Siempre hemos considerado que el proceso penal en curso contra el expresidente Álvaro Uribe tiene más un tinte de revancha que el intento de encontrar la eventual existencia de una conducta criminal.
Siempre hemos considerado que el proceso penal en curso contra el expresidente Álvaro Uribe tiene más un tinte de revancha que el intento de encontrar la eventual existencia de una conducta criminal.
Si revisamos la historia de nuestra sufrida nación, una era su condición antes de Uribe, cuando estábamos, como volvemos a estar ahora, con un Estado más sometido a la criminalidad que al orden institucional y otra, la realidad del país que se nos entregará; habíamos recuperado, en mucho, un nuevo orden social en donde la violencia, supuestamente revolucionaria, había sido un tanto derrotada y habíamos dado paso a un ciclo de resurgimiento social que se está volviendo a perder en estos momentos cuando el país vuelve a estar otra vez al borde del caos y donde en el área rural se impone un orden criminal que termina constituyendo una amenaza para el desarrollo social de nuestra amada Colombia.
Y Uribe logró derrotar a esa guerrilla y con ello desarmando a esa izquierda que pretendía y ha pretendido tomar definitivamente el poder mediante el empleo de las armas; y los derrotó tanto que se vieron obligados a negociar por lo menos para que los comandos superiores se pudieran pensionar como cualquier buen cristiano.
Eso es lo que no le ha perdonado la izquierda y desde entonces están tratando de pasarle la cuenta de cobro mediante el recurso de vencerlo jurídicamente para poderse dar el gusto de verlo en la cárcel, como es el deseo notorio de quienes promueven ese modelo de venganza. Desde esa óptica, para nosotros, el proceso tiene dos fines: el político, que sentimos como el más importante y el legal, que es solo el instrumento que se utiliza para poder mover el primero.
Políticamente la situación puede ser peligrosa, porque quien maneja el proceso no nos inspira absoluta confianza y por lo tanto puede llegar a condenarlo para satisfacción de sus detractores, solo que éste es apenas un paso de tres más que quedan: el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá que definirá en sala, luego el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y si fuera poco se podría acudir a la Corte Penal Internacional, como lo han hecho algunos antes, para que el tema quede agotado y dudamos que todos puedan tener la misma intención que el fallador inicial.
Hoy, aunque el país esté de nuevo como lo encontró el hoy acusado, tenemos la firme convicción de que encontraremos el camino que nos retorne a un país vivible en donde el desarrollo sea el único propósito que nos anime.
