Oficiales y agentes de esta fuerza del Estado denuncian la pérdida paulatina de capacidades y de confianza de las agencias de seguridad extranjeras en sus pares colombianos.
Publicado por: Redacción A.S.
El despido de oficiales expertos, la pérdida de confianza de las agencias homólogas, la destinación cada vez menor de recursos y la politización de las decisiones estratégicas, están diezmando las capacidades de la Inteligencia Militar en Colombia.
La salida del general Óscar Vera del Ejército, uno de los hombres con mayor experiencia y conocimientos en esta materia, fue el último dedo en oprimir una llaga que se ha venido formando desde que a la Casa de Nariño llegó el presidente Gustavo Petro, quien en el pasado denunció persecuciones del aparato de Inteligencia del Estado en su contra.
Vera, de acuerdo con fuentes militares, en sus más de 30 años de carrera “ocupó cargos de comandante en brigadas de inteligencia y estuvo en el Caimi (Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar), con una buena trayectoria, pero salió porque cambiaron la jefatura del Ejército”.
Su renuncia, conocida por la opinión pública esta semana, fue una petición del nuevo comandante de la Institución, el general (r) Luis Emilio Cardozo y, aunque es normal que haya cambios durante un relevo de comandancia, la situación incrementó las preocupaciones en el gremio de la Inteligencia.
Oficiales, suboficiales y contratistas de esta especialidad conversaron con El Colombiano sobre el triste panorama que rodea a la Inteligencia. Solicitaron la protección de su identidad, algunos por temor a despidos y procesos judiciales, y otros por la normatividad que obliga a agentes de inteligencia a guardar silencio durante 30 años después de su retiro.
Barrida de oficiales y agentes
Tras la llegada de Petro a la Presidencia, han salido de las Fuerzas Militares y de Policía más de 200 oficiales, entre retiros forzosos y voluntarios, impactando de manera particular a quienes se dedicaban a la Inteligencia.
Las fuentes explicaron que la salida de personal experimentado afectó al Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia (Cede2), encargado de diseñar los planes estratégicos de esa especialidad en el Ejército.
De igual manera, se han visto afectados el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Caimi) y sus subdivisiones regionales, los Batallones de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Baimi o B2).
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“El problema no es que cambien a la gente, sino que los oficiales que han llegado no son expertos en Inteligencia, venían de otras áreas distintas, de las escuelas y de grupos administrativos. La consigna desde el alto Gobierno fue eliminar a los que habían trabajado en gobiernos de derecha, que porque ellos eran los encargados de las ‘chuzadas’ ilegales”, contó un agente.
“La llegada de nuevos jefes trae consigo también relevos en el cuerpo de suboficiales y soldados de Inteligencia, que son quienes desarrollan las operaciones en el terreno, “porque cada quien llega con su tropa de confianza”, expresó una fuente, lo que está provocando un vacío de prácticas y conocimientos que se refleja en los bajos resultados contra las principales amenazas a la seguridad nacional, como los grupos armados organizados.
“Los agentes de inteligencia están terminando de escoltas, en escuelas, en patrullas de vigilancia o batallones operativos. Es decir, los sacan del sistema de Inteligencia, para suplir otras necesidades. Los Baimi antes tenían hasta 200 integrantes, ahora no son más de 50. Esto generó que muchos pidieran la baja”, narró un suboficial, reiterando que “ahí está la verdadera fractura a la inteligencia”.
Decisiones polémicas
La Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) es el máximo organismo rector de la inteligencia y la contrainteligencia. La integran el Ministro de Defensa y los delegados de esa especialidad del Comando General de las FF.MM., el Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf).
“Hasta 2022 el papel protagónico en las decisiones lo tenían el Ejército y la Armada, y eran de carácter más técnico; ahora el rol principal lo tienen el Ministerio y la DNI, cuyo criterio es más del orden político”, explicó un oficial.
Entre las decisiones estratégicas que terminó avalando la JIC están la suspensión de los bombardeos, la reducción de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y la disminución de las operaciones ofensivas en el terreno, para salvaguardar los diálogos de paz.
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La consecuencia para el orden público ha sido nefasta: se expandieron los grupos criminales, los actos de terrorismo, el reclutamiento forzado y la producción y exportación de cocaína.
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En la DNI se vive una disputa interna de la que poco se habla. La entidad ha tenido dos directores en el actual Gobierno: el filósofo Manuel Casanova y el político Carlos Ramón González, ambos desmovilizados de la guerrilla del M-19, donde conocieron a Petro.
Aunque en sus días de guerrilleros aprendieron tácticas insurgentes, ninguno es experto en seguridad del Estado.
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Casanova, que duró 17 meses en el cargo, tuvo que hacer un curso básico en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia General Ricardo Charry Solano, porque muy poco entendía sobre la información que le estaban reportando y los métodos de trabajo del personal.
Una de sus obsesiones, que al parecer también pretende continuar González, es el acceso a los archivos clasificados del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el antiguo servicio de inteligencia civil, que en su momento se encargó de vigilar los movimientos del M-19 y otras organizaciones clandestinas.
Hay que recordar que el DAS operó entre 1960 y 2012, cuando fue suprimido en medio de múltiples escándalos de corrupción, nexos con paramilitares e interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y políticos de la oposición.
Sus archivos contienen la vida secreta de Colombia, y constan de registros telefónicos, videos, seguimientos, anotaciones, análisis forenses y millones de documentos, que están bajo custodia del Archivo General de la Nación, que depende del Ministerio de Cultura.
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Hasta ahora, según las fuentes, no les ha sido posible acceder a todas las bases de datos, pues están protegidas por la Ley de Inteligencia (1621 de 2013), que exige una orden judicial, el visto bueno de una comisión interinstitucional y la presencia de la Procuraduría, entre otras restricciones.
No obstante, la situación tiene nerviosos a muchos agentes de Inteligencia, que temen ser objeto de persecución y revanchas.
Varias de las funciones internacionales que tenía la Inteligencia Militar han ido pasando a la DNI, cuyo sesgo político ha incidido en el abandono de fuentes y procesos de análisis en países críticos para la geopolítica colombiana, como Nicaragua, Cuba, España y Venezuela.
La desconexión con estas misiones de inteligencia, por ejemplo, facilitó que una estructura de crimen organizado transnacional, como el Tren de Aragua, penetrara la migración venezolana e instalara sus células delictivas de forma permanente en Bogotá, Cúcuta, Ipiales y Aguachica (Cesar).
“Tienen a varios analistas ocupados en descubrir si hay un golpe blando contra el Gobierno. Creo que de ahí viene el interés de sacar a los oficiales de Inteligencia, para evitar un supuesto golpe de Estado que no está sino en la imaginación del Presidente”, recalcó un funcionario.
