Columna de opinión de Miguel Ángel Pedraza

La clase política tradicional no pierde su poder en Santander ni tampoco en el país, pues se mantiene, a pesar de todos sus cuestionamientos, de todos sus fracasos y de sus escándalos de corrupción.
En Santander, el exgobernador Didier Tavera sigue teniendo mucho poder, no obstante su delicado proceso penal por contratación indebida y peculado por apropiación que cursa en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, por irregularidades en el plan de alimentación estudiantil del año 2016. El hombre incluso es figura nacional desde su condición de director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.
Otro que manda en la región es el representante a la cámara Oscar Villamizar Meneses, heredero de una casa política cuyos principales exponentes terminaron condenados por hechos de corrupción. Villamizar es la ficha clave del Centro Democrático en Santander y ahora tiene como fortín burocrático el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Y así sucesivamente. Pero “la tapa que tapó la olla” se dio la semana pasada con la reelección por aplastante mayoría de John Abiud Ramírez Barrientos en la dirección administrativa de la Cámara de Representantes. A pesar de estar cuestionado en el entramado corrupto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de ser señalado de despilfarro en su propia oficina, John Abiud sigue siendo un personaje poderoso en la política nacional y regional, no solo por ser el hermano y el mentor del alcalde de Girón, sino por su habilidad para gestionar y direccionar recursos públicos a su antojo, convirtiendo la dirección administrativa de la Cámara en un vulgar contratadero.
Tavera, Villamizar y Ramírez, aún con todas las controversias encima, no se detienen en sus ansias de poder. Son los que mandan en la región, son poderosos, tienen músculo financiero, dominan su parroquia y a nada le temen, ni a la Fiscalía, ni a la justicia penal y menos a otros organismos de control. Por allá también mandan.
Y al final, esos sucesos de los personajes de la política regional son el vivo reflejo de lo que pasa en la política nacional. Después de la instalación del Congreso para la nueva legislatura, políticos sumamente cuestionados asumieron cargos directivos sin siquiera ruborizarse. El parlamentario risaraldense Juan Pablo Gallo, vinculado al escándalo de Gestión del Riesgo, asumió la presidencia de la comisión tercera del Senado. Y Carlos Fernando Motoa, mencionado en el caso de corrupción de “las marionetas”, fue elegido como vicepresidente en el Senado de la importante comisión primera.

Y los ejemplos abundan. Otros directivos no tienen nexos con maquinarias corruptas, pero sí con la parapolítica. Y siguen ahí como si nada.
La ralea política no da tregua. ¡Espantoso!











