Sabemos desde siempre que la tecnología avanza a un ritmo que las legislaciones estatales rara vez logran predecir, pero en el contexto colombiano, esa brecha no solo se mide en rezago normativo, sino en vidas humanas.
El endurecimiento en la regulación para la importación y comercialización de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) en el país —materializado en la Resolución 000242 de diciembre de 2025— responde a una cruda y dolorosa realidad. Las cifras recopiladas por Naciones Unidas dan cuenta, en los primeros cinco meses de 2026, de 121 ataques con drones, con un saldo trágico de 21 muertos y 145 heridos. La población civil, que representa un infame 32 por ciento de las víctimas de esta nueva modalidad ofensiva, se encuentra, una vez más, atrapada en una vulnerabilidad inédita.
Entonces: claro que en Colombia deben tomarse medidas para frenar el avance de los drones como armas de guerra. Pero como suele pasar, las autoridades son veloces en coartar las libertades de los ciudadanos mientras exhiben un ritmo paquidérmico en asumir responsabilidades.
Centralizar la entrada de estos dispositivos exclusivamente en las aduanas de Bogotá y Cartagena, exigir declaraciones anticipadas y prohibir su tráfico postal son medidas lógicas de trazabilidad orientadas a ahogar las cadenas de suministro de los grupos armados ilegales. Sin embargo, su impacto económico y operativo sobre los sectores legítimos es innegable. Empresas de tecnología, investigadores, operadores audiovisuales, creadores de contenido y pequeños importadores enfrentarán un incremento sustancial en costos logísticos y tiempos de espera. Es como prohibir al parrillero para controlar la delincuencia motorizada: castigar al usuario formal por los desmanes de la criminalidad es un síntoma clásico de la incapacidad estatal para ejercer controles selectivos e inteligentes.
En ese contexto, es inexcusable la negligencia e ineficiencia en la ejecución del gasto de defensa dirigido a enfrentar este problema. El demoledor informe de la Contraloría General de la República sobre la adquisición fallida de sistemas antidrones para el Ejército en el Catatumbo es una bofetada a las comunidades que hoy demandan protección. Resulta inaceptable que -como reportó Semana- bajo la ambigua figura de convenios interadministrativos avalados por el Ministerio de Defensa se hayan canalizado 80.000 millones de pesos hacia Codaltec —una entidad que actuó como intermediario sin idoneidad técnica— para que al día de hoy el Ejército continúe sin la capacidad de defensa antidrones que necesita.
¿Cómo se le explica a los ciudadanos del Catatumbo, o a las más de 812.000 personas que la ONU estima que necesitan protección contra artefactos explosivos en 2026, que los sistemas para combatir los drones del narcotráfico y la guerrilla no funcionan por culpa de la burocracia y la mala planeación? Al ciudadano de a pie se le imponen barreras extremas para importar un recurso tecnológico, mientras que las instituciones encargadas de salvaguardar la soberanía nacional fallan en la estructuración de contratos críticos para la seguridad del Estado.
La regulación y el control de los cielos colombianos son imperativos de seguridad nacional que no admiten discusión. Pero restringir el acceso a la tecnología es solo la mitad de una estrategia miope. Sin una depuración profunda en los esquemas de contratación militar, sin la sanción estricta a intermediarios inútiles y sin el fortalecimiento real de la inteligencia y la defensa en el territorio, las restricciones aduaneras serán solo un paño de agua tibia. El Gobierno no puede pretender ganar la guerra del futuro con las mañas contractuales del pasado.
