La presentación ante el Congreso el jueves pasado del proyecto de Ley de Rescate Económico abre una discusión inaplazable. Las finanzas públicas requieren un ajuste. El crecimiento de la deuda, el déficit y el costo de financiar al Estado comprometen la estabilidad macroeconómica y la confianza necesaria para invertir y generar empleo. Reconocer esa urgencia es el primer acierto de la iniciativa.
Especial mención merece la intención de reducir el gasto estatal. Sin embargo, el ajuste anunciado, cercano a los 40 billones de pesos, debe analizarse de cerca. Según el análisis de las cifras de la exposición de motivos, apenas una cuarta parte —alrededor de 10 billones— provendría de recortes del gasto público. Los 30 billones restantes se obtendrían mediante mayores impuestos y contribuciones. La austeridad debería ser más ambiciosa. El Estado debe revisar su tamaño, eliminar duplicidades y evaluar resultados.
También hay otros elementos positivos: reducir la renta empresarial del 35 % al 31 %, incentivar grandes inversiones y devolver el IVA a hogares vulnerables. Bien diseñadas, estas medidas pueden mejorar la competitividad, estimular proyectos y proteger a quienes tienen menor capacidad económica. La devolución, sin embargo, deberá ser sencilla, oportuna y verificable.
Pero el proyecto contiene riesgos que el Congreso debe corregir. El primero es que el ajuste dependa demasiado de nuevos impuestos al consumo y de ampliar la base del IVA. Devolver el impuesto a hogares pobres no elimina sus efectos sobre costos, precios, capital de trabajo y formalidad. Además, no todos los sectores pueden trasladar esos gravámenes al consumidor.
El agro merece especial atención. La modificación del IVA encarecerá los bienes de la cadena productiva. Gravar frutas y verduras frescas, insumos, fertilizantes, plaguicidas, asistencia técnica, fumigación y seguros agropecuarios elevará los costos de producción y, por tanto, los precios. En el aceite crudo de palma por ejemplo, la eliminación del tratamiento diferencial llevaría, según el texto divulgado, de una tarifa del 5 % a la general del 19 % desde 2028. En una actividad expuesta a competencia internacional, a la informalidad e ilegalidad en la comercialización y a países vecinos con condiciones tributarias distintas, el cambio agravará la ilegalidad, incentivará el contrabando y enredará el control fronterizo. No es un asunto exclusivamente palmero: está en juego una cadena que genera empleo e inversión rural.
Preocupa también el aumento de cargas sobre personas de ingresos medios y altos y sobre ciertos costos laborales. Si contratar formalmente se encarece, el efecto puede contrariar el propósito de estimular el empleo. Y los beneficios para grandes inversiones no deberían convertirse en privilegios inaccesibles para empresas medianas y proyectos regionales.
La discusión no debe reducirse a respaldar o rechazar el proyecto en bloque. El Congreso debe separar lo indispensable de lo inconveniente, exigir cifras verificables y medir impactos sectoriales. El saneamiento fiscal no se logra recaudando más sino que exige gastar mejor, recuperar confianza y ampliar la capacidad productiva.
Colombia necesita ordenar sus cuentas, pero también cuidar a quienes las hacen posibles: ciudadanos, trabajadores y empresas.
