En 1992, durante la campaña presidencial en Estados Unidos, el asesor político de Bill Clinton, James Carville, escribió la frase “¡es la economía, estúpido!” para recordarle a su equipo que debían enfocarse en la situación económica. Echando mano del ejemplo, a la hora de pensar en los damnificados y la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, la respuesta es ¡es el Estado, estúpido!
El Estado es la fuerza económica más poderosa en una sociedad. Cuenta con cerca de 1.300.000 servidores públicos y otros cientos de miles de contratistas. Para hacerse una idea, el presupuesto del gobierno central para este año es de $546,9 billones de pesos, esto sin tener en cuenta los recursos propios de los municipios y los departamentos.
Es sabido que en estos desastres, las donaciones privadas, en el mejor de los casos, suman el 4% del total, mientras el 96% restante sale de recursos públicos (https://bit.ly/4zjXrNY). Sin embargo, es llamativo que el cubrimiento de los medios e influenciadores funciona exactamente al contrario: se pone el énfasis y la atención en el 4% —las donaciones privadas— mientras poco o nada se dice del 96% de los recursos públicos que debe poner el Estado. Es de lamentar que en lugar de reconocer el preponderante rol del Estado en estas circunstancias, los dos discursos políticos más sobresalientes del país se han dedicado a desconocerlo.
Por un lado, el credo anarcocapitalista del gobierno de De La Espriella considera al Estado un estorbo para la “mano invisible” del mercado, llamada a solucionarlo todo. El gobierno cree que las donaciones de los cacaos resolverán los problemas mientras se niega a asumir su papel rector en la reconstrucción. En palabras del analista Aurelio Suárez: “el principal aportante es el gobierno y es el único que no ha dicho cuánto va a aportar” (https://bit.ly/4zwGoIC).
Por otra parte, el expresidente Petro llamó a las donaciones “limosnas” y, junto al senador Cepeda, promueve la consigna “solo el pueblo salva al pueblo” con el propósito de exaltar la autogestión, figura que sin duda cumple un papel importante en la primera etapa de la atención, pero que no puede reemplazar al Estado en los planes, programas y proyectos que demanda la reconstrucción.
A los lectores les invito a también expresar su solidaridad haciendo veeduría a los enormes recursos públicos, entre $30 y $40 billones, que se destinarán para atender a los damnificados y reconstruir el occidente del país.
PUNTO APARTE: Al margen del debate jurídico y las disculpas forzadas, es reprochable la conducta del Minvivienda, Jaime Andrés Beltrán, de irse a la playa apenas ocho días después de posesionarse y en medio de la tragedia que vive el país. ¿Con qué cara va a liderar?
