conexiones 4G.
Por su parte, la cobertura en acueducto hoy llega al 93 % a nivel nacional, 98 % a en lo urbano y 74,5 % en lo rural. En alcantarillado, la cifra de cobertura es del 90 % a nivel nacional, del cual el 94,2 % se da zonas urbanas y el 76,5% se presenta en zonas rurales. “Hemos avanzado en ampliar la cobertura de tratamiento de aguas residuales hasta el 63 %”.
Y en aseo, la cobertura nacional es del 82,8%, siendo la mayor oportunidad aumentarla en zonas rurales. “Hemos tenido un importante avance en la gestión de los residuos sólidos y su adecuada disposición mediante tecnologías de rellenos sanitarios, lo que nos ha convertido en un referente en América Latina”. Hoy el 98,5 % de las toneladas de basura generadas en el país se disponen en los 66 rellenos sanitarios regionales autorizados, que atienden a 1.014 municipios del país.
“Los servicios públicos son los mayores apalancadores para el cierre de brechas sociales y económicas, y para ampliar los mismos. Es necesario trabajar en el cierre de brechas urbanas y rurales. Este trabajo sólo se logra con esfuerzo conjunto y con responsabilidad individual. ¡Aquí todos ponemos! Las empresas privadas deben mantener su compromiso con el desarrollo y la inversión, mientras que desde el sector público resulta inminente tomar acciones ágiles y contundentes, así como enviar claras señales regulatorias.
