El proyecto que busca descentralizar y aumentar el giro de recursos a municipios y departamentos sigue siendo criticado por economistas, centros de pensamiento y entidades que advierten sobre el riesgo que implica para las finanzas nacionales. Pese a los ajustes en el sexto debate, aún no convence a los expertos.
Publicado por: Redacción L R
Con la aprobación en sexto debate del proyecto que aumenta las transferencias del Sistema General de Participaciones, SGP, a los municipios y departamentos del país, persisten las críticas a la viabilidad fiscal de la iniciativa.
Aunque en el Senado de la República se aprobó un texto con varias modificaciones, los cuestionamientos al proyecto persisten por el impacto que ocasionaría en las finanzas de la nación.
En el documento que se aprobó, las transferencias al SGP a los entes territoriales aumentarán desde el 24 % actual hasta el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación. Ese incremento se daría en un plazo de 12 años y no de 10 años, como planteaba la idea original.
Además, en principio, el monto máximo que iba transferirse al SGP iba a ser del 46,5 %. Sin embargo, tras el acuerdo político, esa cifra se redujo. Puede interesarle: No habrá racionamiento de gas en el país: Ministerio de Minas publicó nueva circular
Pese a las modificaciones, el porcentaje de transferencias sigue por encima de las recomendaciones de expertos y analistas. Cabe mencionar que el Centro de Estudios Económicos Anif planteó como límite que se llegará a transferir hasta el 35 %.
Vale recordar que el proyecto de acto legislativo aún debe enfrentar dos debates en la Cámara de Representantes. Además, el documento plantea que se definan las competencias para los entes territoriales. En ese sentido, la entidad que vela por la estabilidad de las finanzas públicas emitió sus alertas por este proyecto.
3) La situación fiscal actual, sin reforma al SGP, es ya retadora. Cumplir con la Regla Fiscal en 2024 y 2025 requiere lograr las metas de recaudo tributario y, en caso de que no se cumplan, medidas para recortar el gasto público. Además, el 83% del gasto es inflexible
— Comité Autónomo de la Regla Fiscal (@CARFColombia) October 30, 2024
Las advertencias de incumplir las cuentas
A pesar de los cambios, el Comité Autónoma de la Regla Fiscal, Carf, recordó varias de las consecuencias que traería este proyecto a la sostenibilidad fiscal del Estado.
En primer término, el Carf advirtió que, sin medidas adicionales, la transferencia de recursos como se plantea en el proyecto de acto legislativo aumentaría la deuda pública del país a niveles de “no retorno”. Es decir, esas obligaciones podrían superar el 71 % del Producto Interno Bruto, PIB.
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Ese situación llevaría a que el país incumpliera la Regla Fiscal, que es el mecanismo que establece límites al gasto público y al endeudamiento del Gobierno Nacional. Esa herramienta busca garantizar la sostenibilidad macroeconómica del país y que la deuda no ahogue las finanzas públicas.
En ese sentido, el comité recordó que la situación actual de las finanzas del Gobierno es “ya retadora”, sin la reforma planteada al SGP.
De hecho, ese ente señaló que para cumplir la Regla Fiscal durante este año y el próximo ya se requiere lograr las metas de recaudo tributario. Si no se cumplen, el Carf comentó que se tendría que recortar el gasto público. Uno de los inconvenientes es que de cada $100 de gasto público, $83 son inflexibles.
A lo largo de este debate, Anif había planteado que había rubros como pensiones, salud, gastos para militares, vigencias futuras, entre otros, que hacen parte de las obligaciones que se deben honrar en el presupuesto de cada año.
Las preocupaciones no se detienen ahí. El Carf también explicó que con la reforma propuesta, las transferencias al SGP aumentarían hasta 8,2 % del PIB, lo que, según ese comité, sería un incremento insostenible. Para ejemplificar, el comité planteó que para “compensar ese aumento implicaría ingresos adicionales equivalentes a tres reformas tributarias”.
Como parte del diagnóstico hecho por esa entidad, que está adscrita al Ejecutivo, pero es independiente, se encuentra la postura de que se revise primero cuáles son las competencias o tareas que el Gobierno Nacional puede entregarles a las entidades territoriales, la capacidad que tienen de ejecutar y cuáles son las necesidades de gasto. Lea también: Anif advierte que nuevo proyecto legislativo quebraría al Estado colombiano
Según planteó ante medios de comunicación el senador Ariel Ávila, coordinador ponente del proyecto en el Senado, este proyecto legislativo no entraría en vigencia hasta que no exista una ley de competencias en donde se finiquiten las tareas de cada sector.
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Aunque el Carf reconoció algunos ajustes que se hicieron en el debate más reciente, insistió en que cualquier modificación al SGP que aumente las transferencias por parte del Gobierno pone en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal.
“Además, se crea una situación de posible superación del límite de deuda en el mediano plazo”, indicaron desde esa entidad que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
