Uno de los cambios más dramáticos en la reforma laboral se encuentran las huelgas sectoriales y la ampliación del derecho a la huelga.
Publicado por: Miguel Orlando Alguero
Se reinició el debate de las reformas sociales del Gobierno Petro y con ello se caldean los ánimos de nuevo entre el Ejecutivo y el Congreso. Y uno de los cambios más dramáticos en la reforma laboral se encuentran las huelgas sectoriales y la ampliación del derecho a la huelga.
Por eso, Jorge Iván Diez, vicepresidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), indica que el riesgo de esta ampliación de la huelga radica en la afectación a los trabajadores y el aparato productivo del país.
"Por ejemplo, autorizar la huelga en las empresas de algunos servicios públicos esenciales, como lo pretende la reforma y lo apoya la concepción de la huelga asumida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, afectaría doblemente a los trabajadores, insiste el directivo sindical.
A renglón seguido aclara que esta reforma cobija las demandas de sindicalistas, que han sacrificado su independencia institucional y se ha convertido en un comité de aplausos del Gobierno nacional, dejando de un lado las demandas de los demás movimientos sindicales, que tienen mucho por aportar a la discusión.
"Por esta razón, no se puede afirmar que el tema sindical se ha vuelto protagonista. Lo que se puede evidenciar es que un grupo de líderes sindicales, que comparten afinidad ideológica con el presidente Petro, ha logrado construir una reforma a su medida, sin pensar en los demás trabajadores colombianos", alertó Diez.
Por eso, puntualizó que las demandas de la CGT radican en crear unas condiciones dignas de trabajo y en defender a ultranza el derecho a la huelga. "Pero este no puede convertirse en un derecho infinito, y deben existir unas reglas claras y seguridad jurídica para poder que existan oportunidades de desarrollo socioeconómico".
Ante esto, recomendó que la reforma debería enfocarse en buscar maneras de disminuir la informalidad, que supera el 55 %, y de aumentar la productividad y competitividad de las empresas y los trabajadores colombianos, para que se dé una reactivación económica sostenible, en especial si se tiene en cuenta el pobre crecimiento económico del país en el 2023.
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¿Sobrecargas con la reforma?
A la discusión se sumó Juliana Morad, directora del observatorio laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, quien sostiene que la reforma refuerza ciertos fueros y modifica reglas de despido, lo cual, contrariamente a su objetivo, podría incentivar despidos justo antes de aumentos en tasas indemnizatorias.
Además, se incrementan los costos de despido después de 5 años y 10 años, llevando posiblemente a las empresas a tomar decisiones de terminación antes de esos plazos. A su vez, se introducen cargas adicionales para la desvinculación, especialmente críticas para las pequeñas y medianas empresas.
"La posibilidad de afiliación directa a federaciones y negociaciones con estas podría afectar negativamente a los sindicatos de empresa. La flexibilización de la huelga y la negociación a nivel industrial y multinivel sin diferenciar el tamaño de la empresa podrían propiciar un crecimiento de la informalidad, generando un impacto negativo en el mercado laboral formal", advierte la académica.
Sobre el tema de la huelga en el proyecto de ley, Diez explica que, primero, en caso de no participar de la votación de aprobar la huelga, estos no podrán votar para levantarla, según lo que pretende la reforma.
Además, la reforma permitiría que las irregularidades en las votaciones para aprobar la huelga dejen de ser causales para declararla ilegal.
En segundo lugar, los trabajadores, como son ciudadanos, no tendrían acceso a los servicios públicos esenciales donde los trabajadores están de huelga. "Entonces no sólo no podrían trabajar, así quisieran, sino que también serían privados de algunos servicios públicos esenciales".
Diez insiste en que la reforma busca eliminar los requisitos mínimos de mayorías y conformación de quórum en las votaciones para autorizar la huelga, afectando los procesos democráticos de los trabajadores.
