Recientemente, se conocieron declaraciones desafortunadas del alcalde de Barichara, Milton Chaparro, en las cuales se mostraba bastante incomodo por el control social que ejerce la Veeduría del Agua, Medioambiente y EOT de Barichara. Esta es una organización de la sociedad civil que busca el beneficio común de los habitantes, mediante alertas tempranas de posibles situaciones que podrían afectar la calidad de la poca agua que recibe Barichara y que pueda constituir una amenaza para la sanidad pública, debido a la posible contaminación que la haría no apta para el consumo humano.
La situación no es menor, la veeduría alertó sobre la posible alteración de la calidad del agua, la cual podría causar enfermedades gastrointestinales en la población. Esto se suma a las constantes advertencias que la veeduría ha hecho, buscando solucionar la problemática de agua que vive este municipio desde hace más de 15 años. La reacción del mandatario fue sorprendente: además de quejarse de los múltiples esfuerzos que ha realizado la veeduría, sin mostrar acciones concretas de su administración y sin dar un sólo argumento técnico, desestimó las advertencias y descalificó a los quejosos, tratándolos de “personas X”, “personas de capital” y “pensionados”. Además, minimizó la importancia y complejidad del asunto, como si buscar y garantizar agua de calidad apta para el consumo humano fuera capricho, un hecho sin relevancia o “joder” como claramente lo dice en su discurso. Cuando no hay argumentos, surge el insulto.
Sorprende y preocupa que un alcalde que contempla como eje principal de su plan de desarrollo la gobernanza del agua, con metas y estrategias para garantizar su disponibilidad y calidad para consumo humano, ignore y desestime advertencias de posibles amenazas a los escasos recursos hídricos, las cuales podrían contribuir a la solución de la problemática. ¿Por qué no actuar?, ¿por qué no evaluar con responsabilidad las alertas?, ¿fueron sólo promesas secas de campaña? Del discurso a la contradicción.
En palabras textuales del alcalde: “…claro como ellos vienen es de capital, tomando agua tratada al 100, donde abren la llave y siempre tienen agua, y vienen acá a vivir en un paraíso, pero con dificultades, entonces ya pues se molestan y quieren afectar a toda la comunidad”. ¿Acaso exigir agua de calidad es afectar a la comunidad?, ¿por qué Barichara debe conformarse con agua que pueda poner en riesgo la salud de sus habitantes?
Todo mandatario está sometido al control social. Debe responder de manera responsable y técnica a la vigilancia sobre la gestión pública y más cuando el reclamo busca un beneficio colectivo y un fin loable: contar con agua en condiciones dignas y de calidad.
