Aunque los ciudadanos estamos en “modo pasivo” frente a un problema que nos puede explotar en poco tiempo, es perentorio que las autoridades locales puedan decidir y comunicar qué va a pasar con los residuos sólidos en el área metropolitana de Bucaramanga. En menos de 8 meses supuestamente estaría agotada la posibilidad de disponerlos en El Carrasco, sitio que actualmente opera como relleno sanitario bajo un supuesto instrumento judicial de naturaleza ambiental (figura atípica que no tengo idea de donde salió) que vence el 1 de abril de 2027.
En esta semana el juez a cargo del caso ha expedido un auto que exige al gerente de la EMAB, en un plazo de 3 días, explicar por qué no se ha cumplido la sentencia de cierre y convoca a una mesa técnica para el próximo 9 de septiembre. De mesa en mesa y de informe en informe se siguen dilatando decisiones y llegará el momento en que ya no tendremos más que decir sino enfrentar la emergencia, muchas veces advertida y nada imprevista.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional saliente expidió un decreto que considera el tratamiento de residuos orgánicos como alternativa prioritaria para reducir el enterramiento. No le falta razón, en teoría, porque mas del 50% de nuestros residuos son orgánicos, pero en la práctica las tecnologías de tratamiento a gran escala para producir biogás y biometano, incluso para generar compost o mejoradores de suelos, requieren procesos de selección muy estrictos, inversiones elevadas y espacios temporales amplios para su puesta en marcha. Y lo más importante, que los usuarios aprendamos, aceptemos y acatemos la separación del orgánico en nuestras casas, que sería el insumo para los hoy inexistentes sistemas de tratamiento.
ANDESCO, que representa a las empresas de servicios públicos, ha manifestado inconformidad por ese decreto y por el nuevo marco tarifario que requiere mucho más análisis y estudios de impacto antes de aplicarlo. Es cierto que Implantar la recolección selectiva de residuos orgánicos (mínimo una vez por semana) implicaría cambios enormes en los planes operativos e inversiones de las empresas y traer otras empresas a prestar este segmento generaría costos de transacción elevados, pero hay que empezar. Reconocemos que ha habido iniciativas valiosas de baja escala, pero para lograr convertirse en solución real frente a El Carrasco, tendrían que recorrer aún un largo trecho.
Esta prioridad, que sin duda lo es, exige inversión y conciencia frente al problema. El ajuste tarifario, cuando lo entendamos, puede ser una fuente de financiación, pero requerirá aportes de los gobiernos locales y nacional e incluso una APP; y para eso hay que ponerlo en la lista de lo más urgente para los 4 municipios y tomar decisiones ejecutivas sin más espera.
