Publicado por: Editorial
La presencia de habitantes de calle en Bucaramanga se ha convertido en una realidad que recurrentemente preocupa a la comunidad y a sus gobernantes, debido a que durante décadas ha sido un fenómeno que se manifiesta especialmente en parques, andenes y esquinas, que crece por épocas y que reclama atención prioritaria, que debería hacerse con un abordaje distinto al que se ha ensayado hasta ahora, pues las respuestas tradicionales han demostrado ser insuficientes para erradicar o siquiera mitigar sus causas profundas.
Ciertamente, la ciudadanía expresa su preocupación al encontrarse a diario con personas en situación de calle, pero esta es una inquietud que no debe derivar en estigmatización ni en exigencias de medidas represivas que solo agravan el problema y lo ocultan temporalmente. La historia reciente demuestra que el simple desplazamiento o la sanción puntual no evitan que las personas regresen a las calles o se trasladen de uno a otro sector, en la misma ciudad.
El fenómeno tiene múltiples causas: la inequidad, la falta de oportunidades y, en muchos casos, el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas son algunas, a las que se suman factores de otra índole, como la migración y la desintegración familiar, que hacen aún más compleja una situación que, como se ve, no admite soluciones simplistas, como reducir esta problemática a una cuestión de orden público o de limpieza urbana, lo cual desconoce la dignidad de estas personas, además de que elude la responsabilidad colectiva e institucional.
La propuesta de un enfoque transversal, humanitario y solidario es el camino más sensato y ético para abordar esta realidad, por cuanto es imprescindible dar apoyo, asistencia y protección a estas personas, garantizando el respeto de sus derechos humanos. Esto implica no solo ofrecer albergue y alimentación, sino también atención médica y psicológica, así como espacios de contención que les devuelvan la confianza en sí mismas y en la sociedad.
Las autoridades locales y nacionales tienen la responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas que prioricen este enfoque, evitando las tentaciones autoritarias que solo generan más exclusión y procurando que la inversión en programas de acompañamiento social sea una medida constante en el tratamiento del problema, que debe complementarse con capacitación para el trabajo, el acceso a empleos formales y el acompañamiento psicosocial como piezas indispensables para combatir la exclusión y la marginalidad, especialmente para quienes logren rehabilitarse.
Los ciudadanos y las comunidades también tienen un papel activo en esta transformación, promoviendo la solidaridad y reemplazando los discursos de odio o criminalización por el concepto de solidaridad como un compromiso constante con la defensa de la vida y la dignidad de todas las personas. Por otra parte, es necesario construir puentes entre la sociedad y las instituciones para crear redes de apoyo que faciliten la identificación temprana de casos y la derivación a los servicios disponibles.
Debemos reconocer con honestidad que la realidad de los habitantes de calle en Bucaramanga refleja nuestras propias fallas como sociedad y como Estado, por lo que ignorarla o tratarla con desdén solo perpetuará el problema y lo hará más complejo. Por eso es necesario, cuanto antes, asumir que la única salida viable es aquella que pone en el centro a la persona y apuesta por su recuperación integral.
Este cambio de concepto sería una expresión de fortaleza y de inteligencia social para resolver un conflicto que nos afecta a todos. El tipo de medidas que se tomen definirá el tipo de ciudad que construiremos para las futuras generaciones; por ello, la decisión debe ser clara hacia un enfoque que combine la asistencia inmediata con oportunidades duraderas, reconociendo que la verdadera seguridad y el bienestar colectivo se logran desde la inclusión y el respeto.
