Esta es una de esas columnas que se fue rezagando, a falta de una conversación que se aplazó con el periodista Cristian Herrera, asesinado en junio pasado, pero que esta semana doña Blanca, una radioescucha cucuteña, me obligó a retomarla luego de oír su valiente testimonio al aire sobre la dramática situación de violencia que padece la capital nortesantandereana.
“Estamos cansados de las recompensas”, dijo entre sollozos la oyente, quien pidió al presidente De la Espriella que militarizara el casco urbano de Cúcuta, ante la impotencia de ver cómo “lo único que tienen los jóvenes por hacer es dinero fácil”, luego de los dos últimos hechos de violencia que sacudieron a la ciudad: la muerte a manos de pistoleros del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, y una explosión en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta con Ureña, municipio del lado venezolano.
“Lo que pasa en Cúcuta es el reflejo de prácticas clientelares que se fueron afianzando hasta llegar a lo que conocemos hoy: la articulación entre la política, la mafia y la ilegalidad”, escribió en su cuenta de X Estefanía Colmenares, exdirectora de La Opinión, el tradicional periódico de esta ciudad, sobre el deterioro de la seguridad en esta región del país.
Con Herrera, exalumno dos décadas atrás, comentábamos cuando venía de visita a Bucaramanga sobre su trabajo como reportero judicial y la cada vez más delicada situación de orden público en esta entrañable capital, tan presente en los recuerdos de infancia por ser el terruño de mis ancestros, una apacible ciudad de frontera, con una febril actividad comercial en donde, al final de las tardes, para paliar el calor, era usual conversar desprevenidamente en el antejardín de las casas.
Se nos quedó pendiente hablar de las amenazas que recibía por su labor, dos años atrás, así como de su arrojo a la hora de señalar responsables. La Defensoría del Pueblo emitió en septiembre de 2025 una alerta temprana por las constantes amenazas contra funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales, así como por el riesgo de que la violencia del Catatumbo se extendiera a las ciudades.
Lo que ha venido pasando en la vecina Cúcuta tiene que alertar a los bumangueses, pues ese llamado de atención de la defensora, Iris Marín, también nos involucra. Gran parte de ese dinero ilegal proveniente de actividades ilícitas como narcotráfico, minería, extorsión y trata de personas, que se disputan grupos criminales, llega a la capital santandereana y, como dice la señora Colmenares, es cuestión de tiempo y ‘voluntades’ para que permeen lo poco que nos queda de dignidad en lo público. Hace unos meses escuché una frase que, sobre el tema, me inquietó: de la Bucaramanga ‘oscura’ casi nadie habla.
