Publicado por: Editorial
La situación en la vía Bucaramanga - San Gil, en Pescadero, se torna cada día más peligrosa, pues la socavación de la banca por la corriente del río Chicamocha crece en un proceso de erosión continuada, que había sido advertido por expertos y por transportadores durante meses y, frente a esta situación, permitir, como está ocurriendo, que el tráfico siga fluyendo por un solo carril sobre un terreno que se desmorona es una decisión temeraria que pone en riesgo vidas humanas y, además, la integridad de una infraestructura vital para el desarrollo regional.
Lo que hay bajo la vía es un socavón que, de no ser atendido con la celeridad debida, hará que el costo de la reparación sea exponencialmente mayor. La recomendación de los expertos es declarar una ‘Urgencia Manifiesta’ como la herramienta jurídica más ágil para contratar a una empresa especializada que pueda ejecutar, de inmediato, las obras de aseguramiento del terreno, porque el río, además de golpear contra la vía, lo hace contra la burocracia, que no opera con la eficiencia necesaria.
La propuesta de los ingenieros de construir un muro de micropilotes, que podría ejecutarse en un plazo relativamente corto, representa la alternativa más lógica para contener el deslizamiento y proteger el borde de la carretera, pero para esto se necesita una decisión política firme y la asignación inmediata de los recursos financieros, un paso que las autoridades aún no han dado, aunque el tiempo juega en contra y cada día que pasa acerca el momento en que la vía colapse por completo.
Los transportadores que denunciaron esta situación desde octubre del año pasado con protestas y cese de pagos de peajes anunciaron la emergencia, pero no fueron atendidos, causando esto la pérdida de más de 19 mil millones de pesos en el peaje de Pescadero. Este dinero, que debía destinarse al mantenimiento de la vía, no se ha recaudado, creando un círculo vicioso donde la falta de inversión genera más protestas y estas, a su vez, reducen los fondos para la inversión.
La advertencia del magíster en Geotecnia, Jaime Suárez, sobre la posibilidad real de quedarnos sin vía debe considerarse como lo que es: un asunto de máxima importancia. Su análisis, y el de otros expertos, subraya que existe tecnología y capacidad instalada en la región para resolver el problema, pero que el factor crítico es la voluntad política para financiar la intervención y, en este tipo de emergencias, la inacción es la peor decisión.
Es imperativo que las entidades competentes, como el Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, articulen esfuerzos para dar una respuesta integral que combine el aseguramiento de la banca con obras de manejo del cauce del río. El llamado a la acción también se extiende al nuevo Gobierno Nacional, que tiene la responsabilidad de dar continuidad y urgencia a los compromisos pendientes en materia de infraestructura, como se lo han hecho saber todos los líderes del departamento.