Por su parte, el riesgo de las huelgas sectoriales preocupa, dado que sectores enteros de la economía podrían verse truncados por los intereses de unos pocos que, en vez de buscar maneras de conciliar o crear la base para la conformación de acuerdos entre el sector privado y los trabajadores, asumirían una posición hostil al utilizar la huelga como único medio de negociación, aclara el dirigente sindical.
¿Qué pasa con los sindicatos?
Ahora bien, al analizar las inquietudes de los sindicatos que alardean en afirmaciones como la pérdida del derecho sindical, surge la sospecha de que detrás de estas preocupaciones se encuentra el reclamo contra la persistente persecución sindical en Colombia.
"Es esencial reconocer que, como sociedad, debemos afrontar y reconocer la existencia de prácticas antisindicales arraigadas en nuestra historia. Sin embargo, aunque reconocer la existencia de la persecución sindical es un paso necesario hacia la comprensión y la corrección de las injusticias del pasado, esto no implica, necesariamente, un respaldo a todas las medidas propuestas en la reforma laboral", dijo Morad.
Para ella, es crucial separar el reconocimiento de las problemáticas históricas de la evaluación crítica y equilibrada de las propuestas actuales, manteniendo la objetividad y la ética en el centro del análisis.
Agregó que es crucial evitar la rápida etiquetación de posturas críticas como contrarias a los derechos laborales o interpretarlas como respaldo a la persecución sindical, así como evitar considerarlas como apoyo incondicional a la totalidad de la reforma laboral.
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Efectos económicos y políticos
La flexibilización del derecho a la huelga marca un punto de inflexión en la discusión de la reforma.
Por eso, la directora del Observatorio Laboral se preguntó: ¿cuál es la necesidad específica del mercado laboral que la propuesta de flexibilización de la huelga, presentada en la reforma, pretende abordar? ¿Se orienta a reducir la informalidad o el desempleo?
"La falta de transparencia en los detalles del proyecto y en los antecedentes, sumada a la ausencia de una justificación explícita por parte del Gobierno, genera incertidumbre acerca de los verdaderos objetivos de esta medida y si realmente aborda las problemáticas particulares del mercado laboral en Colombia", subrayó la académica.
Asimismo, el vicepresidente de la CGT cuestiona la narrativa del Gobierno en contra del empresariado porque las empresas necesitan a los trabajadores para crecer, y los trabajadores necesitan a las empresas para obtener los recursos necesarios para tener una buena calidad de vida.
"Ninguna de las partes puede existir sin la otra. Por esta razón preocupa la huelga sin límites que propone la reforma, y que tácitamente apoya la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia", dijo Diez.
Por lo tanto, en el actual contexto social y económico, el representante de la CGT sostuvo que no se puede fomentar la imposición de obstáculos adicionales.
Una economía que creció un 0,6 % en el 2023 y que cerró el año con un empleo informal que supera el 55 % y en el que las inversiones no minero-energéticas cayeron un 13 %, "no puede darse al sindicalismo el comité de aplausos, un cheque en blanco para hacer huelgas sin reglas".
Diez insistió en que lo que se necesita es disminuir la pugnacidad social y crear espacios donde los empresarios y los trabajadores se unan para sacar el país adelante mediante la creación de empleos formales, el aumento de la productividad del sector privado y los trabajadores y la consolidación de condiciones dignas que permitan el avance socioeconómico sostenible de ambos actores.
"Las empresas son de los empresarios y los trabajadores, no son monopolio de los sindicatos. La sobredimensión del derecho a la huelga crearía las bases para un conflicto social que el país debe evitar", concluye Diez.
En resumen, los expertos coinciden en que la falta de claridad en la justificación detrás de la flexibilización del derecho a la huelga plantea preguntas legítimas sobre posibles motivaciones políticas. Este cuestionamiento es esencial para determinar si la medida propuesta contribuye genuinamente a resolver los desafíos del mercado laboral y evaluar su coherencia con estándares internacionales que deben ajustarse a las necesidades particulares de Colombia.
