En 2011, el multimillonario estadounidense Warren Buffett propuso impedir la reelección de congresistas si el déficit fiscal superaba el 3 % del PIB. Si aplicáramos esa lógica en Bucaramanga, condicionando la política al manejo de la economía, más de un dirigente rendiría cuentas por el elevado costo de vida y las decisiones que comprometen el bienestar de los bumangueses.
Por tercer año consecutivo, Bucaramanga figura entre las ciudades con mayores variaciones de precios del país. Los hogares, especialmente los de menores ingresos, enfrentan el encarecimiento de los alimentos, los restaurantes, los servicios públicos y la vivienda. Aunque descendió al tercer lugar del escalafón, con una variación anual del 6,98 %, cabe preguntarse por qué la ciudad registra una inflación elevada sin experimentar fenómenos de gentrificación y turistificación como en Medellín.
Según los datos más recientes del DANE, los principales factores que inciden en la elevada inflación de Bucaramanga se concentran en bienes y servicios cuyos precios pueden verse afectados por decisiones políticas relacionadas con la movilidad, la oferta de vivienda y los costos de producción y distribución.
A pesar de los esfuerzos del sector privado por impulsar la economía santandereana, las deficiencias en infraestructura vial encarecen el transporte de mercancías, lo que repercute en los precios de los alimentos. A ello se suma la crisis de movilidad metropolitana. La falta de transporte público eficiente obliga a los ciudadanos a depender del vehículo particular, el transporte informal y las aplicaciones, aumentando sus gastos cotidianos. La vivienda y los arriendos plantean otro desafío. La insuficiente oferta de suelo habilitado por deficiencias en la planificación territorial metropolitana encarece el mercado inmobiliario, presionando el comercio, la vivienda propia y arrendada que inciden en el IPC. También preocupan los avalúos catastrales implementados por no corresponder al valor real de los inmuebles y los incrementos del impuesto predial, cuestionados por sus efectos económicos y su legalidad. Aunque estos costos no se trasladan automáticamente a los arrendatarios, inciden en los cánones y en el costo de vida.
No es coincidencia que, desde los aumentos de los avalúos catastrales en 2024 y los incrementos prediales irregulares en las vigencias siguientes, Bucaramanga haya permanecido entre las ciudades con mayor inflación. ¿Evalúan las administraciones los efectos de sus decisiones sobre la economía de los hogares? Mientras la dirigencia se pierde en discusiones bizantinas y elogios mutuos, los ciudadanos pagan las consecuencias de los problemas estructurales de la ciudad. La competitividad no se mide únicamente por la actividad empresarial o la inversión; también depende de cuánto cuesta vivir, trabajar y movilizarse.
La inflación exige respuestas, debates, explicaciones y responsabilidades. ¿Qué estamos haciendo para que Bucaramanga sea más asequible para sus habitantes?
