Con esta información, Vanguardia le habla a usted o alguno de sus familiares que hayan sido víctimas de desplazamiento, homicidio, desaparición, delitos contra la libertad sexual, tortura, tratos crueles o degradantes, secuestro, acto terrorista –atentado– hostigamiento– combates, lesiones que causaron incapacidad y reclutamiento ilegal de menores.
Santander tiene oficialmente registradas, a la fecha, 218.409 víctimas del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas, RUV. Esas personas tendrían que esperar, en promedio, 46 años para recibir una reparación, según el segundo informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad.
Es decir, que cada víctima santandereana o residente en esta área geográfica, deberá esperar un tiempo casi igual al que lleva el conflicto interno, para que le reconozcan alguno de los cinco beneficios que comprenden la reparación.
Además, el RUV tiene un registro de 261.351 eventos en Santander, que son ocurrencias de hechos victimizantes contra personas, en un lugar, llámese municipio, y una fecha determinada.
Así las cosas, serán casi tres generaciones revictimizadas, mientras obtienen de parte del Estado: la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y / o garantías de no repetición de esos hechos violentos.
La ley señala que, cada víctima accederá a una o varias de estas medidas, dependiendo de los daños sufridos y del tipo de hecho violento que la afectó.
Una víctima del conflicto armado interno es reconocida como tal por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y, tiene derecho a la reparación integral, sin importar si reside en Colombia o en el exterior.
¿Y qué es la reparación integral?
La Unidad para las Víctimas la define como un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos afectados por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y / o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos.
La ley exige que esos hechos hayan ocurrido con ocasión del conflicto armado interno, y que las personas consideradas víctimas hayan sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales.
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La reparación integral intenta reconocer el daño causado, contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida, devolver a la víctima su estatus y la garantía de sus derechos.
Todo depende del sufrimiento particular, de la visión del entorno y del sentido de justicia que cada una de ellas pueda tener, pero siempre para mejorar su nivel de Goce Efectivo de Derechos (GED).
Progresos y retos
El segundo informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), dijo esta semana que, a la fecha, se requieren casi cinco décadas (46 años) “para reparar el número de víctimas” del conflicto armado en el país.
Dos años después de la entrega del Informe Final de la CEV y siete años después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el informe destaca progresos significativos, pero también retos pendientes.
La reparación a las víctimas surgió como uno de los mayores desafíos, con estimaciones que sugieren que se necesitan décadas para completarla.
“Las recomendaciones son una apuesta a futuro y el camino para establecer y fortalecer los diálogos sociales frente a la Colombia en paz”, señaló Marina Gallego, presidenta de la CEV.
Gallego explicó que el informe es “un insumo para las diferentes discusiones relacionadas con los cambios que requiere el país en clave de construcción de paz y no repetición del pasado violento”.
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La frase:
“Este esfuerzo no solo busca documentar los avances, sino también identificar áreas críticas que requieren atención inmediata y continua, para avanzar hacia una Colombia en paz”: Marina Gallego, presidenta de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Principales hallazgos
Núcleo del informe: se centra en áreas fundamentales para consolidar la paz y la justicia en Colombia.
Temas clave que incluye: construcción de paz nacional y territorial, reparación integral a las víctimas del conflicto, expansión democrática y lucha contra el narcotráfico.
Aspectos esenciales que destaca: acceso equitativo a la justicia, erradicación de la impunidad, mejora de las condiciones de seguridad y promoción de una cultura de paz en todas las esferas de la sociedad.
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Para destacar: la estrecha relación entre las problemáticas actuales y las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y subraya la necesidad urgente de difundir los hallazgos y resultados del monitoreo constante.
45 %
De las víctimas del conflicto interno, es decir, 202.293 víctimas, se registraron entre 1995 y 2004, considerada la década con más víctimas en Colombia.
¿Y la paz, qué.?
En cuanto a las políticas de paz, el informe evaluó la implementación de la estrategia de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
Señala que, si bien se observaron algunos avances, es imperativo establecer y aprobar con urgencia un marco jurídico integral, que oriente las negociaciones de paz.
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La falta de un diseño y aprobación completos de este marco, representa “un obstáculo significativo” para el avance del proceso.
Rezagos y avances
A pesar de que la implementación de las recomendaciones sobre derechos de las mujeres y enfoque étnico, siguen rezagados, se observan ciertos avances que requieren refuerzos, para cumplir a cabalidad con las disposiciones del Acuerdo de Paz y los hallazgos de la CEV.
El CSM subrayó la importancia de mantener vigentes las recomendaciones y hallazgos de la Comisión de la Verdad, como guía para abordar los desafíos políticos, económicos y sociales actuales de Colombia.
“Aunque los desafíos continúan siendo grandes, hay motivos para persistir en la esperanza en que las cosas se están moviendo y en que es necesario reconocer dicho movimiento... Nunca los cambios son de golpe, siempre tienen temporalidades y señales que nos indican que hay asuntos en el país que llegaron para quedarse”, dijo Marina Gallego.
