Publicado por: Marcela Pabón
El pasado 30 de enero, Transparencia Internacional publicó el resultado del Índice de Percepción de Corrupción 2023, el cual busca medir las apreciaciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, en una muestra de 180 países, mediante la calificación en una escala de 0 a 100 puntos, siendo 0 la peor calificación, es decir, la más corrupta y 100, una puntuación libre de corrupción.
El triste panorama para el país no ha variado significativamente en los últimos años. En la última medición que corresponde al año 2023, Colombia obtuvo una calificación de 40 puntos, solo un punto por encima del resultado logrado en 2022. Así, en 2023, Colombia ocupó el puesto 87 entre los 180 países evaluados, es decir, muy lejos de una posición favorable.
Los resultados de este estudio son concordantes con los múltiples escándalos de hechos de corrupción que enfrenta a diario el país y que, en muchos casos, quedan en la denuncia o en un suceso mediático, pero sin avanzar en resultados reales contra la impunidad.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República, a nivel nacional, entre los años 2010 y 2023, se formularon 57.582 denuncias asociadas a corrupción, el 77% de ellas, apenas en fase de indagación. Así mismo, 20 de los 32 departamentos, tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y los restantes, están entre el 90% y el 94.9% de impunidad.
La corrupción, es quizá, el factor que más debilita las instituciones de un Estado democrático, pues contraviene el principio fundamental mediante el cual, todas las acciones de quienes ejerzan funciones públicas deben estar al servicio del bienestar común, deponiendo los intereses particulares frente a los intereses colectivos.
No será posible entonces, resolver los graves problemas sociales, ambientales económicos y de seguridad que enfrenta el país, sin abordar el flagelo de la corrupción desde una perspectiva sistemática y transversal, que permita acciones para combatir el circulo vicioso de la malversación de recursos públicos y la impunidad.
Para ello, es necesario, entre otras cosas, un compromiso decidido de los organismos de control, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social, que contribuya a la prevención de casos asociados a este fenómeno. De igual forma, es importante mejorar las condiciones de protección para el ejercicio de denuncia, y el aumento de responsabilidades territoriales en materia de prevención de riesgos y fortalecimiento institucional contra la corrupción.
Por: Marcela Pabón - Comité Transparencia por Santander
