Según información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las elecciones atípicas que se realizarán el próximo 14 de diciembre en Bucaramanga tendrán un costo estimado de $16.995 millones, un despilfarro democrático que pagarán los contribuyentes que asumen año tras año reformas tributarias, resisten el alza del costo de vida, padecen un transporte público deficiente y deben incluir en su presupuesto imprevistos tan comunes como el robo del celular. Todo ello mientras la ciudad soporta la parálisis institucional derivada de un prolongado proceso judicial que ha generado un costo económico incalculable. Ante este panorama, surge la inquietud, ¿las consecuencias antes descritas que genera la sanción por doble militancia serían razones suficientes para tolerar la transgresión de una norma?
Por un lado, emergen voces que minimizan la falta al régimen de partidos como un simple error, abogando por la inaplicabilidad de la norma sobre doble militancia. Se argumenta que, en aras de la practicidad, debe ponderarse el costo-beneficio y que la corrección moral de una acción depende de sus consecuencias, no de la intención ni del principio vulnerado; ideas inspiradas en el utilitarismo de Jeremy Bentham y desarrollado por John Stuart Mill, según las cuales una decisión ética busca el mayor bien para el mayor número.
En esta línea, ante la incertidumbre y el alto costo de unas nuevas elecciones, la sanción generaría un daño a la ciudadanía y resultaría inconveniente su aplicación.
En contraposición, están quienes sostienen que se trata de una violación al principio de lealtad política, y exigen consecuencias jurídicas para quienes incurren en la falta. Esta visión responde a la ética deontológica de Immanuel Kant, fundada en el deber y la racionalidad universal más que en los resultados. Bajo su imperativo categórico, el valor moral de una acción no depende de sus efectos, y la norma debe cumplirse incluso cuando su aplicación resulte desfavorable para las mayorías. Así, aunque sean los ciudadanos quienes asuman el costo de la sanción, lo correcto, según esta perspectiva, es hacer lo que el deber ordena; y la destitución del alcalde sería, por tanto, una consecuencia inevitable.
Si bien en muchas ocasiones pasa inadvertido, el debate sobre lo público se enmarca en posiciones que oscilan entre la conveniencia política y el deber moral, dejando en medio a una ciudadanía que termina asumiendo los costos sociales y económicos de las decisiones de sus gobernantes. La doble militancia es uno de los tantos ejemplos donde se enfrentan la utilidad y el deber, en una ciudad como Bucaramanga que, más allá de atajos morales y justificaciones pragmáticas, requiere coherencia, planeación y estabilidad. Porque, si es de escoger, aunque el costo de la rectitud sea muy alto, más caro resulta ser complaciente con la ilegalidad.
