El terremoto del 10 de agosto en el occidente colombiano desarmó vidas, rompió hogares y cambió el destino de miles de personas en un solo instante. No solo se cayeron los edificios y los muros de tapia: se cayeron los brazos que sostenían la mesa familiar, los recuerdos guardados en cada rincón y la ilusión de un futuro construido en conjunto. Pero frente a tamaño impacto floreció también el amor humano: la solidaridad de propios y extraños que rescataron vidas, auxiliaron heridos, abrieron puertas a quien todo lo perdió y ayudaron a llenar el vacío que deja la soledad ante semejante pérdida.
A Colombia entera le corresponde ahora la tarea monumental de reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, puentes, centros comunitarios y de otorgar ayudas a las familias damnificadas para recuperar comunidades y economías locales enteras. Hoy, sin distinciones ideológicas, todos los colombianos debemos unirnos frente a una sola causa: las víctimas de este desastre. Ojalá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres corrija el manejo irregular de los recursos y los encauce de verdad hacia la urgencia que vive el país.
Sin excluir a quienes sufrieron en otras regiones, la prioridad debe recaer en ese Chocó históricamente relegado por el centralismo político y administrativo. No basta con devolver las cosas al estado anterior al sismo: se necesita un verdadero plan de choque que construya capacidades, nuevas economías y riqueza a partir de su biodiversidad, sus ríos, su salida a dos océanos, su posición estratégica y el talento de su gente. Dignificar al Chocó es saldar una deuda territorial inaplazable para consolidar la paz que la falta de oportunidades legales les ha arrebatado.
Si en Santander queremos prevenir un riesgo similar, la tragedia debe obligarnos a un cambio institucional y social serio frente a la vulnerabilidad de viviendas y edificaciones levantadas en zonas de escarpa y en asentamientos sin aprobación oficial, donde la Norma de Sismorresistencia (NSR-10) simplemente no se aplica, porque las Secretarías de Planeación Municipal y las Inspecciones de Control Urbano no ejercen ningún control, no sellan obras, no imponen multas ni ordenan demoliciones frente al caos constructivo que impera en el Área Metropolitana; y culturalmente, modificando la coima que impera en la construcción ilegal por el imperio de la legalidad.
De paso, es un deber denunciar a las Curadurías Urbanas que expiden licencias jurídicamente insostenibles, contrarias al POT: edificaciones de cuatro pisos donde el límite es de dos (Lagos del Cacique), moteles sobre cauces protegidos (Quebrada La Iglesia), parqueaderos sin cumplir con el retroceso exigido (carrera 14 con calle 41 esquina). Todo con la aquiescencia de la Superintendencia de Notariado, que, siendo la competente, no los controla ni sanciona. No más tolerancia a la ilegalidad.
