Publicado por: Editorial
Cuando Ricardo Roa Barragán llegó a la presidencia de Ecopetrol, numerosas voces sensatas advirtieron que su perfil no correspondía a la envergadura de la empresa más importante del país, pero el Gobierno Nacional hizo oídos sordos y se atrincheró en su decisión, sin importar que esa posición inicial se convertiría en una pesada losa que durante años arrastraría a la empresa por un camino de críticas, investigaciones y escándalos que afectaban la viabilidad de una compañía que es el corazón financiero de Colombia.
Y, en efecto, la gestión de Roa estuvo salpicada desde el arranque por el desacuerdo con la Junta Directiva y por las alertas de los entes de control. Cada nueva revelación sobre decisiones internas cuestionables debilitaba la confianza en un presidente que parecía más ocupado en sobrevivir políticamente que en dirigir a Ecopetrol, al punto que hasta la USO exigió su salida, lo que era un preocupante indicativo del desastre, pues cuando el sindicato pide la cabeza de un presidente, es porque la gobernabilidad se ha derrumbado.
La Junta Directiva, que respaldaba a Roa, finalmente reaccionó, aunque no con la transparencia esperada, pues disfrazó el retiro definitivo con vacaciones primero y una licencia no remunerada después. De esta manera, lo que vemos es a un gobierno que no tuvo el valor de proceder con sinceridad y prefirió falsear un hecho que, seguramente, interpretó como una derrota. La empresa más grande de Colombia merecía un desenlace más serio, de manera que no se pusiera más en juego la confianza de los inversionistas.
Es una verdadera lástima que este gobierno haya caído también en la vieja e inaceptable práctica de atornillar en sus sillas a funcionarios de conducta dudosa, solo por el prurito de no entregarle cabezas a la oposición. Por negarle un triunfo político al adversario, se prefiere mantener a un directivo cuestionado hasta que el ambiente se envenena por completo. Esas actitudes equívocas terminan costando más que cualquier derrota política, porque atacan la credibilidad de la institucionalidad y, en este caso, el prestigio de la principal empresa colombiana.
Si un funcionario resulta inconveniente para la empresa y para el país, como fue claramente el caso de Roa, se debe proceder oportunamente y con transparencia; no se puede esperar a que los escándalos se acumulen, a que la Fiscalía impute al directivo y a que el sindicato amenace con paralizar la producción. La gestión de una empresa mixta como Ecopetrol exige determinación y pulcritud ejemplar, y lo que hemos presenciado, en cambio, es un gobierno que prefiere navegar en la tormenta antes que reconocer un error de origen.
Ojalá esta muy lamentable salida en falso del Gobierno Nacional saliente sirva de lección para futuros nombramientos en Ecopetrol, pues el país no puede permitir que sus funcionarios se conviertan en piezas inamovibles, inmunes a las críticas y a las evidencias, y que se lance sobre ellos un manto de impunidad.
La transparencia no solo se promulga con discursos, se demuestra actuando a tiempo, retirando a quien no da la talla, sin esperar a que el daño sea mayor. El Gobierno Nacional ha fallado en esta prueba, y Ecopetrol sigue pagando las consecuencias de una tozudez que nunca tuvo justificación verdadera.
