viernes 14 de mayo de 2021 - 12:00 AM

¿Cuál es el impacto de liberar las patentes de las vacunas?

La idea del acceso equitativo de las vacunas contra la COVID-19, mediante la suspensión temporal de las patentes, ha ganado fuerza gracias al apoyo del presidente Joe Biden, pero alcanzar un consenso entre los países ha planteado un dilema económico, político y moral no exento de polémica.
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Al respaldar la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, el presidente estadounidense Joe Biden abrió el debate mundial sobre considerar los biológicos como un bien público universal y no como un privilegio.

Una vacuna accesible para todos, en un momento “de necesidad sin precedentes” y de “circunstancias extraordinarias que requiere “medidas extraordinarias”, como dijo el propio Gobierno estadounidense la semana pasada.

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Es decir, acelerar la inmunización en los países con menos recursos, que representan el 80% de la población mundial, y reducir la brecha en el acceso a las vacunas contra el SARS-CoV-2.

En la práctica significa que cualquier compañía, mientras dure la exención, puede producir y comercializar la vacuna a pesar de no fabricarla.

En la actualidad, las cifras han puesto de manifiesto la gran desigualdad estructural entre las naciones para combatir una pandemia que no respeta fronteras ni pasaportes.

El 58% de vacunas anticovid se han aplicado en tres países: Estados Unidos (225,6 millones), China (216,1 millones) e India (138,4 millones), según datos oficiales del mes pasado.

Adicionalmente, de los 700 millones de vacunas administradas en todo el mundo en abril pasado, tan solo el 0,2% fueron en países de bajos ingresos, señala la Organización Mundial de la Salud, OMS.

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Pero la industria farmacéutica, como era de esperarse, rechaza la propuesta de Biden, y reivindica el sistema de la propiedad intelectual para el desarrollo de vacunas, e innovación, mientras se aferra al monopolio tecnológico y a preservar sus ganancias.

Para ilustrar lo anterior, el diario New York Times publicó recientemente que la farmacéutica estadounidense Pfizer obtuvo ingresos por 3.500 millones de dólares sólo en el primer trimestre de este año por su vacuna contra la COVID-19.

Intereses en juego

Esto plantea un debate de doble vía: por un lado, quiénes y por qué pueden acceder a la vacuna y, por otro lado, reforzar la vacunación no sólo para salvar vidas, sino también para proteger el sistema económico de los países, especialmente aquellos más golpeados por la pandemia.

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De hecho, esta semana la Organización Mundial del Comercio, OMC, remarcó que la distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19, que permita que los países de menores recursos tengan acceso a ella, generaría un 2% de aumento del comercio global.

La iniciativa fue presentada en octubre pasado ante la OMC por dos países productores de vacunas, Sudáfrica e India. Este último país en estos momentos es epicentro de la pandemia.

Pero la propuesta ha dado un salto cualitativo al ganar el apoyo de Estados Unidos.

En la actualidad hay seis vacunas que han recibido autorización de emergencia por parte de la OMS y de las agencias de medicamentos de Estados Unidos y Europa.
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Para Carlos Enrique Trillos, epidemiólogo y docente de la Universidad del Rosario, “es una posición altruista y solidaria con el mundo, que beneficiará a los países con menos recursos y aquellos con mayores dificultades por la pandemia de la COVID-19, dado el elevado número de casos y mortalidad, como el caso de India y Brasil”.

En su opinión, liberar las patentes permitirá un mayor acceso de todos los países a ellas, al aumentar opciones de producción en diferentes regiones del mundo y facilitar la distribución de estos biológicos.

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Según los cálculos de los expertos, ocho meses es el tiempo que se tardaría en vacunar a toda la población del mundo si se liberaran las vacunas.

En ese sentido, Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, considera que es urgente que se haga esta suspensión de patentes de vacunas, pero también de tratamientos y medicamentos contra la COVID-19, que permitan enfrentar esta pandemia y pandemias futuras.

Dilema económico vs. ético

Ahora bien, reconoce el dilema económico que plantea la situación.

Los intereses de las farmacéuticas que invierten, pero aclara que también hay una financiación pública, recursos de los estados que entienden el impacto sanitario y económico que genera la pandemia.

Sin embargo, más allá del tema económico, Cruz insiste en que se trata de una cuestión ética “porque estamos hablando de una amenaza de la vida de los seres humanos”.

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A su juicio, “no puede gestionarse un pandemia desde una visión individualista o nacionalista, porque las pandemias como tales son amenazas globales”.

Es más, dice que se equivocan aquellos países que creen que venciendo el virus dentro de sus fronteras van a estar a salvo, cuando es claro que desde el inicio de la pandemia el virus ha avanzado alrededor del mundo.

“Necesitamos la cooperación y la solidaridad global para que todos podamos acceder de manera equitativa, segura y oportuna a la vacuna”, subraya la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública.

Además destaca la importancia de las vacunas como un asunto sanitario, que previenen anualmente aproximadamente 2,5 millones de muertes.

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Cruz cuestiona, igualmente, que los países ricos hayan acaparado el mercado de las vacunas al inicio del proceso de inmunización.

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“Es evidente que había una competencia geopolítica entre países productores de vacunas, que es lesiva para la salud pública del mundo, y las vacunas no deben prestarse para este tipo de competencias, cuando afectan la salud y la vida de las poblaciones, no pueden ser un privilegio de unos pocos”, reitera.

Pone como ejemplo el caso de EE.UU., que ya inició la vacunación de adolescentes, cuando todavía en países de América Latina no se ha terminado de vacunar a los adultos mayores o trabajadores de la salud, población prioritaria.

Si se liberan las patentes, se debería hablar de una supervisión efectiva y fiscalización porque lo que está en juego es la salud de las personas, concuerdan expertos.

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En ese sentido, el epidemiólogo Trillos señala que la pandemia es un problema de todos. “Por esto, las personas de todos los países deben ser vacunadas hasta lograr las metas de inmunidad colectiva, de rebaño. Esto implica la solidaridad y la unión de todos, es un deber ético”.

En cuanto a las pérdidas para los laboratorios o farmacéuticas que han invertido millones en investigación y desarrollo de las vacunas, afirma que “es necesario que a nivel internacional se exploren mecanismos para reconocer la inversión de los diferentes grupos, y así evitar que se desincentive la investigación científica”.

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Límites y alcances

Si bien el apoyo dado por el Gobierno estadounidense a la liberación de las patentes de las vacunas es un paso importante en el camino a la vacunación masiva, David Castrillón, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, advierte que tiene sus límites.

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En primer lugar, aclara que lo que hizo la administración Biden fue anunciar su apoyo a la negociación de un texto en la OMC para liberar las patentes, no liberarlas de hecho. Por otro lado, se refiere a que es una iniciativa de negociación en la OMC que empieza muerta, en la medida que EE.UU. dijo que, si se aprueba un texto, estÍ se debe aprobar por unanimidad. Hay cerca de 100 países miembros de la OMC a favor, pero en total son 164.

“En vez de tomar acción asertiva, por ejemplo, donando vacunas de manera directa y con celeridad, Biden fue por un anuncio que resonó mucho pero que cambia poco, pues EE.UU. continúa acaparando gran parte de las vacunas disponibles, con tres veces las dosis necesarias”, concluye Castrillón.

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