Opinión de Víctor Raúl Castillo.
Después de que la Comisión Séptima del Senado archivara la reforma de salud, programa bandera de la campaña del presidente Gustavo Petro, una serie de ordenamientos públicos por parte del mandatario y acciones llevadas a cabo por la Superintendencia de Salud, se llegó a la intervención de las dos EPS más grandes del país: Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, Sanitas EPS, con cerca de 6 millones, y la reciente solicitud de liquidación voluntaria de la EPS Compensar, una institución que ha estado en funcionamiento por más de 30 años y cuenta con más de 2 millones de usuarios en la actualidad.
Esta situación ha generado gran inquietud entre los pacientes y la comunidad, debido al incremento en las quejas y reclamaciones (PQR) y el empeoramiento de los indicadores financieros. Esto se tradujo en un aumento de las deudas pendientes, lo que dificultó el pago a proveedores de servicios, insumos y medicamentos.
Estas dos entidades son solo la punta del iceberg en este sentido. Seguramente, a futuro habrá más intervenciones.
Entre tanto, no han ayudado las declaraciones del Dr. Aldo Cadena, expresidente de Nueva EPS, quien en reuniones con hospitales y la junta directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), mencionó que debido a las malas condiciones financieras de la entidad no podían pagar más del 70% del valor de las facturas a los hospitales; esto ha generado preocupación y pone en peligro la estabilidad de la red hospitalaria.
Hundir la Reforma a la Salud es un gran triunfo político pero muy perjudicial para la sociedad. No había mejor momento para las discusiones que este, cuando se había podido acordar un buen texto. Ahora nos enfrentamos a una reforma de facto a través de la vía administrativa, que será aún más traumática en su implementación. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), por orden del presidente, deberá expedir el manual tarifario que regirá la contratación, al menos en todas aquellas EPS intervenidas que hoy tienen una población de más de 26 millones de usuarios, y que debería aumentar en los próximos meses.
La lucha entre las EPS y el gobierno probablemente se trasladará a los tribunales en una segunda fase, lo que posiblemente empeorará el clima social y político.
El ambiente también se ha visto afectado por la situación que se vive en la elección del nuevo modelo de prestación de salud al Magisterio, debido a la actitud de la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), quienes lanzaron una particular convocatoria para participar en dicho modelo. En un correo electrónico, enviado a las 23:22 del 1 de abril, con un plazo de cierre a las 2:00 P.M. del día siguiente, se dieron únicamente seis horas hábiles para presentar una amplia documentación y acuerdos para la conformación de una red hospitalaria; un lapso demasiado corto para lograr algo así. Esta práctica, habitual durante años y en distintos gobiernos, plantea serias dudas sobre la transparencia y equidad en el proceso de contratación.
Hago un llamado a la ministra de educación, responsable de este proceso, a que revise detenidamente esta convocatoria que parece estar dirigida a los actuales operadores nacionales, quienes probablemente tienen previo conocimiento de las condiciones.
