Existe una forma de hacerle daño al país que suele pasar inadvertida, que pocas veces genera escándalos y que termina siendo igual de dolorosa para los ciudadanos: la negligencia de quienes tienen la responsabilidad de administrar lo público y sencillamente no hacen su trabajo.
No toda negligencia constituye jurídicamente un acto de corrupción, pero eso no significa que sus consecuencias sean menos graves. También es corrupción cuando se desperdician los recursos públicos en proyectos que se quedan en papel, cuando las decisiones se aplazan indefinidamente, los contratos se vencen y las obras nunca se terminan.
Pensemos en una comunidad que lleva años esperando agua potable. Los recursos fueron aprobados, el proyecto anunciado y las familias recibieron la promesa de que pronto tendrían una solución. Pero pasan los meses, gracias a la falta de planeación, aparecen dificultades técnicas, faltan permisos, se vencen los plazos y el agua nunca llega. ¿Quién responde por eso?
Explicaciones sobran: dificultades administrativas, problemas de contratación, ajustes presupuestales, inconvenientes jurídicos o asuntos que dependían de otras entidades. Algunos justificados. Pero otras podrían esconder una realidad mucho más preocupante: nadie asumió oportunamente la responsabilidad de resolver los problemas. Y mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando.
Precisamente, ejercicios como la auditoría forense del Ministerio de Vivienda permiten poner sobre la mesa una discusión que va más allá de identificar posibles irregularidades en la contratación. También se trata de establecer qué ocurrió con los recursos, por qué determinados proyectos no avanzaron, qué decisiones dejaron de tomarse y cuáles fueron las consecuencias para las comunidades que esperaban soluciones.
No debemos solo preocuparnos por si se robaron la plata. También nos debe preocupar otros asuntos: ¿para qué se destinaron los recursos?, ¿qué resultados se obtuvieron?, ¿por qué no se ejecutaron?, ¿quién debía tomar las decisiones?, ¿cuánto costaron las demoras?
El tiempo también cuesta. Una obra que no se ejecuta oportunamente puede terminar costando mucho más, los presupuestos se desactualizan, los materiales aumentan de precio y los recursos inicialmente previstos pueden resultar insuficientes. Al final, con la misma plata se hace menos o se beneficia a menos personas.
Existe una pérdida todavía más grave: la de las oportunidades. Cada día sin agua potable, cada familia sin vivienda y cada comunidad esperando una obra representa una necesidad que el Estado no logró atender oportunamente.
Administrar recursos públicos significa planear, ejecutar, supervisar, anticipar dificultades y tomar decisiones. Y cuando los resultados no llegan, rendir cuentas.
La falta de gestión genera responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales. No basta con señalar que hubo dificultades, es necesario establecer cuáles eran previsibles, qué se hizo para superarlas y quién tenía la obligación de actuar. Lo verdaderamente importante son los resultados que transforman la vida de las personas.
