Las cifras frías engañan la mente y aplazan la acción. Leer que los homicidios bajan o que las estadísticas toman un respiro nos tranquiliza, y desde la seguridad de los hogares o escritorios, elegimos dar la vuelta a la página. Preferimos mirar hacia otro lado para no rozar con el dolor que sigue latiendo en el territorio. Así caemos en el engaño de creer que la región descansa en paz, confundiendo el silencio pasajero de los fusiles con el fin de una guerra que simplemente se ha transformado y sigue cobrando vidas.
Para desmantelar este espejismo en Santander, leer el informe del primer semestre de 2026 presentado por el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso no es solo una obligación académica, sino una exigencia ética para confrontar nuestra propia realidad y vulnerabilidad.
Este documento expone una verdad incómoda: la disminución cuantitativa de ciertos tipos de victimización no implica haber superado las condiciones que las generan. Lo que revela el informe no es paz, sino un reajuste operativo del miedo. A medida que los registros de violencia política disminuyen en los informes, el territorio cambia silenciosamente: la violencia deja su manifestación en sicarios individuales y se traslada hacia la coerción colectiva, la extorsión sistemática, la estigmatización y la reconfiguración de corredores armados como el Bajo Rionegro y el Magdalena Medio.
No hay dignidad humana plena cuando se limita la participación democrática. El informe ilustra cómo la persecución política ha derivado en sabotaje a la deliberación pública —con bloqueos violentos a caravanas políticas en Charalá y San Vicente de Chucurí—, en el doloroso asesinato de líderes comunitarios en Barrancabermeja y Puerto Wilches, y en una violencia feminicida sostenida por el sicariato y las armas en las ciudades, a lo que se suman discursos políticos que buscan flexibilizar el porte de armas, exponiendo todavía más a las mujeres dentro de los hogares.
El Estado muestra una profunda incoherencia al celebrar indicadores de seguridad mientras el crimen organizado establece fronteras invisibles en el área metropolitana de Bucaramanga y ahoga la soberanía de las comunidades.
Las exigencias de la Defensoría y el informe regional coinciden en una urgencia ineludible: romper el silencio cómplice del Estado y priorizar la vida, la justicia y las garantías democráticas frente al engaño de las estadísticas frías.
Les invito a leer este informe con honestidad para llevar a cabo la única acción comunicativa posible en tiempos cínicos: escuchar las historias del territorio a través de sus heridas. Compromiso nos proporciona una guía rigurosa para desmantelar esta simulación institucional y exigir que la seguridad no se evalúe mediante el silencio estadístico, sino mediante garantías plenas de vida y democracia en Santander. Nombrar para existir.
