El presidente Santos ha gozado de muy buen ambiente en la opinión nacional precisamente porque ha defendido de muchas maneras derechos y libertades de las personas, pero en este caso de la ley contra la discriminación y el racismo, al menos hasta ahora, se le ha visto tan firme para objetarla, como ausente para sustentarla
Publicado por: REDACCÓN EDITORIAL
Causó sorpresa en algunos sectores, el comunicado que expidió la presidencia de la República la noche del pasado martes en el que, sin suficientes explicaciones de fondo, en concepto de algunos expertos, objetó el proyecto de ley que penalizaba la discriminación y el racismo en Colombia.
Antes de entrar en esas consideraciones de fondo, que corresponden no sólo al fuero profesional de los expertos en materia constitucional, sino a la libre expresión ciudadana sobre todo asunto que atañe a sus derechos y libertades, cabe señalar como poco conveniente el hecho de que se haya informado a la nación de una decisión de hondo calado, de manera casi casual, por medio de un comunicado de prensa que no se ocupa suficientemente de un asunto que toca realidades dolorosas, afincadas en la historia nacional, como son las que se derivan de la discriminación en la que ha vivido una buena parte de nacionales en la historia de Colombia.
La preocupación que han expresado algunos representantes de etnias, iglesias y otras minorías, además de algunos juristas, es el hecho de que al no precisar los alcances de sus declaraciones, el presidente Santos ha dejado en la opinión la sensación de que le incomoda el proyecto que estaba a la espera de su firma para entrar en vigencia. El comunicado hace referencias como la de que “en cuanto se refiere a discriminación por motivos religiosos o de orientación política o filosófica, es imposible para los destinatarios de la norma conocer cuándo incurren en el delito”; y también asegura en otro de sus apartes que “la norma abarca supuestos en los cuales quien actúa podría estar en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental”.
No es suficientemente riguroso y, valga decir, serio, que un asunto de tanta trascendencia como lo son en general los atinentes a definición de constitucionalidad y, más aún, en áreas que, como esta, buscan superar taras históricas como la discriminación, pretendan abocarse ante la nación por medio de afirmaciones tan generales como las citadas arriba.
Es imposible desconocer que las acciones ofensivas que se derivan de los prejuicios discriminatorios, terminan en agresiones y humillaciones que causan daño grave al individuo, a su círculo próximo y a la sociedad y si se mantiene toda forma de discriminación por fuera de la estructura penal del país, necesariamente se mantiene sin protección a quienes son perseguidos o desconocidos en virtud de su credo o de sus convicciones políticas o filosóficas.
El presidente Santos ha gozado de muy buen ambiente en la opinión nacional precisamente porque ha defendido de muchas maneras derechos y libertades de las personas, pero en este caso de la ley contra la discriminación y el racismo, al menos hasta ahora, se le ha visto tan firme para objetarla, como ausente para sustentarla. Será importante saber si tal actitud es sólo coyuntural o responde más bien a una convicción del Ejecutivo.
