Críticas a licitación para mejoramiento y construcción de vivienda rural en nueve municipios de Santander por $21.764 millones.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Varias críticas y reparos al proceso licitatorio convocado por la Secretaría de Vivienda de la Gobernación de Santander para contratar la construcción y mejoramiento de viviendas rurales en los municipios de Betulia, El Peñón, San Miguel, Florián, Concepción, Rionegro, Matanza, Palmar y Puente Nacional; un proceso cuyo valor ascendería a los $21.764 millones, se conocieron en las últimas horas.
Además: Unidad Investigativa: El supercontratista de viviendas rurales en Santander
Según las denuncias, existe una serie de requisitos en el pliego de condiciones que puede terminar afectando la libre participación de oferentes en la millonaria licitación que se adjudicará solo unas semanas antes de que comience la campaña de cara a las elecciones del mes de octubre.
Los cuestionamientos
Para Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, requisitos tan específicos que rozan con el direccionamiento, la calificación subjetiva de algunos ítems y la determinación de la administración departamental de adjudicar el contrato de mejoramiento de vivienda en un solo paquete licitatorio, a pesar de que se ejecutará en nueve diferentes municipios, podría terminar restringiendo la pluralidad de oferentes, especialmente de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería.
“La Gobernación de Santander convoca este proceso licitatorio, el VH-LP-23-01, para la construcción de vivienda rural por $21.764 millones, pero para restringir la participación de pequeñas y medianas empresas de ingeniería empaquetó los proyectos en nueve municipios en una sola licitación, favoreciendo a los mega contratistas o quizá a algún ungido. Si hay una sola licitación, se hubiera dividido el proceso en varios grupos con los municipios más cercanos y de pasó permitir la pluralidad de oferentes y darle mayores garantías a los pequeños”, criticó Fernández.
Otro de los puntos del proceso licitatorio que llama la atención del expresidente de la SSI tiene que ver con el pliego de condiciones en el que se exige una experiencia y unos títulos de posgrado de cada uno de los tres directores de obras, que podrían terminar direccionando la licitación.
“Restringe la pluralidad también al solicitar tres directores con dos especializaciones (gerencia de proyectos y geotecnia), el oferente interesado que no cuente con dos directores de obra pero que solo tengan uno de los dos posgrados no podría participar”, agregó el experto.
Así mismo, el veedor cuestionó la intención de la Secretaría de Vivienda departamental de calificar el “plan de calidad”, ya que, desde su concepto, dicha calificación es completamente subjetiva.
“La forma como califica el plan de calidad es subjetivo. Los posibles oferentes no le jalan a ese tipo de procesos porque es muy fácil perder puntos en dichas evaluaciones que son determinantes a la hora de ganar o perder una licitación”, puntualizó.
Lea también: La polémica concesión por 20 años del Parque del Parapente
Todas las garantías
Álex Peralta, secretario de Vivienda departamental desestimó los cuestionamientos del ingeniero Fernández y aseguró que el proceso cuenta con todas las garantías de transparencia y legalidad.
Según el funcionario las advertencias elevadas por el expresidente de la SSI no tienen mayor sustento y por el contrario todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso en mención están enfocados en garantizar que el contrato se ejecute plenamente en los nueve municipios de Santander antes de que termine la administración de Mauricio Aguilar.
“Es un contrato de nueve municipios, tres directores y nueve residentes, es lo mínimo que pedimos, para que cada residente tenga en cada municipio y un director en cada tres municipios. Estamos cumpliendo con todo lo de la Ley, no es para restringir sino para que cumplan para poder controlar debido a la magnitud de este proceso necesitamos brindar todas las garantías para que las obras de las viviendas rurales que se van a construir o mejorar se ejecuten plenamente antes de que acabe la administración del señor gobernador, Mauricio Aguilar”, indicó Peralta, consultado por Vanguardia.
El secretario de Vivienda departamental además aseguró que no se dividió el proceso licitatorio por cada municipio toda vez que “se podrían presentar muchas empresas” y el tiempo no alcanzaría para sacar adelante las nueve licitaciones por separado.
Único oferente
Y es que hasta el año pasado los procesos licitatorios para el mejoramiento y construcción de vivienda rurales en Santander, aunque siempre contaban con el visto bueno de la administración departamental, eran convocados directamente por los municipios en donde se iban a ejecutar los proyectos.
Sin embargo, un reciete informe de la Unidad Investigativa de Vanguardia reveló como en tan solo tres años, un solo contratista logró que le adjudicaran 15 contratos para la construcción de viviendas rurales, en los municipios de Curití, Oiba, Confines, Charalá, Barbosa, San Gil, Onzaga, Valle de San José, Landázuri, Socorro, Villanueva, Suaita, Vélez, Gámbita y Pinchote, que sumadas superan los $24 mil millones.
Obracol, como único oferente en todos los procesos, presentó sus propuestas siempre al margen del presupuesto oficial y pliegos de condiciones idénticos entre los diferentes municipios, a pesar de ser diferentes ordenadores del gasto. Estas son algunas de las presuntas irregularidades contractuales detrás de los supercontratistas de la vivienda rural en el departamento, según expertos consultados por Vanguardia.
Según la revisión hecha por la Unidad Investigativa de este medio, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, en este caso los pliegos de condiciones mediante los cuales se establecieron las reglas y requisitos para habilitar o descalificar a los proponentes, están compuestos por exactamente los mismos requisitos habilitantes en los 15 procesos licitatorios, que coincidentalmente ganó Obracol, entre 2019 y lo corrido del 2022.
Dicha situación habría suscitado que la Gobernación asumiera directamente el liderazgo de los procesos licitatorios para la construcción de vivienda rural en Santander.
“Estos son dineros de regalías que permite que el ejecutor sea el municipio o la Gobernación, sin embargo, yo llegué a la Secretaría de Vivienda en septiembre del año pasado. Eso ya había sucedido y no tengo mayor conocimiento del tema. Pero la idea es que podamos tener un proceso transparente, garantista y que podamos sacar adelante el objeto del contrato al pie de la letra en los nueve municipios antes de terminar el periodo”, agregó a esta redacción en secretario Peralta.
Le puede interesar: Esant, ¿la red alterna en el entramado de corrupción de Richard Aguilar y Edwin Ballesteros?
Según el cronograma del proceso licitatorio publicado en el Secop, hasta la próxima semana se podrán presentar las observaciones al proyecto del pliego de condiciones de la licitación.
Una vez se publiquen los pliegos definitivos, los oferentes interesados en participar tendrán hasta el 30 de abril próximo para presentar sus propuestas.
El 19 de mayo la administración departamental llevará a cabo la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta de la iniciativa.
De ser adjudicada, el 23 de mayo, sería firmado el contrato para el mejoramiento y construcción de vivienda rural en nueve municipios de Santander por valor de $21.764 millones y el cual deberá ser ejecutado en siete meses, es decir, deberá estar listo a más tardar el próximo mes de diciembre.
